La propuesta de fusionar los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación merece, por ello, una crítica especialmente rigurosa. Es evidente que ambos sectores deben trabajar de manera articulada. La formación de investigadores, la producción de conocimiento, la investigación universitaria y la apropiación social de la ciencia requieren políticas coordinadas. Pero articular no significa subordinar, y coordinar no exige suprimir la autonomía institucional. La educación y la ciencia mantienen relaciones estrechas, aunque responden a problemas, instrumentos, comunidades y horizontes de política pública que no son idénticos. Confundir su necesaria complementariedad con una supuesta duplicidad administrativa revela una comprensión limitada de la función que desempeñan en el desarrollo de una sociedad.
Sandra Patricia Duque Quintero,
profesora titular de la U de A.
Carlos Alberto Duque Echeverri,
profesor titular de la U de A, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La promesa de reducir el tamaño del Estado suele presentarse como una fórmula incuestionable de eficiencia administrativa y responsabilidad fiscal. Menos ministerios, menos entidades, menos funcionarios y menos gasto público parecen constituir, bajo esta lógica, las condiciones necesarias para construir un país más próspero. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad se encuentra una discusión mucho más compleja: ¿qué funciones puede dejar de cumplir el Estado sin comprometer los derechos de la ciudadanía ni las posibilidades de desarrollo del país? La pregunta resulta especialmente pertinente ante la propuesta del Gobierno nacional de reestructurar la administración pública y fusionar los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una decisión que, lejos de ser un simple ajuste burocrático, podría significar un retroceso en la construcción de capacidades científicas, educativas e institucionales que Colombia ha tardado décadas en consolidar.
La discusión sobre el tamaño del Estado no puede reducirse a una confrontación entre quienes defienden la austeridad y quienes supuestamente pretenden preservar la burocracia. La administración pública debe someterse de manera permanente a evaluaciones de eficiencia, transparencia y pertinencia. Las entidades estatales no existen para justificar su propia permanencia, y ninguna estructura administrativa debería considerarse intocable. Pero una cosa es combatir el despilfarro, corregir duplicidades y mejorar la gestión pública, y otra muy distinta es asumir que la reducción institucional constituye, por sí misma, una política de desarrollo. Un Estado más pequeño no es necesariamente un Estado más eficiente; puede ser, simplemente, un Estado con menos capacidad para cumplir sus obligaciones.
Esta distinción resulta fundamental en Colombia, donde las profundas desigualdades territoriales, económicas y sociales hacen indispensable una institucionalidad pública capaz de intervenir allí donde el mercado no garantiza oportunidades ni condiciones de vida digna. La Constitución de 1991 definió a Colombia como un Estado social de derecho, comprometido con la efectividad de los derechos, la igualdad material y el bienestar general, conforme a sus artículos 1.º y 2.º. Desde esta perspectiva, los principios de eficacia y economía administrativa, previstos en el artículo 209, no pueden interpretarse de forma aislada de los fines constitucionales del Estado. La verdadera eficiencia de la administración pública debe valorarse por su capacidad para cumplir dichos fines y garantizar derechos, y no exclusivamente por la reducción de sus estructuras o de sus costos de funcionamiento.
El problema adquiere una dimensión aún más preocupante cuando la austeridad se dirige a sectores que constituyen la base del desarrollo nacional. La educación y la ciencia no son actividades accesorias ni gastos prescindibles que puedan ajustarse atendiendo exclusivamente a consideraciones presupuestales. Son condiciones para la autonomía económica, la transformación productiva, la movilidad social y el ejercicio efectivo de numerosos derechos. Debilitarlas en nombre del ahorro puede producir resultados exactamente contrarios a los anunciados, esto es, menores capacidades de innovación, mayor dependencia tecnológica, pérdida de talento humano y profundización de las desigualdades.
La propuesta de fusionar los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación merece, por ello, una crítica especialmente rigurosa. Es evidente que ambos sectores deben trabajar de manera articulada. La formación de investigadores, la producción de conocimiento, la investigación universitaria y la apropiación social de la ciencia requieren políticas coordinadas. Pero articular no significa subordinar, y coordinar no exige suprimir la autonomía institucional. La educación y la ciencia mantienen relaciones estrechas, aunque responden a problemas, instrumentos, comunidades y horizontes de política pública que no son idénticos. Confundir su necesaria complementariedad con una supuesta duplicidad administrativa revela una comprensión limitada de la función que desempeñan en el desarrollo de una sociedad.
