¿Es una Constituyente la solución a la crisis colombiana?

¿Necesitamos una nueva constitución política? ¿Es la asamblea constituyente la vía para salir de la crisis política en Colombia? A mi juicio, NO, no necesitamos una nueva constitución política y una constituyente no es el camino más adecuado para salir de la crisis. En esta entrada presento mis razones para sostener lo anterior.

Esto lo expliqué originalmente en un hilo en mi cuenta de Twitter.

 

1/33. Una asamblea constituyente tiene un solo propósito: cambiar la constitución colombiana actual, que es la Constitución Política de 1991. El cambio podría ser parcial o podría ser total, eso no lo sabemos, pues se sabe cómo empieza una constituyente, pero no cómo termina.

2/33. Por lo que acabo de decir, una constituyente tendría sentido si los problemas que aquejan a Colombia se debieran a que nuestra actual constitución fuera una carta política ilegítima y poco garantista. Pero, ¿lo es?

3/ 33. No, tanto si se la mira desde el punto de vista de sus orígenes como desde el punto de vista de sus contenidos, se trata de una constitución producto de la deliberación democrática y sumamente rica en materia de derechos. Procedo a desarrollar mis argumentos.

4/33. ¿Cómo llegamos los colombianos a tener la Constitución Política de 1991? Aunque uno podría remontarse a los orígenes de la república para contar esta historia, les propongo que no nos vayamos tan lejos. Vamos juntos al año 1986, cuando Virgilio Barco llega a la Presidencia.

 
5/33. Barco recibió un país en crisis: la guerra del Estado contra el narcotráfico, simbolizado principalmente por la figura de Pablo Escobar, estaba en pleno auge. Pero ese no era el único problema.
 
 

6/33. A lo anterior se sumaba el enfrentamiento contra las guerrillas, que actuaban de manera ambivalente: a veces parecían dispuestas a negociar, y a veces solo parecían abiertas al camino de las armas.

7/33. Si esto les parece poco, mientras tanto el paramilitarismo mataba a diestra y siniestra, muchas veces con la complacencia de un Estado que ejercía una “ceguera activa” frente al mismo (F. Gutiérrez, 2014). La violencia escalaba y escalaba, y no se sabía cómo frenarla.

8/33. Entre 1986 y 1990 hubo: 19 carros bomba, 250 policías asesinados, miles de militantes de la UP exterminados (Lemaitre, 2016, p. 3), y para 1990 casi la mitad de municipios del país había tenido al menos una masacre (Gutiérrez, 2014, p. 161).

9/33. Es importante resaltar que la violencia no afectaba únicamente a los “ciudadanos de a pie”. La mejor muestra de ello es que entre 1986 y 1990 fueron asesinados cuatro (SÍ, CUATRO, 4) candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

 

10/33. La situación era trágica, pero en 1989 se empieza a vislumbrar una luz de esperanza. De los candidatos presidenciales asesinados, el más popular era el Luis Carlos Galán, una especie de rebelde liberal, que tenía grandes chances de ganar las elecciones en 1990.

11/33. Galán era, para muchos, la principal voz de esperanza para Colombia: integrante del Partido Liberal, un partido tradicional, se había atrevido a denunciar la corrupción y la infiltración de los dineros del narcotráfico incluso dentro de su propio partido.

12/33. Era, además, un gran orador y un tipo supremamente carismático, factores que, junto con su ejemplo moral y su valentía para enfrentarse a los narcos, lo hacían para muchos la gran esperanza para Colombia.

13/33. Lastimosamente, nunca sabremos cómo habría sido una presidencia de Galán, pues el 18 de agosto de 1989 fue asesinado a tiros por sicarios enviados por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.
 
14/33. No fue el primer ni el último candidato presidencial asesinado en estos oscuros años, pero su muerte, al igual que la de Gaitán en 1948, generó una reacción masiva por parte de la sociedad civil colombiana.

15/33. Una generación de jóvenes desencantados con la política y la situación del país lideró un proceso de protesta que, de manera inesperada, terminó generando el cambio constitucional más grande que Colombia ha tenido en los últimos 100 años.

16/33. Es así como llegamos al movimiento de “La Séptima Papeleta” (en adelante 7P). Un grupo de jóvenes, entre los cuales estaban figuras como Catalina Botero y Claudia López, llegaron a la conclusión de que para superar la violencia era necesario dejar atrás la Constitución de 1886.

