“Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”, decía Séneca hace ya unos cuantos siglos. Y aun hoy, sigue siendo así. Colombia no sufre de justicia tardía, sufre de injusticia. Una situación generalizada de imposibilidad de acceso a la justicia que se ha normalizado y casi que justificado de muchas maneras. Una de ellas, la mora judicial.
“¡Jorge Rodríguez… Jorge Rodríguez!” dice con voz parroquial una señora sentada en un improvisado pasillo modular, mientras lee, de un pedacito de papel arrugado, el nombre que repetirá tres o cuatro veces a través de un viejo micrófono descompuesto, antes de pasar al nombre del siguiente afortunado que, luego de una hora o más, podrá finalmente consultar el expediente judicial de su caso.
En la época de la revolución digital, de la inteligencia artificial, la robotización, (sin ir tan lejos) de los correos electrónicos; el acceso a la justicia en Colombia pasa por pedacitos de papel arrugados, micrófonos descompuestos y funcionarios a los que se les paga, fundamentalmente, por saber leer en voz alta.
Esa es la foto de la administración de justicia en Colombia. Una justicia que por años se ha resistido a la modernización y que sigue “funcionando” con total apatía a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que la rodean y que la requieren.
Desde la gestión procesal y documental, pasando por la práctica de audiencias, hasta el simple intercambio de comunicaciones, la administración de justicia se encuentra asfixiada en formalidades y procedimientos anacrónicos e innecesarios que encarecen y entorpecen su labor.
La consecuencia de esto no es menor. Colombia, junto con Guatemala, tiene el peor índice en resolución de conflictos de todo el continente americano, solo comparable con algunos países de Asia Meridional y África Subsahariana[1].
En promedio, 1.288 días debe esperar un ciudadano para tener una respuesta efectiva a la protección de sus derechos[2]. Si es que ello ocurre, pues cada vez son más los escándalos de corrupción que salpican a la rama judicial y que plantean serias preocupaciones, ya no solo frente a la demora de las decisiones, sino frente a la calidad de las mismas. Pero eso es harina de otro saco.
“Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”, decía Séneca hace ya unos cuantos siglos. Y aún hoy, sigue siendo así. Colombia no sufre de justicia tardía, sufre de injusticia. Una situación generalizada de imposibilidad de acceso a la justicia que se ha normalizado y casi que justificado de muchas maneras. Una de ellas, la mora judicial.
La mora judicial, que la propia Corte Constitucional ha definido “como un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”[3].
Aunque parcialmente acertado, el uso que se le ha dado a la noción de mora judicial es nefasto para la protección de los derechos de los ciudadanos. Principalmente, porque se ha utilizado para acuñar la idea de la mora judicial justificada, habilitando a la Rama Judicial a escudar su inoperancia en la congestión judicial o el volumen de trabajo de sus funcionarios. Un ejercicio hermenéutico que termina sugiriendo que esta situación generalizada de justicia tardía, de injusticia, sí se puede justificar.
Nadie podría negar que los funcionarios judiciales están hundidos en cargas sobrehumanas de trabajo, que no cuentan con herramientas apropiadas para cumplir sus funciones ni con recursos suficientes para adquirirlas. Ni tampoco que estas sean, en efecto, causas de la llamada mora judicial. No obstante, aunque la falta de recursos y el exceso de trabajo explican en medida el problema, no deberían usarse para normalizar y justificar lo injustificable.
Más y mejores recursos son necesarios. Sin embargo, superar esta situación de inoperancia judicial exige respuestas mucho más audaces y complejas. Piénsese que más recursos, pero mal administrados e inadecuadamente ejecutados, tampoco representarán una solución a los problemas de la justicia.
Se necesita mayor creatividad, innovación y eficiencia en la gestión de los recursos de la Rama Judicial y esto implica cambios de paradigmas que no son legales ni presupuestales. Son institucionales, de diseño y de cultura organizacional y son posibles ya.
Ejemplos hay, en la propia rama judicial. El Juzgado Promiscuo de Puerto Rico – Caquetá es, por ejemplo, una historia de éxito. Un pequeño juzgado que, sin muchos recursos, desde hace ya 8 años empezó a migrar hacia la virtualidad, usando herramientas digitales simples para reemplazar el papel e implementando estrategias innovadoras de gerencia de proyectos para aumentar la eficiencia en los procesos internos del despacho. Hoy por hoy, es el primer juzgado fundamentalmente virtual del país y uno de los pocos que no se vio afectado por la parálisis generada por la crisis sanitaria[4].
Esta es la prueba inequívoca de que la ausencia de recursos no tiene por qué ser siempre una talanquera para el acceso a la justicia y de que la mora judicial no tiene por qué simplemente justificarse.
Otros pasos al interior de la Rama empiezan a darse, incluso en las altas Cortes que han habilitado radicaciones de ciertos tipos de procesos por correo electrónico[5]. Sin embargo, estos no dejan de ser esfuerzos aislados que dependen de la acuciosidad de cada despacho y del juez de turno.
Las herramientas para modernizar la justicia están, tanto tecnológicas como humanas. Los primeros pasos pueden darse y ejemplos hay. Falta gestión y determinación hacia el cambio.
Todos los colombianos hemos tenido que adecuarnos, “reinventarnos” ante los cambios que ha supuesto la actual crisis sanitaria global, para no quedarnos paralizados. El país entero se está adaptando para subsistir y la Administración de Justicia no debe ser ajena a ello.
En tiempos de crisis, donde los derechos de tantos se ven más fragilizados y susceptibles de vulneración, donde los incumplimientos en las relaciones económicas abundan, el acceso a la justicia es indispensable para evitar la desintegración social, la justicia por mano propia y la inestabilidad económica.
La respuesta de la Administración de Justicia no puede ser parar, el país necesita de esta función a cargo del Estado más que nunca. No más justificación, no más excusas. La Justicia tiene que adaptarse, como lo hemos hecho todos, y tiene que hacerlo ya.
[1] https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/enforcing-contracts
[2] https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/enforcing-contracts
[3] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-186-17.htm#:~:text=Se%20defini%C3%B3%20la%20mora%20judicial,funcionarios%20a%20cuyo%20cargo%20se
[4] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/juzgado-en-caqueta-que-lleva-procesos-completamente-de-forma-digital-498680
[5] http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/03/27/sala-de-casacion-civil-tramita-tutelas-formuladas-por-correo-electronico/
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