La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, inicialmente dispuesta por la Ley 1951 de 2019 y posteriormente establecida mediante la Ley 2162 de 2021, tras la declaratoria de inexequibilidad, con efectos diferidos, de la primera norma mediante la Sentencia C-047 de 2021, representó el reconocimiento de la necesidad de una institucionalidad especializada para orientar la política científica del país. No se trataba simplemente de transformar una dependencia administrativa en un ministerio, sino de reconocer la ciencia, la tecnología y la innovación como asuntos estratégicos del Estado, cuya importancia trasciende el ámbito educativo y compromete directamente la salud, el medio ambiente, la industria, la agricultura, la energía, el desarrollo tecnológico y el bienestar colectivo.
Revertir esa decisión, sin una evaluación pública y rigurosa de sus resultados, significaría poner en cuestión una apuesta institucional relativamente reciente, precisamente cuando Colombia necesita fortalecerla. La ciencia no puede continuar sometida a los vaivenes de cada administración ni depender de la voluntad política circunstancial de los gobiernos. Construir capacidades científicas exige continuidad, estabilidad financiera, infraestructura, formación de investigadores y programas sostenidos durante períodos que con frecuencia superan los ciclos electorales. Un laboratorio no se consolida en cuatro años, una comunidad científica no se construye mediante decisiones administrativas inmediatas y los resultados de la investigación no siempre pueden medirse con los indicadores de productividad que se aplican a otras actividades públicas.
Además, resulta equivocado suponer que la existencia de un ministerio especializado es incompatible con una gestión austera. La discusión relevante debería centrarse en sus resultados, en la calidad de sus instrumentos de financiación, en la transparencia de las convocatorias y en la capacidad de conectar el conocimiento con las necesidades sociales y productivas del país. Si existen deficiencias en el funcionamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, corresponde corregirlas. Si hay procedimientos innecesarios, deben simplificarse. Si los recursos son insuficientes o se gestionan de manera inadecuada, deben revisarse los mecanismos de asignación y seguimiento. Lo que no resulta razonable es responder a las debilidades de una institución debilitándola aún más en su posición dentro del Estado.
La fusión propuesta también plantea interrogantes sobre las prioridades que orientarían la nueva estructura ministerial. El Ministerio de Educación enfrenta responsabilidades de enorme magnitud relacionadas con la educación inicial, básica, media y superior, la calidad educativa, la financiación del sistema y las condiciones del trabajo docente. Incorporar bajo una misma dirección política todas las competencias de ciencia, tecnología e innovación podría aumentar la complejidad administrativa y generar competencia interna por recursos y por la atención institucional. En ausencia de garantías expresas de autonomía técnica, presupuestaria y decisoria, existe el riesgo de que la política científica termine subordinada a las urgencias de la gestión educativa.
Este riesgo adquiere especial importancia para las universidades públicas, pues estas instituciones cumplen simultáneamente funciones de formación, investigación y extensión, y constituyen una parte esencial de la infraestructura científica del país. Sin embargo, enfrentan dificultades estructurales de financiación que afectan su capacidad para sostener programas académicos, renovar laboratorios, vincular investigadores y desarrollar proyectos a largo plazo. En un contexto semejante, reducir la jerarquía institucional de la ciencia, en lugar de fortalecer su financiación y su articulación con la educación superior, podría agravar las restricciones que ya limitan la producción de conocimiento. La respuesta a las dificultades de las universidades públicas no puede consistir en hacerlas competir por recursos cada vez más escasos dentro de una estructura ministerial más amplia.
Mientras las economías contemporáneas compiten por desarrollar capacidades científicas, tecnologías propias, inteligencia artificial y sistemas productivos intensivos en conocimiento, Colombia discute la conveniencia de reducir la autonomía institucional de la entidad encargada de orientar dichas transformaciones. No se trata de afirmar que todos los países deban contar necesariamente con un ministerio independiente de ciencia. Existen distintos modelos institucionales exitosos. Lo decisivo es que la arquitectura elegida garantice la capacidad de dirección, la financiación suficiente, la estabilidad y la participación de la comunidad científica. Pero en un país que todavía presenta importantes rezagos en la inversión en investigación y desarrollo, cualquier modificación que pueda disminuir esas capacidades exige una justificación mucho más sólida que la mera promesa de ahorrar recursos.
