¿Se acaba la contratación por prestación de servicios?

El recorte del 50 % que pone en jaque a miles de contratistas con el proyecto de Ley de Rescate del Gobierno

El proyecto convierte en obligación lo que la circular dejaba como meta, pero no responde la pregunta de fondo: si se reducen al mismo tiempo los contratistas y la planta, ¿quién hará el trabajo?

Hace unas semanas, en esta misma columna, hablé de una persona que lleva tres años firmando cada enero un contrato de prestación de servicios con un ministerio y que leyó en su celular que el Gobierno les había puesto un tope a los contratistas. Le dije, con la Circular Externa 08 de 2026 en la mano, que podía leer con calma: la circular fijaba una meta, no una prohibición.

Hoy tengo que matizar ese mensaje. El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso, lleva el recorte a la ley. Y lo hace más fuerte. Es un proyecto y el Congreso puede cambiarlo; precisamente por eso vale la pena leerlo ahora.

El diagnóstico del Gobierno no es caprichoso. Según la exposición de motivos, con cálculos propios sobre datos del SECOP, el valor de los contratos de prestación de servicios firmados por las entidades del orden nacional pasó del 0,2 % al 0,4 % del PIB entre 2018 y 2025; el número de contratos subió de 120.000 a 177.000, y el valor promedio se duplicó, de $20,2 a $41,3 millones. La misma exposición reconoce que el uso recurrente de esta figura puede terminar reemplazando funciones permanentes con vínculos transitorios. Nadie serio niega que las nóminas paralelas existen. Pero una cosa es diagnosticar bien y otra, recetar bien.

Leí el proyecto. Estas son cinco razones para leer su artículo 17 con lupa:

La primera es que el lenguaje cambió. La circular decía que las nuevas contrataciones «se orientarán» a un máximo. El artículo 17 dice que las entidades y órganos del Presupuesto General de la Nación «deben» hacer un ajuste que permita reducir en un 50 % los costos de la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2027, frente al año anterior. Y, desde 2028, el crecimiento de ese gasto «no podrá superar» la inflación del año inmediatamente anterior.

Ya no hablamos de una meta que se procura cumplir. Hablamos de un mandato y, desde 2028, de una prohibición. Además, las dos reglas no miden lo mismo: la circular cuenta contratos y suma dos años, 2025 y 2026; el proyecto cuenta dinero y toma solo el año anterior. Mientras el Congreso debate, las entidades están armando su Plan Anual de Adquisiciones de 2027 con una regla vigente y otra en camino.

La segunda es que el artículo 17 no trae excepciones. La circular permitía apartarse de la meta cuando el contrato fuera necesario por una ley o una orden judicial, para servicios esenciales, seguridad o emergencias, o en proyectos con recursos de destinación específica. El proyecto no menciona ninguna. ¿Qué hará un ministerio que debe cumplir un fallo de tutela o atender un desastre si ya agotó su margen? La ley no lo dice.

En cambio, remite la medición de la línea base a un «documento técnico de austeridad» que expedirá el Ministerio de Hacienda, y deja a un decreto anual del Gobierno los demás criterios para las nuevas contrataciones. Es decir, las reglas que en la práctica decidirán quién se queda y quién no estarán en documentos que el Congreso no va a debatir.

La tercera es que la cuenta no cuadra con su propia justificación. La exposición de motivos explica que el 50 % equivale al aumento del número de contratos en 2025 frente a 2018. Pero el artículo no recorta número de contratos, sino costos, y no compara con 2018, sino con el año anterior. Si el recorte se trasladara en la misma proporción al número de contratos, de los 177.000 firmados en 2025 quedarían cerca de 88.000, muy por debajo de los 120.000 de 2018, que es el punto de comparación que usa el propio Gobierno. La justificación y la norma hablan de cosas distintas.

La cuarta, y la más importante, es que nadie responde quién hará las funciones o prestará los servicios al Estado. El mismo proyecto ordena que los gastos de personal de las entidades del Presupuesto General de la Nación, sin incluir a la fuerza pública, decrezcan un 20 % en términos nominales en 2028 (artículo 16). Le otorga al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar y reestructurar entidades y modificar sus plantas, incluida la supresión de empleos (artículo 7). Y prohíbe celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales para reemplazar los empleos que se supriman, salvo que lo justifique el estudio técnico (parágrafo 5 del artículo 7).

