El Estado es el principal garante de la vida y de la seguridad de los ciudadanos; así lo expresa la Constitución. Por lo tanto, quienes ejercen los máximos cargos a nivel nacional y local tienen la obligación de tomar todas las acciones necesarias para garantizar la vida, seguridad, honra y bienes de todos los colombianos.
Sin embargo, en Medellín la realidad da muestra de la desidia y abandono institucional. Por ejemplo, durante los primeros 90 días de 2023 se informaron 100 homicidios y 169 denuncias, sabiendo que el subregistro es alto, por atracos realizados a extranjeros. Esto según los datos del Sistema de Seguridad y Convivencia-SISC-.
Mientras tanto, la desastrosa alcaldía de Daniel Quintero sigue manipulando y mintiendo, saca vallas y publicidad comparando las cifras actuales con las de años anteriores a su mandato, buscando cuáles datos son los que “lo favorecen”, pero que distan de la realidad.
La ciudadanía tiene miedo y no existe la menor percepción de seguridad. Solo basta tener como muestra lo que sucedió la semana anterior con la explosión en una papelería en San Joaquín: los videos ciudadanos hablaban de una explosión, de un carro bomba, de un atentado; como si se tratara de esa Medellín de finales de los 80. No es un buen síntoma que la ciudadanía tenga miedo y temor en las calles.
Pero si en Medellín llueve, en Antioquia no escampa. La situación de seguridad es más azarosa que hace 25 años. Varios alcaldes han denunciado reclutamiento forzado de menores de edad; aumento de secuestros, extorsiones y actos de terrorismo. La semana anterior la Policía daba cuenta de la carnetización que están haciendo los grupos armados ilegales en algunos municipios del Norte y Occidente del departamento; sin ir más lejos, hoy en Antioquia hay tres alcaldes despachando desde Medellín porque no tienen garan7zada la seguridad en sus municipios.
¡Y claro, Colombia tampoco es excepción! De acuerdo con las estadísticas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa, solo entre enero-febrero del presente año se registraron 56.731 casos de atracos a personas, frente a 47.905 del 2022, lo que significa un incremento del 18%. Según Indepaz, las masacres ya van en 46 en lo que va del 2023 y desde que Petro asumió el poder, se han asesinado 146 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Por lo anterior es que yo me pregunto, ¿dónde está el liderazgo de la autoridades? Además de contemporizar con los criminales, hacerles “vaca” en Europa, anunciar beneficios y permitir absoluta impunidad, ¿Qué acciones concretas se están tomando para frenar esta escalada de violencia?, o ¿será que <<el cambio>> en vez de brindar seguridad consiste en darle vía libre a los bandidos?
Es cierto, combatir el crimen es un desajo complejo que requiere determinación y convicción. No podemos seguir esperando que los Quintero o los Petro entiendan que ostentan los cargos para hacer cumplir la Constitución, de lo contrario no hay manera que tomen lugar verdaderos cambios que garanticen la seguridad de los colombianos.
Desde estas líneas, desde la calle y por lo que vivo cada día con la comunidad, pido al Gobierno realizar una evaluación crítica de las estrategias implementadas hasta el momento. La ambiciosa e irreal política de la “paz total”, diseñada desde un escritorio de la Casa de Nariño hasta el momento sólo le ha abierto las puertas a la contemporización con los bandidos. Mucha zanahoria y nada de garrote.
Es el momento que desde las oficinas de paz de Gustavo Petro y el alcalde Daniel Quintero asuman su responsabilidad y demuestren un liderazgo firme y comprometido con la ciudadanía. ¿Será mucho pedir?
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