«Esto es una historia que en México se repite todos los días. El promedio de homicidios dolosos en el país es de 82 víctimas diarias”.
Los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquin Césaer Mora Salazar, fueron asesinados en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en el estado de Chihuahua. Junto a ellos también murió Pedro Eliodoro Palma, un guía de turista local.
Los mataron y desaparecieron los cuerpos. Tras un operativo policíaco y militar, horas después la Fiscalía General de Chihuahua anunció que había recuperado los restos de las tres personas en la Sierra Tarahumara.
Esto es una historia que en México se repite todos los días. El promedio de homicidios dolosos en el país es de 82 víctimas diarias, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal.
La reacción inmediata de las autoridades para dar con el asesino de los sacerdotes y el guía de turistas, fue algo que como bien dicen los propios jesuitas, es una consecuencia de la atención mediática que generó este caso.
“Somos conscientes de que, en un país con más de 100 mil personas desaparecidas, el hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de su desaparición, tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de gobierno, refleja una atención intensa”, señaló la Compañía de Jesús en un comunicado.
Pero, “al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que esta acción es poco accesible a la inmensa mayoría de familias cuyos casos no concitan atención pública. La memoria de nuestros hermanos nos obliga a seguir trayendo a la luz esa realidad”.
Y tienen razón, ya que los jesuitas son una organización que tienen mucho poder en México, su influencia es muy amplia en todo el país y su injerencia en el mundo político y académico, también es muy profunda.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció su labor como misioneros que “dedican su vida a ayudar a los débiles», por lo que se comprometió a “ir al fondo» del caso para que «se conozca toda la verdad».
El Papa Francisco también condenó el doble asesinato de los sacerdotes. «Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos, mis hermanos jesuitas, y un laico. Tantos asesinatos en México», dijo.
Pero la reacción social se ha exasperado con estos crímenes. Las críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno federal se multiplican y cada vez hay menos confianza en los “abrazos y no balazos”, la famosa frase con que AMLO defiende su idea de que la violencia genera más violencia.
«La política de seguridad no está sirviendo. Todo lo contrario, el narcotráfico avanza. Estamos solos, abandonados, sometidos a la ley del más fuerte», afirmaron en un comunicado que firmaron los rectores y directores del Sistema Universitario Jesuita.
Además definieron el estado actual del país, como un «Estado fallido» en donde «impera la ley de la selva”.
Los asesinatos de los sacerdotes jesuitas son igual de importantes que todos los demás homicidios, en el contexto de violencia actual en donde algunas cifras contabilizan al menos 418.000 muertos, desde que comenzó la “guerra contra el crimen organizado” en 2006.
A esto hay que sumarles los más de 100.000 desaparecidos con los que vive México. Pero con la muerte de Javier Campos Morales y Joaquin Césaer Mora Salazar, asesinados por un líder del narcotráfico local, con esto se exhibe el poder que estos grupos pueden acumular en ciertas regiones del país, en donde ciertamente las instituciones de justicia y seguridad no existen.
Ya estamos en un punto en donde a pesar de que las cifras oficiales digan que han bajado los delitos de alto impacto, la sensación de inseguridad con la que vivimos los ciudadanos mexicanos, rompe con toda posibilidad de armonía y desarrollo social.
El presidente López Obrador no debe caer en el error (si es que no ha sucedido ya) como lo hicieron los mandatarios anteriores, de creer que su estrategia de seguridad funciona y ha dado buenos resultados. La realidad indica que no es así, que más allá de sus cifras, regiones enteras de todo el territorio mexicano están sometidas a las leyes que imponen los grupos criminales.
Es preocupante que ningún presidente en 16 años, haya podido solucionar el problema de inseguridad, reducir al mínimo los homicidios dolosos o evitar la expansión sin control de los grupos criminales. ¿Será que México es realmente un Estado fallido?
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