Menos contratistas, menos planta y prohibición de reemplazar. El artículo 17 exige determinar si el servicio puede ser atendido con el personal de planta, que es lo mismo que ya exige el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Pero la planta también se va a reducir. Si las funciones son permanentes, como lo admite la exposición de motivos, la respuesta constitucional no es solo recortar: es crear los empleos. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-614 de 2009.

Cuando se estrechan las dos vías a la vez, quedan dos salidas y ninguna es buena: o el servicio se deteriora, o el contrato con la persona natural se convierte en un contrato con un operador. El artículo 10 del proyecto, que limita al IPC el crecimiento del gasto en adquisición de bienes y servicios, cierra parcialmente esa puerta, pero no la cierra del todo.

La quinta es que el contratista que conserve su contrato pagará más. El proyecto sube la cotización a salud de los independientes: hoy es del 12,5 % y, desde 2027, se aplicaría una tabla que llega al 15,5 % según el nivel de ingreso. La exposición aclara que el aumento opera cuando el ingreso base de cotización supera dos salarios mínimos; como el contratista cotiza sobre el 40 % de sus honorarios, eso alcanza a quienes facturan más de unos cinco salarios mínimos al mes.

A eso se suman los cambios en renta. En la tabla de retención en la fuente, que también se aplica a los contratistas que no toman costos y gastos, el tramo sin retención baja de 95 a 65 UVT mensuales y aparece un nuevo tramo del 9 %. En la declaración anual, el tramo con tarifa cero baja de 1.090 a 720 UVT, y los topes de la renta exenta del 25 % y del límite global de rentas exentas y deducciones bajan de 790 a 630 UVT y de 1.340 a 1.180 UVT, respectivamente.

Es cierto, como destaca la exposición, que el aumento en salud para los independientes es menor que el de los asalariados, precisamente para no ampliar la diferencia que ya existe entre unos y otros. Pero el resultado es que el Estado, que ha usado esta figura de manera masiva, reduce los contratos y, a la vez, les cobra más a quienes los conservan, sin prestaciones, sin vacaciones y sin estabilidad.

Hay un detalle adicional que no es menor. El artículo 105 del proyecto declara los artículos 16 y 17 como normas orgánicas. Eso significa que requieren mayoría absoluta en ambas cámaras y que, una vez aprobados, condicionarán las leyes anuales de presupuesto. Es una decisión de fondo sobre cómo funciona el Estado, incluida en un proyecto de 106 artículos que trata, al mismo tiempo, del IVA, la renta, la salud y la venta de activos públicos. Merece un debate propio.

¿Y las alcaldías y gobernaciones? El artículo 17 se dirige a las entidades y órganos del Presupuesto General de la Nación. Si su contrato es con su municipio o su departamento, ese recorte no lo toca. Pero los cambios en salud y en retención en la fuente sí, porque son generales para todos los trabajadores independientes.

Volvamos a la persona del celular. Si su contrato es con un ministerio, su renovación en 2027 ya no dependerá solo de que su labor esté bien justificada, como dije hace unas semanas, sino de un recorte obligatorio, sin excepciones expresas y con reglas que todavía no se conocen. Y si lo conserva, es probable que pague más en seguridad social.

La austeridad es necesaria y el desorden en la contratación por prestación de servicios es real. Pero recortar a la vez contratistas y planta sin decir quién asumirá las funciones no es eficiencia: es trasladar el problema. Si el Congreso quiere hacer bien este ajuste, debería al menos fijar en la ley las excepciones, definir con precisión la línea base, prever una transición gradual y, sobre todo, abrir una ruta para que las funciones permanentes pasen a la planta, que es donde la Constitución dice que deben estar.

Al final, la pregunta no es si el Estado debe gastar menos en contratistas, sino si puede hacerlo sin dejar de prestar los servicios que justifican su existencia. Esa es la pregunta que el proyecto todavía no responde.