Algunos recordarán a la empresa de telefonía popular en la cultura colombiana, que tenía a su cargo a casi 5.000 trabajadores. En la actualidad, estando liquidada la empresa, 870 trabajadores afirman que se encuentran con sus derechos desamparados luego de que una desvinculación masiva de la empresa. Llevan varios años realizando protestas y hasta el momento, sostienen, el Gobierno no ha respondido.
Telecom fue una empresa industrial y comercial del Estado creada en 1947, encargada de las telecomunicaciones entre las personas. Fue el resultado de la fusión entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Empresa de Radiocomunicaciones, que dio paso a convertirse en aquella época en una de las empresas clave de Colombia. Su crecimiento posterior a esas décadas fue tan grande, que terminó siendo de las primeras compañías en comunicar a las personas en el país con el exterior a través de un prefijo telefónico para ello.
Sin embargo, en el 2002, el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe tomó la decisión de liquidar la empresa debido a que, según voceros, ésta mostraba pérdidas de 40 mil millones de pesos, lo que a los pocos años haría que no pudiese cubrir sus costos de operación. Por esta razón salieron casi 5.000 trabajadores al desempleo, y tuvieron que ubicarse en otras empresas o en otra empresa de comunicaciones creada por el Gobierno.
Pero no fue así para todos los trabajadores.
La historia de una lucha social
Al Poniente habló con Bernardo Santos, un extrabajador de Telecom que, junto a otros; se encontraba en frente del Palacio de Justicia y del Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones para protestar por sus derechos laborales.
Según afirma el entrevistado, los extrabajadores que se encontraban en protestas eran pertenecientes al retén social, figura jurídica que daba una protección a los trabajadores que estaban próximos a jubilarse, incluyendo además el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 que prohibía el despido de madres cabeza de familia sin alternatividad económica -otro empleo-.
Debido a esto, llegó una ola masiva de tutelas que atendió la Corte Constitucional en las sentencias SU-388/05 y SU-89/05. En éstas, la Corte declaró que los trabajadores no podían ser objeto de despido masivo debido al proceso liquidatorio, y que por ende debían ser reubicados y capacitados en otras áreas de empleo.
Sin embargo, desde el año 2005 al menos 870 trabajadores han estado desempleados y sin pensión de jubilación puesto que no han sido reubicados o capacitados en otras áreas, según afirman. Han adelantado procesos judiciales, han interpuesto derechos de petición, han protestado y hasta reuniones con el Ministerio han tenido; pero no han obtenido respuesta clara. Fue por esto que el proceso judicial volvió a abrirse en el Palacio de Justicia hasta que en el 2014 la Corte Constitucional profirió una nueva sentencia, la SU-377/14 junto al Auto 503/14, que ordenan al Gobierno, específicamente al Ministerio Tic, la reubicación en otras empresas de estos trabajadores; y además le ordena a éste que expliqué por qué no se han reubicado desde el año 2005.
Según afirman, fue hasta hace poco que el Ministerio comenzó a ofrecer unas reubicaciones en otras empresas con las condiciones laborales pre-establecidas. Sin embargo, consideran que no les sirven las propuestas porque la gran mayoría son en otras ciudades -y hay trabajadores que no tienen como trasladar su domicilio a otras ciudades- o no cuentan con el salario adecuado en comparación con el que ganaban anteriormente, teniendo en cuenta que las condiciones socioeconómicas están más difíciles que antes.
Y a todas éstas, ¿qué es entonces lo que piden?
Consideran que ya ha pasado mucho tiempo como para reubicar a ciertas personas, debido a que se encuentran en edades que ya no son aptas para la vida laboral. De igual forma, reconocen que el trabajo de reubicar a este número de personas en empleos dignos y que cumplan los requisitos diferenciales para cada uno es muy complicado, por lo que piden una indemnización que represente todo lo que han perdido y dejado de ganar y toda la lucha que han tenido que llevar a cabo para esto.
El Gobierno responde
Frente a todas estas problemáticas, Al Poniente decidió comunicarse directamente con el Ministerio de Tecnologías, pero todavía no se ha obtenido respuesta a ello. Frente a las recientes protestas que realizaron estos trabajadores al frente de las instalaciones del Ministerio, dicha entidad asegura que está preparando desde su área jurídica las respuestas a todas las inquietudes y señalamientos por parte de estos trabajadores y que tan pronto como sea posible, serán dadas a conocer.
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