Verdades a puños

La dinámica de la política en Colombia, especialmente durante las elecciones  presidenciales y  legislativas, particularmente las que se avecinan en el 2018 han estado enrarecidas, controvertidas y pugnaces por la significación y protagonismo del proceso de paz con todas sus implicaciones, los escándalos de corrupción que prácticamente todos los días resulta uno diferente; las movilizaciones sociales por una u otra causa dan cuenta de la incapacidad e ineptitud de la tecnocracia actual, la precaria situación económica del país, producto de los dogmatismos neoliberales que hoy tienen a Colombia como uno de los países más desiguales de América Latina después de Haití y a ello sumado el crecimiento exponencial del narcotráfico en todas sus dimensiones, demostrando con contundencia el fracaso de la política antidrogas adoptada a partir del Plan Colombia, conllevando al país a tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la situación de Venezuela frente a la cual Colombia es vulnerable… todo ello agravado por la crisis de confianza en todas las ramas del poder público, amenazadas por la guillotina de una Asamblea Nacional Constituyente con la idea de un cambio profundo, pero circunstancialmente inconveniente por los fenómenos de polarización estructural que desde el controvertido plebiscito por la paz viene aquejando al país y abriendo polémicos debates en torno a la denominada post verdad.

En consonancia con esta combinación de factores de contexto, las candidaturas presidenciales con el transcurso de los acontecimientos han “pelado el cobre” en cuanto a coaliciones y propuestas de gobierno con propósitos exclusivamente electoreros, parecidos a los discursos de un vendedor puerta a puerta. Para ilústralo mejor, en un tema tan crucial como es la economía que hoy debe atender un déficit fiscal y un endeudamiento irresponsable que tranquilamente pueden sumar el 60% del Producto Interno Bruto, los compromisos del posconflicto que se calculan en 93 billones de pesos, la estructura tributaria que hoy es anacrónica por lo antidemocrática, lo que deriva en una pésima focalización del gasto público y la inversión en sectores estratégicos para el país.

Las propuestas son básicamente la profundización del modelo que consiste en subsidiar vía reducción de impuestos  los sectores más adinerados de la sociedad dando por funcional el concepto de “economía de la filtración” abordado por Stiglitz en su libro “El malestar de la globalización”; por otra parte, quieren “endulzarnos el oído” con el falso activismo por el agro con ideas como la inserción en  cadenas de valor cuando el acceso a bienes básicos como distritos de riego, asistencia técnica, ciencia y tecnología pretenden privatizarlos a través de la creación del “Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria” ni hablar de las vías terciarias, pero lo más bochornoso de todo es la idea de arrendarle casi que a perpetuidad a un extranjero en contra de la constitución y la ley los baldíos del Estado que por derecho constitucional les corresponde a los campesinos en asociaciones zorra con gallina, y lo más pernicioso de todo es la lucha contra la corrupción en donde quienes la promovieron desde el Estado y el sector privado, en campaña son los grandes abanderados de la misma, alardeando a los cuatro vientos la creación de más normas que también les ha fracasado de forma rotunda -basta ver los actos de corrupción luego de expedidos los famosos estatutos anticorrupción-.

Capítulo aparte merece el proceso de paz, que sus tropiezos internos tienen por causa fundamental la ausencia de un acuerdo nacional en primera instancia político, pero más importante aún de “desarme de los espíritus” y pedagogía respecto de la naturaleza del acuerdo; pero lo peor del asunto no son las torpezas estratégicas del Gobierno, el pésimo balance que deja después de un año la implementación del acuerdo: En cuanto a las zonas veredales, la incapacidad de ejecución y la improvisación fueron manifiestas; en el tema normativo, la irresponsabilidad característica del congreso no se quedó atrás frente a temas de importancia superlativa como la Justicia Especial para la Paz, la reforma rural integral y la participación en política que ha sido objeto de conflictos prácticamente irreconciliables evidenciados en la fractura de la Unidad Nacional, los intereses electorales, la influencia mafiosa, temeraria y obstruccionista de ciertos sectores ideológicos… En cuanto a propuestas hay extremos y términos medios que en todo caso configuran todo un escenario de incertidumbre frente al futuro del proceso; sin embargo, lo que preocupa es que este asunto termine por opacar otros aspectos de la vida del país que se deben resolver si es que queremos paz estable y duradera.

De otra parte, también está la salud y la reforma pensional que prácticamente se ha omitido el debate por ejemplo sobre las corruptelas de las EPS, sobre el negocio que el Estado le montó a los fondos privados de pensiones, haciendo eco a la frase “mi derecho es tu negocio”, la desfinanciación de la red pública y privada de hospitales que ha derivado en un déficit de infraestructura pavoroso, la poca cobertura del modelo pensional y la sobrecarga del régimen subsidiado atribuido al casi 48% de informalidad laboral… la propuesta común es seguir con el mismo modelo de la ley 100, haciéndole uno que otro “retoque” que en la práctica no modifica el estado de cosas indeseables que tiene este sector.

Por último está la educación, que también la aquejan problemas de infraestructura, financiamiento, regulación económica, pedagogía y alimentación… la propuesta que según la tecnocracia va resolver todos los problemas es la implementación de la jornada única y la profundización del negocio del ICETEX con los dichosos créditos condonables que al final son créditos impagables.

No podía terminar sin mencionar el tema de la competitividad del país que ha venido descendiendo, en primera instancia por la inseguridad jurídica que genera las malas interpretaciones del proceso de paz, además del exceso regulatorio sobre el sector privado; por otra parte están la infraestructura y costos logísticos internos que se han visto distorsionados por la corrupción interna y la pésima negociación de los Tratados de Libre Comercio, que además no se están aprovechando dadas las deficiencias institucionales que desde siempre han sido diagnosticadas, pero nunca corregidas. Aquí las propuestas también son fundamentalmente la promoción e inversión en vías 4g, aprovechamiento de los TLCs vigentes, sin tener en cuenta los costos asociados a los servicios públicos y los combustibles que hoy tienen precios confiscatorios.

En definitiva, hasta el momento no hay un conjunto de propuestas serias que den razón de un cambio sustancial en el modelo de país y en los asuntos que aquí se han tratado que promueva el mandato de la descentralización, la apertura democrática, la renovación generacional de la clase política, la verdadera división de poderes, el empoderamiento juvenil, la conversión a un modelo económico de generación y distribución de la riqueza medianamente decente y un estado que verdaderamente se ocupe de la defensa de los intereses del ciudadano de a pie y sobre todo, un conjunto de reformas sociales que respondan a la lucha contra el manto de ilegalidad que se ha ceñido sobre el país. La única forma de enfrentar lo que va pasar si no reaccionamos, es el surgimiento de movimientos ciudadanos con liderazgos contundentes, sentido de pertenencia por un país con gente talentosa, capacitada y con autoridad moral para desterrar en democracia a “los mismos con las mismas”.