17/33. Esta Constitución era hija del periodo conocido como la “Hegemonía Conservadora”, y el raciocinio detrás del movimiento de la 7P era este: la Constitución de 1886, además de tener más de 100 años, era sumamente conservadora, poco adecuada para un país moderno y diverso.

18/33. En consecuencia, concluía la 7P, Colombia necesitaba un nuevo contrato social que le permitiera superar la crisis. Y la manera de lograr ese nuevo contrato social era a través de una asamblea constituyente que permitiera la elaboración de una nueva constitución.

19/33. Era más fácil decirlo que hacerlo: el camino para convocar a una constituyente era sumamente difícil. Y esto por una razón muy simple: a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la única forma que había de reformar la Constitución era a través del Congreso.

20/33. No existía la posibilidad de reformarla a través de un referendo, y menos aún de celebrar una asamblea constituyente. Insisto: la única vía constitucionalmente viable para reformar la Constitución era a través del Congreso, así que la convocatoria parecía un imposible.

21/33. ¿Cómo salir de este laberinto? A los líderes de la 7P se les ocurrió lo siguiente: la convocatoria a una asamblea constituyente era jurídicamente inviable, eso era sabido.

22/33. Pero, en últimas, también se sabía que la realización de una asamblea constituyente, más que un hecho jurídico, es un hecho político mediante el cual se busca refundar el derecho existente.

23/33. Era necesario crear un hecho político de tal magnitud que forzara al país a aceptar que si bien constitucionalmente no podía justificarse la realización de una constituyente, sí era posible legitimarla argumentando que se trataba de una necesidad supra-constitucional.

24/33. El 11 de marzo había elecciones, y en esa época la gente votaba con “papeletas”. En esas elecciones se podían introducir 6 papeletas: Senado, Cámara, Asambleas, Concejos, Alcaldes y Consulta Liberal. Desde la 7P se repartió una 7ma papeleta, pidiendo constituyente.

25/33. Esto votos no se podían contar oficialmente, pero se estima que superaron el millón a favor. Barco dio un empujón a la iniciativa expidiendo un decreto de Estado de sitio en el cual se estableció que en las elecciones presidenciales se contarían votos de la constituyente.

26/33. En marzo, en las presidenciales, 5.236.863 votos se emitieron a favor de la convocatoria a una constituyente, lo que representaba el 88% del total de votantes. El hecho político “supra-constitucional” había tomado una fuerza inesperada.

27/33. Este hecho político le sirvió de fundamento jurídico y político al gobierno, ya en cabeza de César Gaviria, para dictar el Decreto 1926, que estableció al 9 de diciembre como fecha para la elección de delegatarios de la constituyente.

28/33. El impulso creció cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que la Constituyente podía no solo reformar algunos aspectos puntuales de la Constitución, como estaba establecido en el Decreto 1926, sino que tenía vía libre para hacer una nueva Constitución Política.

29/33. Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente se celebraron el 9 de diciembre de 1990. Y aunque tuvo una votación mucho menor de lo esperada, destacó la composición sumamente pluralista de la Constituyente, que muestro aquí.

30/33. Esta composición pluralista llevó a que ninguna fuerza política pudiera imponerse por encima de las demás, por lo cual la Constitución de 1991 fue, necesariamente, producto de la negociación política y, al menos parcialmente, del consenso deliberativo.

 

31/33. Es precisamente por este carácter pluralista de la Constitución de 1991 que considero que esta cuenta con una legitimidad con la cual no contaron las previas constituciones de Colombia, que usualmente eran producto de la imposición de un bando ganador.

32/33. Y en lo que se refiere a su contenido se trata de una constitución progresista, que apuesta por una fórmula de Estado social de derecho, un denso catálogo de derechos, el reconocimiento de derechos especiales a grupos discriminados y la democracia participativa.

 
 

33/33. Es cierto que falta mucho por hacer para desarrollar plenamente la promesa constitucional plasmada en la Constitución de 1991. Pero precisamente por lo anterior pienso que es necesario exigir el cumplimiento de la Constitución de 1991, y no demandar su cambio por una nueva.

Espero que este hilo les haya gustado. Aquí les dejo algunas referencias por si quieren leer más del tema.

 
Fuente: https://www.alejandrocortes.biz/post/es-una-constituyente-la-soluci%C3%B3n-a-la-crisis-colombiana

Alejandro Cortés-Arbeláez

Profesor. Politólogo de la Universidad EAFIT y Magíster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Entre la teoría constitucional, la filosofía política y las políticas públicas.

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