La marihuana o Cannabis, es considerada la droga ilegal más consumida en el mundo. Su regulación como mercado para el consumo recreativo, es un tema de alta controversia, que precisamente por estos días vuelve a ponerse en la mesa de discusión, con la reciente decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, de condicionar el accionar de la Policía frente a la medida de decomiso de estas sustancias, que ahora solo se podrá hacer cuando se compruebe que la droga está siendo comercializada.
La Corte Constitucional también se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de quienes consumen estas sustancias. Con la Sentencia hito C-221 de 1994, declara inexequible las sanciones que se imponían a los consumidores hasta de la misma dosis personal, en el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Luego a través de la Sentencia C-491 de 2012, despenaliza el porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética; y con la reciente Sentencia C-253 de 2019, elimina la prohibición de consumir sustancias alcohólicas y psicoactivas en parques y espacios públicos, que el Código Nacional de Policía y Convivencia había establecido.
Frente a la decisión tomada esta semana, recordemos que a los pocos meses de la posesión de Duque, sus Ministros de Interior; Justicia y del Derecho; y de Defensa, presentaron el Decreto 1844 de 2018, el cual modificó el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas. De esta forma, el actual gobierno nacional, mostró su postura frente al tema, reflejando claramente su diferencia con el anterior gobierno, e intensificando el tono represivo y criminalizador, frente a un fenómeno que se ha enfrentado bajo políticas que han resultado ser una guerra perdida desde el enfoque prohibicionista, tal como lo dijo la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, en la Declaración de 2009, “Drogas y Democracia: hacia un cambio de paradigma y hoy”.
Asimismo, lo dijo este año la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), en su informe: “La aplicación de las leyes de drogas, un nuevo enfoque en las élites de la delincuencia organizada”; recomendando a los Estados “reconocer las consecuencias negativas de los enfoques represivos de aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que la prohibición forja y fortalece a las organizaciones delictivas” (CGPD, 2020, p. 6)[1].
Sin embargo, es claro que el panorama para lograr un cambio en las políticas sobre el cannabis y frente al consumo recreativo de drogas en general, es muy desafiante, teniendo en cuenta además que en la sociedad persisten muchos prejuicios para dar ese paso. Justamente, una reciente encuesta de Gallup Colombia S.A.S (2019)[2], reveló que el 72% de los encuestados, está en desacuerdo con legalizar el tráfico y el consumo de drogas en el país.
Lo que sugiero que reflexionen las personas que aún no son conscientes de la necesidad de cambiar estos enfoques, es que por el camino de la prohibición seguiremos girando en el mismo círculo vicioso. Entiendan que la idea es regular un mercado, así como está regulado el consumo del tabaco y el alcohol, los cuales son considerados consumos mucho más problemáticos y adictivos, que el cannabis, que ni siquiera alcanza a producir muertes por sobredosis en sus consumidores.
Avanzar hacia un enfoque de derechos, de salud pública y migración del daño, sería una posible ruta para superar muchas de las problemáticas que trae consigo la no regulación: muertes; conflictos por el territorio y el control del mercado; mala calidad y adulteración de la sustancia; populismo punitivo y abusos policiales; entre otras problemáticas, que sobre todo afectan a los eslabones más bajos y vulnerables de la cadena, expendedores, cultivadores y consumidores.
En hora buena entonces la decisión del Consejo de Estado, que se suma a la lista de providencias que se han dado en ese mismo sentido de defender los derechos a la dosis mínima, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad y la dignidad humana. Y esperemos que las iniciativas de Senadores como Katherine Miranda y Gustavo Bolívar de regular este mercado del cannabis para su uso recreativo; y la iniciativa de los Senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia, de regular la cocaína, puedan salir adelante y se logre avanzar en la construcción de un régimen alternativo al régimen internacional de control y prohibición de las drogas, que impera en la actualidad.
[1] Comisión Global de Política de Drogas – CGPD (2020) Informe: la aplicación de las leyes de drogas un nuevo enfoque en las élites de la delincuencia organizada. Obtenido de: https://www.elespectador.com/sites/default/files/pdf-file/esp_2020.pdf
[2] Gallup Colombia S.A.S. (2019) Encuesta Gallup Poll Febrero 2019. Recuperado de: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/03/07181304/017100190000-GALLUP-POLL-129.pdf
Comentar