La infraestructura rural es clave para cimentar la construcción y consolidación de la paz en las regiones afectadas por el conflicto armado, el Gobierno nacional avanza en la implementación del programa Vías Terciarias para la Paz. Este es crucial para viabilizar buena parte de las premisas básicas del punto 1 del Acuerdo de la Habana, a saber, la reducción de las brechas entre el campo y la ciudad, mejorar las condiciones de vida de la población rural al permitir acercar los centros de producción a los centros de abasto o comercialización, el acceso a bienes y servicios públicos, el fortalecimiento de la economía campesina, y en general, el desarrollo rural integral.
Su importancia radica en algo que tal vez hoy puede resultar común al entendimiento del colombiano de a pie, pero años atrás carecía de fuerza en los círculos políticos y entes de gobierno concentrados en acabar militarmente a la guerrilla, y es el hecho que en Colombia ha existido una relación conflicto armado versus infraestructura de transporte, que indica que la existencia o no de vías adecuadas tiene una relación con la presencia y actividad de grupos armados, por lo tanto, dotar de vías de transporte es una necesidad imperiosa para expugnar una de las causas del conflicto en el campo colombiano.
Lo anterior explicado en un artículo del economista Carlos Sánchez y publicado en el número 44 de la Revista de Ingeniería de la Universidad de los Andes, quien al comparar la densidad vial municipal (expresado en longitud de kilómetros de red terciaria por área) contra el Índice de Incidencia del Conflicto Armado –IICA-, le permite concluir que existe una relación negativa entre estas dos variables, es decir, municipios con mayor incidencia del conflicto tiene niveles de densidad vial menor y viceversa. Así las cosas, no debería sorprendernos que el municipio de Vista Hermosa en el Meta, territorio hasta hace unos meses controlado por las FARC, presente la menor densidad vial en todo el país.
el exministro Juan Camilo Restrepo, estudioso de temas económicos que sustentan lo afirmado anteriormente, indicó en su artículo “El papel de la Infraestructura rural en el desarrollo agrícola en Colombia” (publicado en el número 904 de los Borradores de Economía del Banco de la República) que el 82% de las áreas rurales donde se cosechan los cultivos están en promedio a más de tres horas de desplazamiento de un centro de abasto, al paso que sólo el 2,9% está a menos de una hora de un centro de acopio. Nuevamente, no es pura coincidencia el hecho que los mayores tiempos de desplazamiento del área rural a cabeceras municipales estén en los departamentos de Caquetá, Chocó y Meta con tiempos de 8.0, 6.1 y 4.82 horas, respectivamente, donde el conflicto fue más intenso hasta hace algunos años.
Solo por romper con esa conexidad conflicto – infraestructura, resulta plausible el esfuerzo del gobierno para adelantar el programas Vías Terciarias para la Paz, disponiendo de 1,3 billones de pesos en un plan que inicialmente propone la construcción de al menos 3000 kilómetros de vías terciarias, priorizando aquellos municipios más afectados por la violencia en un primera fase denominada Plan 51X50 con una inversión inicial de $60.000 millones de pesos, tal como fue indicado por los medios y el propio gobierno hace un par de meses.
Finalmente, una reflexión aparte merece el hecho que el Gobierno Nacional haya echado mano de los recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual y no sin razón, generó controversia y rechazo en la opinión académica y científica del país, pues es cierto que el país presenta también un rezago gigantesco en investigación científica, base para el crecimiento económico. Es curioso, pero si se quisiera optimizar esos recursos, el Gobierno Nacional debería asignar una buena partida para fomentar la investigación de soluciones diferentes al tradicional afirmado o placa huella ampliamente utilizado allí donde las vías rurales no son simples “trochas”. Colombia aún está en pañales en investigación de materiales “autóctonos”, y allí puede estar parte de la solución para lograr vías rurales más estables en tiempos secos y de lluvias. Al parecer, el recorte de recursos a la investigación es el sapo que la academia debe tragarse para apoyar la consolidación de la paz en las regiones del posconflicto, esperemos que como en otras ocasiones aquel no devenga en conejo.
