El panorama para Colombia y la mayoría de países de ALCA (por no decir todos), ha sido, desde la llegada del Covid-19 al continente, propio al de una tragicomedia griega, en el que ha habido lugar a la parodia y el sarcasmo, en el accionar de países como México, cuyo Jefe de Estado encomienda su tierra a estampitas de protección que carga en su billetera; o Nicaragua que cita al pueblo entero a marchar (aglomeradamente) en contra del Covid-19; y en el que ha habido lugar al drama y el dilema, en el accionar de países como El Salvador y Colombia, que han importado modelos de contención del virus. De países tan distantes económica y culturalmente a los nuestros, como lo son los europeos. Pero más allá de esto, el panorama para éstos ha tenido un común denominador: la baja capacidad institucional, presupuestal y estratégica para enfrentar la pandemia.
Más allá de hacer una crítica destructiva a las acciones públicas tomadas frente a esta contingencia, pues el Gobierno colombiano, del cual se debe destacar la labor de los mandatarios locales, ha sido puesto de ejemplo y elogiado por la comunidad internacional, al ser uno de los primeros países en responder de manera oportuna y rápida para evitar la inminente propagación del virus Covid-19 en su territorio. Quisiera poner sobre la mesa el panorama al que se enfrenta hoy Colombia, ad portas de terminar una cuarentena sin poder superar la fase de contención del virus (así medios y fuentes oficiales citen lo contrario).
Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, tras destinar recursos por $14,8 billones para armar el primer paquete de medidas económicas y sociales para atender la crisis generada por la pandemia del Covid-19, a tan sólo una semana de terminar el primer ciclo de aislamiento obligatorio en el país, la incertidumbre y el panorama sigue siendo desalentador.
Como bien lo dije en líneas precedentes, los países latinoamericanos que trajeron a su praxis política medidas ordenadas por la OMS y buenas prácticas recomendadas por los Estados europeos, las cuales se sintetizaban en dos grandes líneas: 1) ordenar el distanciamiento social y el aislamiento obligatorio de los ciudadanos (salvo algunas excepciones); e 2) invertir fuertemente en el mejoramiento del sistema sanitario (para hacerle frente a los casos más severos; y –más importante- para acelerar las líneas de diagnostico), se vieron abocados, como en el caso del Gobierno colombiano, debido al mal manejo histórico de los recursos públicos, materializados en los grandes índices de corrupción; en los niveles de pobreza, que para el 2018 continuaban en un 27% (es decir, 27:100 colombianos son pobres); en el alto índice de desempleo o empleos informales, personas que “viven del diario; a atender y destinar los recursos de la contingencia en alivios económicos y ayudas humanitarias para la población más vulnerable; dejando de lado, lo que estaba en un segundo orden, pero no era menos importante: invertir en el mejoramiento de nuestro sistema de salud.
Bien lo dijo la mujer que ostenta el segundo cargo público más importante del país, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “no veo las condiciones para levantar la cuarentena”. Hoy, en Colombia están reportados cerca de 1.500 casos de contagio por el Covid-19, 35 personas han perdido la vida a causa del mismo, sin embargo, no es un secreto para nadie, que detrás de estas cifras, pueden haber miles de personas más que están padeciendo la enfermedad y que debido a la baja capacidad diagnóstica en el país, no por negligencia medica sino por la baja capacidad instalada. Sabemos que hay un sinnúmero de resultados represados, falsos negativos, que imposibilitan 1) conocer la cifra real, o bien la más aproximada, de contagios en el país, lo cual conlleva a 2) no poder hacer un rastreo epidemiológico veraz y oportuno, lo que a su vez se traduce 3) en cientos de contagios más; contagios que verán reflejadas su sintomatología en dos semanas. Semanas en las que se supone, deberíamos estar adoptando lo que un profesor israelí ha denominado “aislamiento inteligente”, que consiste en ir liberando de a poco algunos sectores de la economía, llevarlos luego al aislamiento; liberar a otro sector, llevarlo al aislamiento y así sucesivamente.
Pero hoy Colombia, no tiene la capacidad de adoptar esta medida, porque con ella iría asumir el riesgo de un crecimiento acelerado en la curva de contagios, que se tiene estimado llegará a su pico para los primeros días del mes de junio, para lo cual su sistema de salud no está preparado, y ni creo que vaya a estarlo. Si se tiene en cuenta que de este primer paquete de ayudas económicas para la contingencia, sólo un pequeño porcentaje se destinó a este objetivo. Pero su sistema económico tampoco tiene la capacidad de aguantar otros 30 días de aislamiento (como lo han recomendado cuerpos médicos y científicos). Sólo por poner sobre la mesa unas variables, si se tiene en cuenta que 5,78 millones de personas tienen empleos informales, 27% de los colombianos viven en la pobreza, las pymes representan cerca del 40% del PIB nacional y otro porcentaje significativo de colombianos se desempeñan como independientes, las consecuencias de una continua desactivación de la economía, serían catastróficas.
Dicho esto, queda una pregunta, que me atrevo a sostener, circula en los Consejos de Gabinete del Gobierno: ¿morir de hambre o morir por Covid-19?