La propuesta de reorganización estatal plantea igualmente un problema democrático, ya que, si se pretende acudir a facultades extraordinarias para introducir modificaciones de gran alcance en la estructura administrativa, debe recordarse que el artículo 150, numeral 10, de la Constitución las concibe como un mecanismo excepcional, sujeto a condiciones materiales, temporales y democráticas precisas. Su eventual utilización no debería sustituir una deliberación pública profunda sobre el futuro de los sectores estratégicos para el país. Transformar las instituciones responsables de orientar la educación, la investigación y la producción de conocimiento exige escuchar a las universidades, las academias científicas, los investigadores, los trabajadores y las comunidades que dependen de sus políticas.
Tampoco puede aceptarse, sin discusión, que el ahorro fiscal constituya una justificación suficiente. Toda reestructuración debería presentar estudios verificables sobre los costos de la transición, los efectos laborales, las capacidades que se conservarán, los servicios que podrían verse afectados y los beneficios efectivos de la medida. Fusionar entidades puede reducir ciertos gastos administrativos, pero también puede generar costos de reorganización, pérdida de experiencia técnica, interrupciones en los programas y mayores dificultades de coordinación. El ahorro presupuestal inmediato no equivale necesariamente a la eficiencia económica o social. Una reforma puede reducir el gasto de funcionamiento y, simultáneamente, aumentar los costos que soporta la sociedad debido a la disminución de los servicios, las oportunidades y las capacidades públicas.
Ahora bien, presentar a los servidores estatales como una carga presupuestal desconoce que detrás de numerosos servicios y programas existen conocimientos especializados, experiencia acumulada y responsabilidades que no pueden reemplazarse automáticamente mediante herramientas tecnológicas o contratos de menor duración. Combatir el clientelismo y los cargos innecesarios es indispensable, pero no debe confundirse con precarizar el empleo público ni con prescindir de capacidades profesionales fundamentales. La eficiencia institucional también depende de contar con trabajadores calificados, de la estabilidad en las funciones misionales y de condiciones laborales dignas.
Colombia necesita una reforma seria del Estado, pero su orientación debería ser distinta, es decir, en lugar de fijar como objetivo político un número determinado de ministerios o entidades, tendría que identificar cuáles son las capacidades institucionales indispensables para cumplir con las obligaciones constitucionales y responder a los desafíos contemporáneos. La evaluación debería partir de las necesidades sociales, las brechas territoriales, los resultados de las políticas y la calidad de los servicios, y solo después definir las estructuras administrativas más adecuadas. Reducir primero y preguntarse después por las consecuencias constituye una inversión preocupante del razonamiento que debería orientar la política pública.
En el caso de Educación y Ciencia, el camino más razonable es fortalecer la coordinación interinstitucional, establecer agendas de investigación compartidas, mejorar la articulación entre universidades, centros científicos y sectores productivos, y asegurar mecanismos de financiación estables y transparentes. La existencia de dos ministerios no impide desarrollar políticas integradas, del mismo modo que su fusión no garantiza automáticamente que dicha integración se dé. Lo que determina la calidad de la acción pública no es únicamente su organigrama, sino la claridad de sus responsabilidades, la suficiencia de sus recursos, la capacidad de sus equipos y la continuidad de sus decisiones.
El país debe discutir con seriedad cómo garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, pero también qué consecuencias está dispuesto a asumir para lograrla. La responsabilidad fiscal no puede desligarse de la responsabilidad social, ni la austeridad puede convertirse en un criterio superior a las finalidades constitucionales del Estado. La propuesta de fusionar los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación debería retirarse o, como mínimo, someterse a una evaluación técnica independiente y a una deliberación amplia con las comunidades académicas y científicas antes de cualquier decisión legislativa. Colombia no necesita defender estructuras administrativas por simple inercia, pero tampoco puede permitir que décadas de construcción institucional sean desmanteladas bajo una concepción de la eficiencia que confunde el valor público con el costo presupuestal. El verdadero desafío no consiste en tener un Estado cada vez más pequeño, sino en tener uno cada vez más capaz de garantizar los derechos y de construir un futuro mejor para todos.
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