La transición de la Resolución 970 a la 3168 y el TLC con los Estados Unidos.
En el año 2007, el Senador Jorge Enrique Robledo publicó un libro titulado “El TLC recoloniza a Colombia” y en él advierte, entre otras cosas, las desventajas que tendría la firma de un eventual tratado de libre comercio con los Estados Unidos, especialmente en lo que concierne al campo colombiano. Aunado a ello el senador del Polo Democrático y hoy aspirante presidencial, anunció que denunciaría al entonces presidente Álvaro Uribe por traición a la patria, basándose en el contenido del Título XVII, Capítulo Primero del Código Penal colombiano[1], que enuncia los tipos penales que atentan contra la existencia y seguridad del Estado. Sus denuncias fueron subestimadas y pasaron de agache, tanto en la prensa como en el Senado, sin mayor repercusión o trascendencia.
Coincidentemente en el 2010, (dos años antes de entrar en vigor el TLC), se promulga la resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA donde se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso para siembra de semillas en el país, su control, distribución y se dictan otras disposiciones. Esto significó la puesta en marcha de controles arbitrarios y procedimientos autoritarios ajenos a la dinámica de la producción campesina tradicional. La resolución 970 nace entonces como uno de los requerimientos del gobierno estadounidense para darle vigencia a dicho tratado librecambista.
Uno de los argumentos del ICA para poner en marcha la 970 fue la prevención fitosanitaria y la calidad de la semilla, pero las verdaderas razones obedecieron al control económico derivado de las condiciones del TLC. Por lo tanto, detrás de la producción de semillas certificadas se encontraba principalmente la participación de la multinacional norteamericana Monsanto; la misma que en la guerra de Vietnam producía el agente naranja[2] y en la actualidad suministra glifosato a una amplia gama de productos bajo la marca Roundup® (de uso generalizado por ejemplo en regiones cafeteras).
Según la Revista semana: “En Colombia, del total de semillas que se comercializan el 15 por ciento es de multinacionales. Las criollas tenían su espacio y no habían sido perseguidas. Pero desde 2010, cuando se promulgó la Resolución 970, empezó una cacería a la piratería de semillas” (Sección Agro. Agosto 24 de 2013)
Según El Tiempo: “Entre el 2010 y el 2012 el ICA decomisó más de 4’167.225 kilos de semillas, de acuerdo con información oficial entregada por esta misma entidad. En el 2011 destruyeron en Campoalegre cerca de 70 toneladas de arroz de alta calidad. Consideramos que de esta forma se están violando los derechos de los agricultores” (Redacción. Noviembre 13 de 2013)
En agosto de 2013 el ICA, apoyado en el Escuadrón Móvil Antidisturbios -SMAD- destruye 62 toneladas de arroz en el Departamento del Huila. Los hechos quedaron registrados en un documental llamado “9.70” producido por la periodista Victoria Solano y fueron denunciados además en varios medios impresos y virtuales, lo que desencadenó la indignación de varios sectores políticos y sociales. Como era de esperarse, uno de los desencadenantes del paro agrario de 2013 fueron las políticas económicas del gobierno Santos, incluidas por supuesto las contenidas en dicha resolución.
Dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional después del paro agrario, se expide la resolución 3168 de 2015 que deroga la 970, que, entre otras cosas, le otorga facultades policivas al ICA. En la 3168 se regula el número de hectáreas cultivables con la semilla de extracción propia (hasta 10 hectáreas), pero limita la utilización de semillas a especies de ciclo corto (arroz, soya, algodón) y se excluyen cultivos de especies frutícolas, ornamentales y de pancoger, como lo son, el frijol, la yuca, la papa, el plátano, el maíz, el tomate, la cebolla, alimentos que son fundamentales para la subsistencia del campesino.
Con la metamorfosis de la resolución 970 a la 3168 del 2015, se siguen favoreciendo intereses privados y extranjeros serviles al Tratado de Libre Comercio y a las relaciones económicas internacionales propuestas tanto en el neoliberalismo político de la era Uribe, como en la tercera vía santista. De igual manera la resolución 970 como la 3168 son una afrenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos campesinos e indígenas, disfrazada de tecnicismo bajo la premisa desarrollista.
Como era de esperarse en una economía frágil, co-dependiente del dólar y con un Estado débil, nebuloso y multicaule, las cosas nunca son bastante claras sino más bien terriblemente turbias. Por la misma línea operarían las llamadas ZIDRES[3] reglamentadas bajo la ley 1776 de 2016, las cuales estarían siendo desde ya, cooptadas por los intereses de grupos económicos nacionales y transnacionales. Una extensión de la mal llamada confianza inversionista.
Muchos de los que en su momento aplaudieron con creces la llegada del TLC hoy se lamentan de su porfía. Lo que en un principio se vendió como la panacea de la economía colombiana hoy tiene a muchos comerciantes en la bancarrota. Uno de los sectores más golpeados por razones obvias es el campo. En el comercio bilateral entre Estados Unidos y Colombia, la balanza comercial se inclina tangencialmente hacia Washington. Solo en el 2015, según el diario Portafolio, “tres renglones, representados en maíz, trigo y arroz, le tienen aseguradas las ventas de más de cinco millones 200 mil toneladas (a los norteamericanos) de acuerdo con diversos análisis de las agencias gubernamentales, incluida la Oficina Comercial de Estados Unidos en Bogotá” (Empresas. Abril 07 de 2016)
Aquí surge una vergonzosa paradoja: un país que nunca ha tenido una reforma agraria exitosa, que no ha brindado una asistencia técnica digna al campesino, pretende reglamentar de forma agreste una de las prácticas elementales y artesanales de la vida campesina, esto es, el derecho a sembrar sus propias semillas como un método empírico y ancestral de preservación de su cultivo, un método que ha garantizado la calidad de frutas, verduras y hortalizas por generaciones. Una representación del ciclo vital que se interrumpe abruptamente por las exigencias de un mercado foráneo, que pauperiza la ya precaria situación del agro colombiano. Que ve cada vez más lejos la tan anhelada autosuficiencia alimentaria de la que gozan otros países menos ortodoxos y arrodillados a las políticas económicas externas.
[1] Otrora artículo 111: Menoscabo de la integridad nacional: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de la República, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado Soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte a treinta años”
[2] Fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química entre 1961-1971.
[3] Zonas de Interés y Desarrollo Rural Económico y Social
