La palabra silencio procede del latín silentium, derivado de silēre, que significa callar o permanecer en quietud. Desde el punto de vista morfológico, ‘silencio’ es un sustantivo masculino formado a partir del lexema silenci-, que aporta el significado léxico asociado a la ausencia de manifestaciones sonoras; y el morfema flexivo –o, que indica género masculino, aunque no constituye por sí mismo un indicador exclusivo de género en todos los de su categoría gramatical en la lengua castellana. Su estructura etimológica remite a la raíz latina silē-, vinculada con la acción de callar o permanecer en quietud, lo que permite reconocer una relación entre su origen y su significado actual.
En el plano semántico, podemos asociar el término ‘silencio’ con la prudencia, la reflexión, el temor, la indiferencia, la complicidad o la resignación, dependiendo del contexto en el que se produzca. Estos significados pueden organizarse mediante archisememas y clasemas; es decir, el archisemema de silencio se constituye en torno a la ausencia de expresión verbal, la cual es un rasgo común que permite agrupar sus distintas manifestaciones, mientras que sus clasemas identifican los rasgos contextuales que particularizan cada una de ellas, como la intencionalidad, la actitud, la disposición emocional y la responsabilidad de la persona. Así, el silencio asociado con la prudencia se presenta en los clasemas de autocontrol y cautela; el vinculado con la reflexión, los de introspección y análisis; el relacionado con el temor, los de inseguridad y vulnerabilidad; y aquel que se manifiesta como indiferencia, complicidad o resignación puede incorporar —según las circunstancias— rasgos de pasividad, aceptación o inhibición.
A todo lo previo, existe una diferencia sustancial entre guardar silencio porque se desconoce una situación y hacerlo cuando se sabe sobre sus implicaciones, especialmente si se ha participado previamente en las decisiones que contribuyeron a producirla. En este último escenario, el silencio deja de ser una simple ausencia de palabras y comienza a adquirir una dimensión ética: ¿hasta qué punto podemos considerarnos ajenos a las consecuencias de aquello que defendimos o decidimos no cuestionar?
Una persona puede participar activamente en una discusión política, expresar su adhesión a un dirigente e incluso convencer a otros de respaldar una propuesta, sin haber leído un programa de gobierno, contrastado sus fuentes ni examinado las posibles consecuencias de las decisiones que defiende. En ese ejercicio colectivo existe una especie de pulso que mantienen la convicción y la responsabilidad; en otras palabras, por un lado, el deseo de tomar partido; y por otro, la necesidad de comprender aquello que se está defendiendo. Según Habermas (1992), el problema es que las decisiones colectivas exigen un mínimo de responsabilidad intelectual y no podemos esperar que una sociedad tome decisiones informadas si sus integrantes consideran prescindibles la formación, la lectura crítica y el cuestionamiento de aquello que escuchan.
La ignorancia, entendida como la falta de conocimiento sobre un asunto, no constituye necesariamente una falta moral, pues nadie puede conocerlo todo. Sin embargo, existe una diferencia entre desconocer algo y negarse deliberadamente a conocerlo cuando se dispone de los medios para hacerlo. Esta distinción adquiere especial relevancia en el momento en que nuestras decisiones afectan a otras personas. Quien eligió a un dirigente sin informarse puede desconocer las implicaciones de su elección y guardar silencio, pero quien, después de advertir sus consecuencias, se niega a examinarlas por orgullo o conveniencia se enfrenta a una responsabilidad distinta. En este sentido, el desconocimiento, y posterior silencio, no debería convertirse en una justificación automática para eludir cualquier cuestionamiento.
Esta situación puede observarse en la relación que algunas personas establecen con los dirigentes políticos a quienes respaldaron. Durante las campañas electorales, las adhesiones se expresaron con entusiasmo, las consignas se repitieron con vehemencia y las propuestas se definieron como soluciones definitivas a problemas complejos, casi bajo un criterio abstracto, endeble y meramente futbolístico; la camiseta de la selección pudo dar cuenta de ello. Sin embargo, cuando los gobernantes comienzan a tomar decisiones, ese respaldo puede transformarse en silencio, especialmente si las medidas adoptadas generan afectan los intereses de quienes antes las defendían. Es entonces cuando surge una contradicción que merece examinarse: ¿por qué algunas personas que participaban activamente en la defensa de un proyecto político dejan de pronunciarse cuando surgen cuestionamientos sobre su ejecución? Las razones pueden ser diversas, ya sea por temor a reconocer un error o persistencia de una identificación ideológica que dificulta valorar con objetividad las decisiones gubernamentales (Galston, 2001). En cualquier caso, el silencio no permite determinar por sí mismo las motivaciones de una persona, pero tampoco se convierte en un sustituto de la reflexión que exige la responsabilidad ciudadana.
