Es normal que te transportes a tú infancia cuando escuches esta frase. Seguramente recordarás que es parte de una canción que solías escuchar, cuando apenas empezabas a ser consciente de tú entorno. Ahora ya eres consciente, y te acompaña la experiencia, te das cuenta que no era una fantasía, que en verdad forma parte de la realidad colombiana. Una donde licencias ilegales, fallas geológicas, y diseños irregulares son la génesis de obras inconclusas, puentes que se caen, o nunca se ponen de pie. En especial en aquellas zonas rurales, donde el «Estado» no ha estado presente y el conflicto armado y la corrupción eran la ley, casi en mímesis con la naturaleza. Previa la firma de los acuerdos de paz.
Resulta inverosímil pensar que existan quienes se regodeen de la usurpación de los dineros públicos, máxime cuando excluyen a la población más vulnerable de romper con ese estigma marcado en la frente, limitando su acceso al derecho fundamental de la Educación.
El puente de la Hamaca, es la écfrasis de lo que significa el abandono del Estado, y su impacto sobre la población vulnerable, cuyas juventudes se las arreglan a diario para atravesar el río Nuevo Presidente, usando balsas improvisadas, con la ensoñación de capacitarse y así algún día salir de la pobreza extrema.
Fue hace ya una década, cuando Laura, una inocente criatura de 6 años de edad, quien jugaba con júbilo en las riberas del río, perdiera su vida contra las fauces de un imponente caimán de casi 4 metros de largo. Ese momento marcó un hito, haciendo un primer llamado de atención, que hoy hace eco, luego de varias acciones legales de Juan Gabriel, Personero de Sardinata, resultando en la sentencia T-209 de 2019 de la Corte Constitucional quien amparada en el Derecho a la Educación ordenó a la Alcaldía y la Gobernación, cooperar para la construcción del anhelado y demandado puente que reemplazara al «quebrado», que alguna vez funcionó, mediante la apropiación de 280 millones de pesos en cooperación de ambas entidades, en lo que se denominó «interacción significativa» según indicó el magistrado Carlos Bernal.
Puede que para algunos sea absurdo pensar que se pueda vivir en un lugar donde habiten caimanes en las inmediaciones. Otros incluso llegarán a pensar que es culpa de quienes allí habitan por no haber nacido en otro lugar, o cambiado de residencia. Sin embargo, cuando entendimos que había una Colombia Rural, donde además existía conflicto armado y los dineros públicos terminaban en manos de unos pocos, cobra sentido pensar que lo único que le queda a esta población es sobrevivir, mientras luchan por salir adelante, por tener oportunidades y que Colombia los mire, no con desdén, sino con esperanza.
