Los problemas financieros del sistema de salud de Colombia son reconocidos. Indiscutibles. Las causas o explicaciones de estos problemas generan una mayor discusión, un debate mucho más álgido. En términos generales, hay dos explicaciones opuestas y recurrentes. La primera pone énfasis en las EPS, en sus utilidades, gastos administrativos y manejo de los recursos. La segunda hace un énfasis distinto, en la falta de coherencia en los arreglos sociales (“se gasta más de lo que se tiene”) y en el desbordamiento del gasto, asociado, a su vez, a las crecientes demandas sociales y los mayores precios de medicamentos y dispositivos médicos.
Según la primera explicación, bastaría con cambiar el pagador, sustituirlo por uno o varios pagadores públicos o sin ánimo de lucro para resolver los problemas financieros. De acuerdo con la segunda explicación, cualquier pagador, independiente de su naturaleza, pública, privada o mixta, enfrentaría los mismos problemas, esto es, un déficit operativo y un incremento insostenible del gasto.
¿Cuál explicación es más verosímil? Usualmente la respuesta a la pregunta de marras ha dejado de lado los hechos, los datos del mundo. El debate al respecto parece ocurrir en un vacío empírico, en el ámbito de las explicaciones prefabricadas de la ideología. Esta entrada no va a saldar un debate eterno. Pero sí presenta una serie de hechos que arrojan, en mi opinión, muchas dudas sobre la pertinencia de la primera explicación (“son las EPS”).
Esta semana la prensa nacional publicó una noticia relevante para el asunto que nos ocupa. Un informe reciente de la Contraloría muestra que el sistema de salud de las Fuerzas Armadas tiene un déficit altísimo, de casi 800 mil millones en cinco años. Por afiliado, este déficit es incluso mayor que el del sistema general. “Como el sistema se gasta cada año más de lo que recibe por ingresos para garantizar la atención el Mindefensa ha venido cubriendo ese faltante con partidas cargadas al presupuesto del año siguiente”, decía la noticia citada. “Tenemos cada día más usuarios, muchos de ellos beneficiarios. Nuestra población se está haciendo mayor, mucho más adulta, y ahí hay un costo mayor en la atención”, explicaba el director de Sanidad Militar.
El régimen especial de las Fuerzas Armadas no tiene EPS, es un sistema meramente público, sin intermediación, pero enfrenta los mismos problemas del sistema general. El sistema del magisterio tampoco tiene EPS y también tiene grandes problemas financieros y de atención. Otro informe reciente de la Contraloría mostró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la atención de la población pobre no aseguarada por las secretarias de salud es 3,5 veces mayor que la UPC del sistema general. Las EPS públicas o mixtas (Capresoca, Convida, Saviasalud, Capital Salud, la Nueva EPS, etc.) enfrentan igualmente una grave situación financiera, un déficit operativo creciente, mayor en promedio que el de las otras EPS. «Si tan solo fuera tan fácil como cambiar el pagador», podríamos ir concluyendo.
Los problemas financieros tampoco pueden reducirse a un problema de corrupción. Las explicaciones basadas en la corrupción como causa única o preponderante son convenientes. Ahorran mucho tiempo. Nos evitan el estudio y entendimiento pleno de los problemas estructurales. Reducen todo a un asunto sencillo, a una fábula, a una lucha entre el bien y el mal. Las cosas, sobra decirlo, son usualmente mucho más complicadas.
En síntesis, unos cuantos datos pueden destruir una ideología recalcitrante. La evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, “No más EPS”.