Pensemos en una persona que respaldó determinadas propuestas económicas y que, posteriormente, experimenta dificultades para afrontar sus gastos debido al alza en los precios, porque —en poco tiempo de estar a cargo su gobierno— la inflación volvió a subir, o que sus condiciones laborales cambiaron por decretos y ahora no le reconocen el pago total de sus horas nocturnas, dominicales y/o festivos, o que su gobierno acordó con la banca subir más la tasas de interés y ahora le cuesta más la cuota del préstamo que tomó. De modo similar, están quienes expresaron su confianza en las promesas de seguridad y, hoy en día, manifiestan preocupación por las condiciones de violencia y de movilidad en sus propios territorios. También podemos pensar en los ciudadanos que ahora ven con preocupación cómo sube el desempleo, cómo les recortan el presupuesto a su departamento y, no menos importante, cómo —desde esa orilla política— se está sugiriendo aumentar la edad de pensión.
Hay, además, un elemento psicológico y social que merece atención, el silencio proveniente del orgullo. Reconocer que una decisión fue equivocada puede resultar incómodo, especialmente cuando hemos dedicado tiempo a defenderla públicamente, hemos cuestionado a quienes pensaban de manera diferente o hemos persuadido a otras personas para que adoptaran nuestra postura. Llegados a ese punto, toda esa situación de vaudeville —defendiendo a toda costa una postura— no es tan segura de sostener y, en tales circunstancias, admitir una equivocación puede sentirse como una derrota silenciosa y personal, aunque, en realidad, también constituye una oportunidad para revisar nuestros razonamientos.
La educación constituye, en este escenario, una herramienta fundamental para evitar que nuestras convicciones se conviertan en posteriores silencios cuestionables. Leer, estudiar, contrastar fuentes y desarrollar una visión crítica del mundo no garantizan que siempre tomemos las decisiones correctas, pero sí nos permiten reconocer las limitaciones de nuestros conocimientos y evaluar con mayor rigor las alternativas disponibles. Una ciudadanía informada no es aquella que necesariamente comparte una misma interpretación de la realidad, sino aquella cuyos integrantes tienen la posibilidad de fundamentar sus opiniones, escuchar argumentos contrarios y modificar sus posiciones cuando las evidencias así lo justifican. De igual manera, la participación democrática no termina cuando se deposita un voto, pues el ejercicio de la ciudadanía también comprende el seguimiento de las políticas públicas, la evaluación de los resultados y la exigencia de rendición de cuentas a quienes ocupan cargos de representación.
Debemos comprender, entonces, que el silencio puede tener significados distintos, pero que ninguno de ellos debería impedirnos examinar nuestra responsabilidad frente a los acontecimientos que nos rodean. Quienes respaldaron a un dirigente tienen el mismo derecho a cuestionarlo que quienes nunca estuvieron de acuerdo con él; la defensa de una postura no debería convertirse en una obligación asumida ad libitum, como si una vez pronunciada públicamente debiéramos sostenerla indefinidamente. La coherencia no consiste en defender una posición a cualquier precio, sino en mantener la disposición de confrontarla con la realidad.
Para concluir, el silencio no modifica los hechos, no elimina las consecuencias de nuestras decisiones ni convierte automáticamente una equivocación en un acierto. Tampoco el reconocimiento público de un error significa que debamos aceptar culpas por circunstancias que escapaban a nuestro conocimiento o capacidad de intervención (Rudy-Hiller, 2017). Sin embargo, lo que sí podemos hacer es asumir la responsabilidad que nos corresponde, abandonar la comodidad de las certezas infundadas y comprender que la participación ciudadana exige algo más que entusiasmo durante las campañas electorales, porque si tenemos la posibilidad de informarnos, de cuestionar y de reconocer nuestros errores —pero preferimos refugiarnos en el silencio para proteger nuestro orgullo— el problema fáctico no es únicamente aquello que otros están haciendo, sino también lo que nosotros hemos decidido dejar de cuestionar. El silencio puede evitar una discusión, pero no necesariamente nos libera de la responsabilidad de comprender lo que hemos contribuido a respaldar.
Referencias
Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement and civic education. Annual Review of Political Science, 4, 217–234. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217
Habermas, J. (1992). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.
Rudy-Hiller, F. (2017). A capacitarian account of culpable ignorance. Pacific Philosophical Quarterly, 98(1), 398–426. https://doi.org/10.1111/papq.12190
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