Para nadie es un secreto la manera en que EPM se ha destacado no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional y latinoamericano. Hoy es una empresa que resalta sobre todas las demás frente a la opinión pública, esto no por sus cuantiosas pérdidas o pos sus malos manejos, si no porque saca pecho y lo hace mostrando cifras que demuestran su gran solidez, su gran gestión empresarial, sus grandes negocios y cómo no, dando ejemplo hasta a las empresas privadas con su eficiencia.
Muy por el contrario, vemos cómo se ha visto comprometida la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en la que, según reportes de la Contraloría, y como lo expone la concejala de Medellín María Paulina Aguinaga en el debate que se realizó el día 25 de Julio de 2017; más del 90% de sus contratos tienen adiciones de dinero y/o de tiempo. De estos contratos con adición de dinero, el 32% tienen adiciones de más del 50% al valor pactado inicialmente, lo cual no sólo demuestra su mala gestión administrativa, sino también la falta de una buena planificación y dirección estratégica.
Tanto EPM como la EDU son empresas industriales y comerciales del estado que, entre otras cosas, se les permite contratar no bajo la Ley 80 de 1993, sino bajo un régimen de contratación similar a los privados. Ambas cuentan con patrimonio propio, con la misma autonomía administrativa y financiera. Junto con estas similitudes, hay otra más importante y es que su “dueña” es la ciudad de Medellín, por lo que vendrían siendo una especie de “hermanitas” que responden a las “mismas” reglas de la casa (Medellín), que están criadas con los que uno diría “mismos valores”, pero que a la hora de evaluar qué tal les va como empresas, sus resultados son completamente dispares.
En el año 2016 se conoce la noticia de que el presupuesto participativo asignado a obras de infraestructura, que tiene un valor cercano a 12 mil millones de pesos priorizados por PL y PP y que, además, toda la vida lo había venido ejecutando la Secretaría de Infraestructura Física; ya no se iba a hacer más así y que la encargada de esa ejecución sería la EDU, por medio de un contrato interadministrativo que se celebró con la misma Secretaría.
Anteriormente los contratos de presupuesto participativo se hacían por comuna y eran controlados por los supervisores de la Secretaria de Infraestructura Física. Ahora la EDU empaquetó en sólo dos contratos (el 156 y 157 de 2016) todas las intervenciones de casi las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín y que al final se los adjudicaron a la misma empresa. Ambos contratos sumaron más de 11 mil millones de pesos
¿Qué interés hay detrás de la contratación de la EDU que no hay en EPM? Echándole cabeza a eso, veo que, aunque las dos empresas “hermanitas” tienen un régimen de contratación similar, EPM no tiene los mismos problemas contractuales y de adiciones que sí tiene la EDU. ¿Por qué tanta diferencia en sus índices de cumplimientos de sus contratos? ¿Por qué se volvió casi una ley que en todo contrato ejecutado por la EDU existan adiciones?
Pienso que esta “mamá”, que es Medellín, debe poner más cuidado con su “hija” la EDU, porque seguramente algo está pasando con ella, debería aconsejarle seguir los pasos de su “hermanita” mayor y enseñarle esas buenas prácticas.
La EDU está en la total capacidad de ser una de las empresas más importantes en el tema de urbano no sólo de Colombia, sino del continente. Las autoridades municipales deben aclarar que es lo que está oculto detrás de toda esta disfuncionalidad, ya que el desarrollo de proyectos urbanos es igual o más rentable que la venta de energía, así que la EDU en lugar de dar tantos dolores de cabeza, debería es estar dando el mismo billón de pesos en rentabilidad y que EPM le entrega a la ciudad para su desarrollo.
