Apenas 15 días de gobierno han servido para advertir que Duque y sus ministros están improvisando y dando palos de ciego. No es fortuito que hoy las encuestas muestren que la imagen del novel mandatario ha caído al 41 % y seguirá descendiendo cuando el Gobierno presente el atroz proyecto de reforma tributaria con el que el ministro de Hacienda, el alcabalero neoliberal a ultranza Alberto Carrasquilla, pretende que para proteger a las clases más desfavorecidas se les grave con IVA la canasta familiar.
Lo que nos ha tocado presenciar esta semana es alarmante: el jefe de Estado descalificando el fallo del Consejo de Estado que condenó patrimonialmente a la Nación por el atentado al Club El Nogal, porque el gobierno de turno contribuyó a crear riesgo a sus usuarios y no tomó las medidas de protección a pesar de que tenía noticias de que algo se tramaba contra esa segunda “Casa de Nari”, como con fortuna la ha denominado la vocera de las víctimas de ese pavoroso atentado perpetrado por las Farc.
Conocido el sentido del fallo, y a lo mejor sin haberlo leído y digerido, Duque “con mucho respeto” lo tildó de desequilibrado e incongruente, alegando que el Estado no podía gastarse la plata de los impuestos pagando indemnizaciones por actos terroristas. ¡Qué irresponsabilidad! O Duque no leyó la decisión que cuestionó, o no la entendió, o definitivamente lo suyo no es el derecho ni el respeto a las otras ramas del poder público, o, como lo creo, todas las anteriores.
Por supuesto que nadie sensato quiere que con el dinero de los contribuyentes se paguen las indemnizaciones de los daños causados por las Farc, pero no fue eso lo que sentenció el Consejo Estado, sino la irresponsabilidad de un gobierno que a sabiendas de que el conflicto interno se radicalizaba, hizo de un club social una sede alterna del Ejecutivo, donde el temido e indelicado ministro del Interior de la época, el Héroe de Invercolsa, Fernando Londoño, convocaba reuniones de todos los pelambres, mientras que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, de cuando en cuando pernoctaba en ese sitio.
Lo que parece deducirse de la destemplada reacción de Duque ante la condena de la Nación por el atentado del Nogal, es que su verdadera intención no fue la de proteger el erario, sino defender al gobierno de la seguridad democrática y dos de sus ministros, uno de los cuales es hoy su vicepresidente. Estos son los responsables de la situación en que colocaron a civiles indefensos y de que no hubiesen contado con protección eficaz, cuando se sabía que era probable un ataque terrorista.
Resulta incomprensible que el mandatario, que en la misma semana conminó a miembros de la fuerza pública para que no bajen la guardia contra la delincuencia, ahora haya cambiado de discurso ante esta sentencia del Consejo de Estado que enjuicia a sus aliados y amigotes de aventura política. En efecto, con ocasión de este fallo Duque debió haber arengado a las tropas y a los servidores públicos para que en el futuro no trasladen riesgos innecesarios a la inerme población civil, y para que ante amenazas de ataques les ofrezcan segura protección. Pero no lo hizo y no lo hará, porque en el talante de su gobierno pesan más Uribe, la vicepresidente y el exministro Londoño, que las decisiones del Consejo de Estado, sobre todo cuando se trata de juzgar el cuatrienio y los ministros de su “presidente eterno”.
El incongruente no fue el fallo del Consejo de Estado, sino el cuestionamiento demagógico y desinformado de Duque a esa decisión. Si esa es la forma de respetar a las cortes, mejor dicho, que entre el diablo y escoja. Y a todas estas, ¿dónde están esa multitud de asesores que fueron nombrados a la manera de un gabinete alterno? No hubo uno solo que lo previniera de tan garrafal y afrentoso error.
Adenda No 1. Anula la Corte Constitucional su fallo que había prohibido las corridas de toros y otros espectáculos sangrientos, porque consideró que eso no era competencia suya sino del Congreso. Preocupante precedente, porque con ese argumento podrían invalidarse muchas otras sentencias de similar calado.
Adenda No 2. Pase lo que pase, hay que votar la consulta anticorrupción.
