Opinión

Diez razones para votar Sí al Acuerdo Final de Paz en el Plebiscito

Esta es la pregunta que los colombianos estamos convocados a responder el domingo 2 de octubre en el Plebiscito: ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?

De la manera más atenta proponemos votar , considerando estas diez razones.

1) Esta prolongada guerra ha llenado de muerte, destrucción y atraso al país, sobre todo a la Colombia rural, la de los pueblos y los campos, hasta trocar el normal curso de la vida: si en tiempos de paz son los hijos los que tienen que enterrar a sus padres como consecuencia inevitable del paso de los años, en esta guerra son los padres los que han tenido que enterrar a sus hijos, muertos de manera violenta y prematura.

Todas las partes en conflicto (grupos insurgentes, fuerzas armadas estatales, grupos paramilitares) han cometido graves delitos y es tal magnitud la catástrofe humana causada por la confrontación, que ni siquiera conocemos a ciencia cierta las cifras. De manera aproximada: entre 1958 y 2012 murieron 40.787 combatientes, y 250.000 personas civiles perdieron la vida en medio del conflicto. Siete millones de personas sufrieron desplazamiento forzado. 117.646 personas se encuentran desaparecidas. 32.000 personas fueron secuestradas en hechos relacionados con el conflicto. 15.000 menores fueron reclutados para la guerra y miles de mujeres fueron violadas o sometidas a abusos sexuales por actores del conflicto.

Nada de esto debió haber sucedido y nada de esto debe volver a suceder. Rompamos para siempre con la guerra.

2) Alcanzar la paz es la urgencia suprema para nuestro país. Nuestra Constitución Política reconoce la paz como la razón de ser de nuestra asociación política, fin último del Estado colombiano y derecho fundamental: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Preámbulo y artículo 22), derecho que implica garantizar a todos los seres humanos una vida libre del lastre de la guerra y la renuncia definitiva a la guerra como método de resolución de conflictos.

3) Si el fin es la paz, el camino no puede ni debe ser la guerra. La paz se construye por medios pacíficos: el diálogo, la negociación, el acuerdo, nunca por medios violentos. Persistir en un incierto esfuerzo militar orientado a la derrota militar de las FARC sólo serviría para eternizar la guerra y traer más desastres y luto al país.

Quienes reclaman la derrota militar de las FARC y se oponen a la solución negociada del conflicto, deberían tratar de ponerse imaginativamente en el lugar de las personas que han sufrido la guerra, sobre todo los habitantes de los campos y los pueblos, y actuar de manera sensible y responsable; no pensar sólo en la situación personal, sino con sentido colectivo y comprensivo. Seamos generosos ante el porvenir, porque un proceso de paz no se hace en nombre del pasado, sino en nombre de un mejor futuro, para superar el horror, los odios y todo espíritu revanchista. Desarmemos los espíritus.

4) Los colombianos no estamos condenados a vivir en guerra. Alcanzar la paz depende de nuestra voluntad y hoy más que nunca está en nuestras manos: las FARC han dado muestras de una auténtica voluntad de paz y esta oportunidad no se puede desperdiciar; es preciso hacer que de disparar y matar en el monte, los insurgentes se integren en la vida civil, legal y democrática del país, como se hizo antes con otros grupos insurgentes que se disolvieron tras la firma de un acuerdo de paz y cuyos miembros pasaron a la legalidad y se sometieron al veredicto de las votaciones.

5) Para alcanzar la paz a través del pacto entre viejos enemigos políticos y militares se hace necesario transigir: la paz requiere buscar puntos en común, hacer concesiones mutuas para construir una nueva convivencia. Es necesario otorgar beneficios en materia penal (amnistía –parcial y condicionada–, indultos, rebajas de pena, penas alternativas a la prisión, libertades condicionales) para obtener la voluntad de paz de todas las partes en conflicto. De eso trata la justicia transicional: una justicia especial distinta de la ordinaria que se aplica para facilitar el paso a un futuro mejor y que implica que  habrá sanciones penales efectivas y beneficios penales a cambio del abandono de la lucha armada por parte de los insurgentes, la revelación íntegra de la verdad, el reconocimiento de responsabilidad, la reparación material y moral a las víctimas y el sometimiento a la Constitución y a la ley, con lo cual el acuerdo cumple con los estándares mínimos del derecho internacional. También se concederán beneficios en materia penal a militares, policías y paramilitares autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; si el país se va a reconciliar, debe haber beneficios para todos los actores armados.

6) La paz debe tener prioridad sobre el castigo: ante los horrores de la guerra, toda terminación es buena, aunque no se haga completa justicia a las víctimas (en términos de castigo), lo cual se compensa con justicia reparadora y con verdad. El acuerdo de paz es preferible a la continuación de las matanzas, secuestros, desplazamientos forzados, desapariciones, destrucción de las infraestructuras y bienes civiles. Quienes se obstinan en el castigo se están negando a ver esta realidad.

