Hasta ahora las pruebas recolectadas por parte de la SIC señalan la existencia de un pacto entre ocho empresas de practicaje para cobrar 20% más en las tarifas de algunos puertos del país, no obstante este pacto se tratara de una práctica restrictiva de la competencia.
Todo indica que el capitán William Quiñones, representante legal de Aquamar fue quien lanzó la propuesta y que dicha propuesta fue divulgada y acogida el 25 de enero de 2012 en el Club Militar de Bogotá. Con el pacto en firme, las empresas habilitadas para ejercer practicaje implementaron el porcentaje adicional acordado principalmente en los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Turbo y Barranquilla.
Entre las ocho empresas vinculadas por parte de la SIC, se encuentran varias cuya participación en el pacto no fue activa; sin embargo, se busca sancionar a estas por su omisión, es decir, por no haber manifestado expresamente su desacuerdo con el pacto.
Seguido del pliego de cargos emitido por la SIC, está el periodo probatorio en el cual podrán decretarse pruebas de oficio o a solicitud de los investigados para finalmente decidir si hubo o no una violación al régimen de competencia. Las multas a imponer en caso de verificarse efectivamente la violación son de $68.945 millones a las personas jurídicas y $1.378 millones a las personas naturales. Cabe recordar que en los últimos años la SIC ha venido tomando una posición fuerte relativa a las sanciones imponibles a las empresas que restringen la competencia e incrementan los precios al consumidor.
Comentar