En todo el mundo aumentan las tendencias negacionistas que van en contra de las víctimas de los hechos más atroces de la historia. El negacionismo del holocausto nazi es un claro ejemplo de lo que menciono, pero bajo las circunstancias actuales también hay negacionistas del exterminio que Israel ejecuta ante los ojos de todos contra los palestinos.
Y, por supuesto, como es de esperarse Colombia no se podía quedarse atrás, pues en temas como estos siempre está a la vanguardia. Aquí siempre han existido voces que desmienten lo que para ellos ha sido una gran mentira, es decir, el conflicto armado. Más aún existen personas que siempre sacan en limpio la fuerza pública, los funcionarios del estado y a cierto expresidente cuyo nombre no quiero recordar…
El negacionismo ha sido frecuente, sí, pero no recuerdo que haya traspasado antes los límites que se atrevió a pasar el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, con su acto de arrojar a bolsas de basura las botas de caucho que las madres de las ejecuciones extrajudiciales personalizaron para una exposición artística.
En un acto que supera la ignorancia Polo Polo no sólo se atrevió a negar hechos que han sido ampliamente documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz, las organizaciones de víctimas, las madres de Soacha, el Centro de Memoria Histórica, y la plataforma no gubernamental llamada coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, sino que además revictimizó un amplió grupo de personas que han sido silenciadas por años.
Es que sólo hay que hacer un breve recuento para poder almenos tener en mente lo que atravesaron y aún tienen que padecer las madres de los llamados “falsos positivos”, pues no sólo ilusionaron a sus hijos con un empleo falso, sino que además fueron los agentes del mismo Estado, pertenecientes a diferentes rangos del Ejército quienes asesinaron cruelmente a quienes juraron defender, para luego vestirlos con trajes de la guerrilla y luego ponerles unas botas de caucho para decir que fueron “bajas en combate”.
Algo tan atroz, tan poco humano, y planeado al detalle por quienes debían proteger a la ciudadanía, pasó ante los ojos de varios, sin que hicieran nada para detener lo que constituyó una violación sistemática de los derechos y la dignidad humana.
¿Cómo olvidar las atroces declaraciones del general Mario Montoya ante la JEP al decir que como resultados necesitaban litros de sangre? Sangre que corría de los cuerpos de los hijos de las madres que fueron violentadas simbólica y verbalmente por un negacionista, al que no le importó pisotear la memoria de miles de personas inocentes vilmente asesinadas.
La práctica de las ejecuciones judiciales tuvo su mayor auge entre los años 2002 y 2008, coincidiendo con el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez,-por cierto no me estoy inventando el dato, se puede corroborar en las bases de datos e informes de organizaciones de derechos humanos del país- el departamento más afectado fue nada más y nada menos que Antioquia.
El número de víctimas de estos hechos, por el que tantos supuestos defensores de la “verdad” se preocupan ahora, es provisional no porque no sea real, pues como lo ha dicho tantas veces la JEP cada número tiene cédula y nombre, sino porque incluso podrían ser muchos más.
Aunque ahora quienes en el fondo esconden un deseo de negar la responsabilidad que tuvo el Ejército en las ejecuciones extrajudiciales, así como la responsabilidad que tuvo el propio Estado, argumenten que sólo quieren llegar a una cifra real de este horroroso episodio de la historia reciente del país, es más que evidente que lo único que pretenden es pasar por encima de la memoria de las víctimas que como las madres de Soacha han dedicado sus vidas a luchar contra el olvido, a pesar de la persecución, las amenazas y la estigmatización que han recibido.
Para terminar, sólo quisiera decirle a estas madres que nunca vieron regresar sus hijos con vida, a quienes les arrebataron un pedazo del alma, que por la valentía que han tenido para alzar la voz cuando ha sido necesario, por no rendirse, por abrir su corazón ante un país en el que a veces reina la indolencia, ahora y más que nunca hay 6.402 razones para proteger la memoria histórica.
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