Jose Alfonso Vaca Perilla Y Campo Elías Vaca Perilla, tienen algo más en común que los apellidos. Además del vínculo consanguíneo, ambos han contado con una inusitada capacidad de reinvención. Juntos, han borrado las máculas del pasado y se han transfigurado en el sector público.
Las metamorfosis de la parentela son rastreables en mamotréticos archivos judiciales que se robustecen con el paso de los días gracias a las tretas dilatorias a las que acuden para obstruir los procesos jurídicos e imponer ritmos parsimoniosos. Luego de un retiro indecoroso de su carrera militar por los indicios que advertían de su participación, por acción u omisión, en la masacre de 12 miembros de una comisión judicial en el corregimiento de La Rochela, el mayor general Jose Alfonso Vaca Perilla, fue nombrado por el presidente de la república Andrés Pastrana Arango, director nacional de la defensa civil. Ocurrida el 18 de enero de 1989 en el departamento de Santander, la masacre de estos funcionarios que cumplían una diligencia probatoria, ha quedado en la impunidad sin que se hayan establecido responsabilidades penales.
Del ogro militarista de rostro adusto, mostacho de ranchero, mirada imperturbable y voz impostada, pasó a ser un filántropo de acciones benignas que el gobierno presentaba como un portaestandarte de la fraternidad y la reconciliación. La mutación ocurría mientras la investigación de la masacre de La Rochela avanzaba y despertaba el interés de organizaciones internacionales como la Human Rights Watch, y defensores de derechos humanos documentaban con rigor un caso en el que se evidenció el aberrante contubernio de militares y grupos paramilitares.
El nombre del militar cuestionado volvió a ocupar los titulares de la prensa cuando la fiscalía en junio del 2009 decidió reabrir la investigación solicitando los testimonios de él y del general retirado Juan Salcedo Lora. El caso fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 11 de mayo del 2007. En este documento, se conmina al estado colombiano a conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos. En los tribunales colombianos, el caso se ha diluido en testimonios confusos, inculpaciones recíprocas y una infinidad de astucias que han hecho su aporte a la desidia de la justicia nacional.
Similar tránsito han tenido los casos en los que Campo Elías Vaca Perilla ha estado involucrado. Su presencia ha resultado perturbadora en las diferentes instituciones públicas en las que ha laborado. La Procuradoría General de la república en el año 2003 evidenció un proceder doloso por parte de Luis Roberto Alguero Amaya, rector de la Universidad de La Guajira, al desconocer dos fallos del consejo de estado y contratar al abogado Campo Elías Vaca Perilla para realizar los estudios de liquidación de cesantías de los funcionarios de la institución educativa.
El fallo emitido destacó la sistemática transgresión a los postulados de la función pública al encomendar al abogado contratado funciones administrativas innecesarias, prescindibles y palmariamente leoninas. No obstante, meses despúes, la Contraloría General de la República en el departamento de La Guajira, contrató los servicios profesionales del abogado Vaca Perilla para asesorar el programa de «ajuste institucional» y ser el apoderado de la entidad en varios procesos que cursaban en el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento de la Guajira. Ninguno de estos antecendentes fueron considerados cuando Campo Elías Vaca Perilla, fue nombrado asesor jurídico del ICETEX, la institución encargada de otorgar créditos educativos a los estudiantes Colombianos.
Con una capacidad de maniobra insospechada para un advenedizo, el abogado que traía consigo el pesado fardo de sus múltiples faltas a las normas elementales de la administración pública, ocupó diversos cargos en el ICETEX. Tras de desempeñarse de forma interina en la secretaría general y hasta en la presidencia, en los frecuentes periodos acéfalos de la entidad, concibe el sistema de cobranza en etapa prejurídica que arruinó a miles de estudiantes pero enriqueció a dos firmas de abogados que se conviertieron en la espada de Damocles de más de 70.000 deudores. León Asociados y Activa Abogados, la primera propiedad de Fabio Guillermo León León, y la segunda, de Ricardo del Rosario Quintero Araujo, se lucraron de forma descomunal por varios años con contratos que superaban los 7000 millones de pesos al año.
Ante todo intento de vigilancia y control ciudadano a su omnímodo poder, Campo Elías Vaca Perilla obstruía con sus consabidos recursos de intimidación judicial. A las frecuentes interpelaciones de Fernando Luis Calao, abogado y defensor de las vícitmas de los abusos del ICETEX, Vaca Perilla respondía con respuestas eufemísticas y amedrantamientos. En dos ocasiones solicitó ante la subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la anulación de la personería jurídica de la asociación que lidera Fernando Luis Calao. Las respuestas a estas injustificadas pretensiones siempre le fueron favorables al veedor.
Después de dos aplazamientos, Campo Elías Vaca Perilla asistió hace un par de semanas a la audiencia para imputación de cargos por la celebración del contrato interadministrativo No. 0329 del 16 de diciembre de 2015, suscrito entre el ICETEX y la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., cuyo objeto era «prestar el servicio de apoyo logístico para realizar el evento corporativo de lanzamiento del plan de negocios del ICETEX para el año 2016 «, por un valor de $310.949.600. Este dinero se dilapidó en menos de una hora en un evento que convocó a 400 invitados y al que sólo asistieron 130 personas. Un día después se creó el registro presupuestal del contrato. El último eslabón de la cadena de anomalías lo constituye el pagó al proveedor sin la requerida acta de cumplimiento.
Una semana antes de la audiencia citada por la procuraduría, lo llamé a su teléfono personal para indagar detalles, conocer los elementos de su defensa y saber su opinión sobre el concepto emitido por el órgano de control. Colérico y con la voz exaltada, me dijo que nada lo obligaba a dar testimonios a un «simple» periodista. El día de la audiencia, Daniel Torres, representante de los usuarios del ICETEX, lo inquirió por el despilfarro que caracterizó su gestión en la entidad, y solo guardó silencio. Cuando le preguntó por su amistad con los propietarios de las casas de cobranza, él y su energúmeno abogado, respondieron con puñetazos sobre la magra figura de Daniel. Todo está registrado en un video que el vocero grabó con su equipo de telefonía celular.
