“Sin embargo, pasados dos años del inicio de su gobierno, Iván Duque se puede calificar como uno de los peores presidente de la república en las últimas tres décadas. Los resultados han sido desastrosos, tenemos una sociedad más dividida y donde cada día la ciudadanía pierde más confianza en sus instituciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaron a este punto él y su partido?”
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En el año 2018 un observador desprevenido hubiese considerado la llegada de Iván Duque al Gobierno Nacional como una situación conveniente para una democracia como la colombiana. No sólo se trataba de un gobernante joven, lo que le permitía gozar de una conexión importante con un amplio sector de los colombianos, sino que parecía representar unas mayorías contundentes de la ciudadanía que venían en claro crecimiento desde el fallido plebiscito del Acuerdo Final. Esto último, además, permitía prever una recuperación de los niveles de favorabilidad en la figura del presidente de la república y por tanto una mejora sustantiva en la gobernabilidad y la gobernanza del país.
Sin embargo, pasados dos años del inicio de su gobierno, Iván Duque se puede calificar como uno de los peores presidente de la república en las últimas tres décadas. Los resultados han sido desastrosos, tenemos una sociedad más dividida y donde cada día la ciudadanía pierde más confianza en sus instituciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaron a este punto él y su partido? En este artículo se exponen algunas equivocaciones que sirven, a su vez, para ayudar en la comprensión de este fenómeno.
En primer lugar, el gobierno de Iván Duque no ha hecho mayores esfuerzos para superar la disputa electoral. Su lenguaje y su modo de relacionamiento con la sociedad y la clase política continúan enrarecidos por lo que fueron las estrategias y tácticas de una de las elecciones más polarizadas de la historia. Es decir, el Gobierno Nacional se ha convertido en un portavoz del Partido Centro Democrático y no del pueblo. Es una expresión del ejecutivo que se preocupa por mediar en un litigio partidista que no sólo se encuentra fuera de lugar, sino que le ha impedido sentar las bases de su modelo de unidad nacional: Un futuro para todos.
En segundo lugar, el gobierno de Iván Duque no cumplió su promesa de no convertirse en un obstáculo para la implementación del Acuerdo Final. Son numerosos los hechos que demuestran esta afirmación.
Piénsese, por ejemplo, en las objeciones presentadas a la Ley Estatutaria que reglamenta las funciones de la JEP, o en el desmonte del protagonismo que traía la política de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos estimulada por el Proceso de Paz, o en el bajo compromiso del ejecutivo en el impulso de las reformas constitucionales necesarias para garantizar el cumplimiento de la representación prometida por el Acuerdo en la Cámara de Representantes a las víctimas y habitantes de los territorios más afectados por la violencia, o en la baja cantidad de recursos económicos comprometidos para la financiación de proyectos productivos que acompañen y garanticen la reintegración efectiva de los firmantes de la paz, y, finalmente, en el peor de todos los incumplimientos, la desidia en la protección de la vida de los excombatientes de las FARC y sus familias que ya suma cientos de muertos en el país.
Ahora bien, demostrado este incumplimiento el lector podrá pensar que el mismo no afecta directamente al gobierno de Iván Duque. Sin embargo, se puede sostener que la raíz de algunos de los males del gobierno se encuentra precisamente aquí. Al respecto, téngase en cuenta que la condición necesaria para avanzar en la construcción de un rasgo unitario del gobierno en la sociedad, era precisamente acercar al contrario político electoral y ha sido este incumplimiento uno de los factores que ha impedido este acercamiento. Por ejemplo, las objeciones presentadas a la Ley Estatutaria de la JEP, representan un acto audaz del Gobierno que impidió tempranamente la llegada de sectores políticos tradicionales del Congreso de la República a las mayorías que el gobierno y el partido de gobierno controlan en este escenario.
En tercer lugar, atado a lo anterior, hizo carrera en el gobierno de Iván Duque incumplir algunas de sus promesas electorales más sonadas. Piénsese, por ejemplo, en la prohibición del fracking durante su gobierno, o en aquel compromiso que aseguraba el no incremento de los impuestos para los colombianos. Decisiones que han caído muy mal en la opinión pública deteriorando la imagen de un gobernante joven capaz de oxigenar la política colombiana y reduciendo su perfil al político tradicional y desgastado que engaña a la ciudadanía para alcanzar el poder.
En cuarto lugar, el gobierno de Iván Duque no ha conseguido contener la protesta social. Por el contrario, esta parece aumentar con el paso de los años y sólo se ha visto aminorada en los últimos meses a razón del aislamiento necesario para contener el avance del COVID-19 en el país. La última parte del año 2019 y la primera del 2020 son el mejor ejemplo de ello. A la jornada de paro nacional convocada por el Comité Nacional de Paro, se sumaron millones de colombianos en todo el país y el número de los episodios de protesta creció con un efecto de bola de nieve que no tiene antecedentes en la historia política del país.
En quinto lugar, el gobierno de Iván Duque ha sido condescendiente con las violaciones a los Derechos Humanos por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública. Esto, dejando de mencionar los casos tan delicados de corrupción al interior de la Fuerzas Militares que han sido conocidos por la opinión pública en los últimos meses, y que han sido denunciados por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.
Volviendo a las situaciones de violación a los Derechos Humanos, en efecto, las voces del ejecutivo han intentando minimizar, ignorar o evadir algunos de los casos más graves de violaciones a los Derechos Humanos que han sucedido en la historia del Ejército Nacional y la Policía Nacional, está última, especialmente afectada con la actuación de su Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.
Piénsese, por ejemplo, en el caso de Dimar Torres, un crimen que intento ser ocultado por el gobierno desde su más altos niveles, o en el caso del bombardeo de los niños en el Caquetá, un crimen que el gobierno desde sus más altos niveles oculto al propio Congreso de la República, o en el caso del asesinato de Dylan Cruz, por el cual no se conoce aún una solicitud de perdón a sus familiares por parte de las autoridades.
Pero, sin lugar a dudas, el caso más delicado y que mayor indignación ha causado en el país es claramente el de una niña indígena de la comunidad Emberá Chamí que fue violada por siete soldados en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico en Risaralda. Un caso que el presidente de la república prefiere no mencionar y sobre el que ha guardado un silencio conveniente. Una prueba de ello se evidencia en su alocución para conmemorar el día del Ejército Nacional, el pasado 7 agosto, en la que abundan los elogios tanto al Ejército Nacional como a su gobierno y se guarda silencio frente al deshonor militar que rodea estos hechos.
Y, finalmente, en sexto lugar, el gobierno de Iván Duque ha realizado una pésima gestión respecto a las realidades sociales, políticas y económicas impuestas por el COVID-19. Sumado a una precaria política social real que brinde un salvavidas a miles de empresarios de la quiebra y millones de colombianos del hambre, se encuentra la decisión de apoyar a los más ricos de los ricos. Una decisión a todas luces torpe que ha expuesto al contagio a miles de colombianos. Piénsese, por ejemplo, lo que significa destinar cuantiosos recursos monetarios para brindar garantías al sistema financiero y pocos para apoyar las nóminas de miles de empresas productivas, comerciales y de servicios.
Son estos algunos de los comportamientos que permiten explicar porque se ha desvirtuado la figura de un presidente que alcanzó construir una esperanza de transformación positiva de la realidad política en millones de colombianos, y hoy conduce su proyecto político hacia el ocaso.
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