7) La paz está más allá de los colores y partidos políticos: porque la paz es una necesidad urgente para todos los seres humanos, y su realización es un asunto público que no depende de quiénes sean los gobernantes y quiénes sus opositores. La paz nos incumbe a todos por igual, independientemente de las experiencias y emociones personales, de si somos o no víctimas, de cuál sea nuestra ideología y preferencia política, y de si queremos y podemos perdonar o nunca vamos a perdonar. No hay que amar a los victimarios ni perdonarlos para querer la paz y apoyar su búsqueda a través del diálogo y del pacto político.

8) Con la paz no se realiza todo lo bueno, pero sí se soluciona el peor de todos los problemas: la guerra es el peor de los males sociales y ponerle fin es condición necesaria para abrir nuevos y mejores horizontes a nuestro país. Con el Acuerdo final de paz se desarmarán más de 8.000 colombianos; se dejará de sembrar minas antipersonas y continuará el desminado de las existentes, se dejará de reclutar niños y mujeres para la guerra, se acabarán las tomas violentas de poblaciones, se reducirán en más del 80% la muerte de soldados y policías. Disminuirán el miedo y la zozobra.

Solucionado el peor de los problemas, vamos a tener más recursos, más tranquilidad, más energía, más tiempo para ocuparnos ahora sí de los otros graves problemas del país, a los que no les prestamos suficiente atención a causa del conflicto armado; por ejemplo, el abandono del campo, la falta de oportunidades para los jóvenes, la pobreza generalizada, la carestía, el acceso a la educación y a los servicios de salud, la corrupción en la administración pública, el desempleo. Esos son retos para las próximas décadas que necesitamos afrontar en una situación de paz.

9) El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera goza de la mayor legitimidad política y jurídica: fue alcanzado tras largas sesiones de discusión sobre los puntos de una agenda pública, con audiencia a las víctimas y a representantes de la sociedad civil (empresarios, indígenas, comunidades afrodescendientes, académicos, mujeres cabeza de familia), con la participación de las instituciones públicas (Presidencia de la República, Ministros, Congreso, Corte Constitucional), dos ex Generales del Ejército y de la Policía, la Iglesia católica, Iglesias cristinas y con el acompañamiento de la comunidad internacional (Noruega, Chile, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, pueblos y países del mundo entero que han manifestado su apoyo al proceso de paz).

Este Acuerdo Final constituye la paz posible para los colombianos, la mejor paz que podíamos alcanzar en medio de tan cruda guerra y, si bien tiene algunos puntos discutibles al igual que sucede con cualquier negociación, tiene el gran mérito de ponerle fin a una guerra prolongada y feroz. Globalmente es un buen acuerdo y es en bloque como nos vamos a pronunciar frente a él según lo establecido por la Corte Constitucional, dando nuestra aprobación.

10) El No es un voto por la continuación de la guerra: es falso que votar No al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto es votar por la paz y por otra negociación con las FARC. Esta oportunidad de terminar la confrontación armada con las FARC es única; cuatro años de trabajosas y complejas negociaciones en La Habana no se repiten, ni es correcto reversar los pasos efectivos que ya se han dado hacia la finalización del conflicto armado, como el cese al fuego bilateral y definitivo que está haciendo real la vuelta a la paz en regiones azotadas tiempo atrás por la violencia.

Votar Sí al Plebiscito es apoyar el fin de la confrontación armada con ese grupo y no implica que vayamos después a votar o apoyar a las FARC o a sus líderes.

La oportunidad para la paz es ahora y debemos estar a la altura de las circunstancias históricas, por un mejor futuro para el país y las nuevas generaciones, que no tienen por qué padecer lo que nosotros padecimos, ni heredar viejos odios, venganzas y violencias.

Como ciudadanos de un Estado democrático tenemos el poder del voto para dar una nueva orientación a nuestra vida colectiva. Debemos votar de manera responsable, porque se trata de un asunto muy serio: dar el paso decisivo a la paz, terminar la guerra y no volver a conducir a más jóvenes pobres, campesinos de regiones olvidadas a pelear, a quedar lisiados o a morir.

 

Esto fue escrito por

Gloria María Gallego García

Abogada de la Universidad de Antioquia y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza (España), con la tesis doctoral "Violencia y política. En los confines de la política, el derecho y la moral". Se desempeñó como profesora de derecho penal durante varios años en la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad EAFIT. De igual forma se desempeña como directora del grupo de investigación "Justicia y Conflicto" de la misma universidad. Es también directora de la Cátedra para la Paz, la Memoria y la Reconciliación; con la colaboración del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Casa de la Memoria de Medellín.