Vivir sabroso contra doscientos años de dominación moderno-colonial en Colombia

(Photo by Juan BARRETO / AFP)

¿Qué significa vivir sabroso? Es claro que se trata de un modo de vida que cualifica el estar en el mundo, que aspira al mejoramiento personal y social de los ciudadanos y las ciudadanas en Colombia pretendiendo alcanzar un cierto ideal de felicidad. Pero para llegar a esta forma cualificada de existencia hay que reconocer los doscientos años de dominación moderno-colonial que la preceden.

Es una dominación colonial porque el encuentro cultural entre Europa y América deja huellas en una sociedad que hace costumbre la subalternidad y el menosprecio al otro en su diferencia y experiencia de pluralidad de la vida en el territorio. Es moderna porque el liberalismo democrático, el mismo que pregona los ideales de igualdad y fraternidad, trae al ruedo el modelo de gobierno colonial, reproduciendo castas endogámicas en el poder y que al finalizar este gobierno, dieron hasta el último momento la espalda a las víctimas del conflicto armado en Colombia, como efectivamente ocurrió con la entrega del documento Hay futuro si hay verdad, informe final de la Comisión de la verdad, mientras la inasistencia del presidente Iván Duque Márquez daba el testimonio de la indiferencia.

El gesto del mandatario saliente es una respuesta a los más de doscientos años de dominación moderno colonial y que hacen difícil el vivir sabroso en Colombia, divisa que caracteriza el discurso político de Francia Márquez, la nueva vicepresidenta electa. Para apreciar los antecedentes de este fenómeno social y político basta con pasar revista a esta historia de antagonismos y luchas fratricidas.

En principio, Colombia es un territorio que comparte una nacionalidad híbrida. De un lado persiste una concepción terrígena y afrodescendiente que corresponde al modus vivendi de los pobladores originarios de los territorios africanos y propiamente de los que habitaron estas tierras.

A su vez, otra es la nación que surge de cara a la experiencia de la conquista y posterior dominación colonial, situación que trajo como consecuencia la imposición del mundo blanco, hispánico y católico sobre las otras formas de constitución política y de gobierno. De este proceso histórico se origina una mixtura cultural que resulta antagónica, en particular por las orientaciones que pueda tener una determinada forma de gobierno.

Para los indígenas, como para las culturas afro, y para los españoles, gobernar implica distinguir formas de orientar la comunidad y su territorio de maneras diversas, las cuales rivalizan entre sí. Para profundizar se podrían formular las siguientes preguntas a los lectores: ¿Cuáles consideran ustedes serían los valores de gobierno que se desprenden de una organización social como la indígena o la afro, y de qué manera podrían rivalizar con las formas europeas encarnadas por los hombres blancos provenientes de España?

La experiencia colonial consolidó la conquista española. Ello significó la borradura de las herencias indígenas y afrodescendientes, situación que oficializó el español como la lengua que se debía hablar en las colonias de ultramar. Parejo a ello se instaura la religión católica como doctrina para la moralización y el pastoreo social, además de ser dispositivo para el blanqueamiento cultural. En este orden de ideas surgen cuestionamientos para nuestros lectores y que se podrían formular así: ¿Cómo se imagina usted las dinámicas de gobierno en los tiempos de la colonia en un territorio como el colombiano?, ¿Conoce usted el proceso histórico-colonial de la encomienda? ¿Qué sentido tenía gobernar desde la encomienda?

La imposición del mundo criollo contra el español se debió a una generación que impuso una forma de gobierno que busco ante todo la emancipación y la liberación de los pueblos americanos de cara al imperio español. El gobierno criollo declaró abiertamente una nueva forma de gobierno a partir del acta de la independencia. Partiendo de esta realidad política y jurídica, se podría cuestionar al lector en lo siguiente: ¿De qué modo el documento acta de la independencia y que surge luego de los episodios ocurridos el 20 de julio de 1810, nos entera sobre la idea de gobierno que buscaban legitimar los criollos emancipados en aquel periodo de la historia colombiana?

En el año de 1902 se ensaya en Colombia un esquema de reconciliación política en el que se alterna el liberalismo económico con el conservatismo político (Palacios, 1995, p.73). En este periodo de la historia política se suceden una serie de gobiernos que se enrutan en esta dirección; es así como se destaca el quinquenio de Rafael Reyes (1904-109), con un fuerte sentido autoritario y dirigista, y otro periodo de corte republicano que se caracterizó por su tendencia federal y en apertura al librecambismo (1910-1914).

Este periodo se prolonga hasta los años 40, bajo otros 16 años de gobierno en los que se sucedieron los mandatos de José V. Concha (1914-1918), Marco Fidel Suárez 1918-1921), Jorge Holguín (1921-1922), Pedro Nel Ospina (1922-1926) y Miguel Abadía Méndez (1926-1930). Todos estos gobiernos estuvieron sometidos a violencias intestinas.

Sin embargo, uno de los episodios más escandalosos se produce con las huelgas contra las empresas extranjeras de Tropical Oil Company entre el año de 1924 y 1927 y también en contra de la United Fruit Company en el año de 1929. Ambas empresas norteamericanas que fueron apoyadas por el estado colombiano, desatendiendo el clamor justificado de la clase trabajadora, por un mejoramiento en las condiciones salariales y que se hicieron patente en la huelga. Las voces fueron desoídas por la dirigencia pública y privada de tal modo que las manifestaciones populares fueron reprimidas con violencia. Bajo el auspicio de las fuerzas militares colombianas las protestas fueron acalladas con fuego y sangre. En este orden de ideas cabe la pregunta de ¿partiendo de este episodio oscuro del gobierno en los años 30, se podría pensar que vivir sabroso de aquel entonces tuvo como finalidad el mejoramiento de la vida de los ciudadanos colombianos? Este claro ejemplo puso de presente que el apoyo político del estado colombiano estimaba en mayor grado las dinámicas de apropiación de los territorios por parte de las empresas extranjeras (principalmente de las norteamericanas, y sus negocios con el banano acaparando baldíos y fuerza trabajadora de una forma muy rentable) a contrapelo de las exigencias de los huelguistas, apreciados como servidumbre barata que debía rendirse ante el gran servicio de industrialización que prestaba la fuerza empresarial extranjera.

Un segundo periodo de la violencia se produce entre 1930 a 1958. El liberalismo asume el poder entre 1930 a 1946, para luego surgir un estado de sitio o periodo de las dictaduras que se da entre 1946 a 1958 (Palacios, 1994, p. 131). La ciudadanía trata de ser recuperada por las figuras políticas de los liberales Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-2945) y Jorge Eliecer Gaitán (representante político de las bases más populares y que es asesinado en las calles de la ciudad de Bogotá) y los conservadores Laureano Gómez (1950-1953), Enrique Olaya Herrera (1930-1934), Eduardo Santos (1938-1942) y el conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950).

Todas estas figuras políticas asumieron el presidencialismo como principal estilo de gobierno, mientras ello fue incubando la imposición de la dictadura que se produjo en el año de 1953 con el golpe militar. Al final de este periodo de la historia el ejército emerge como un “árbitro supremo del conflicto político” (Palacios, 1995, p. 132). Esta última situación pone de presente que paradójicamente frente a la ampliación de la esperanza ciudadana bajo las figuras presidenciales, cambia drásticamente por cuenta de una dictadura militar que determina que la mejor forma de gobierno para un país en caos se produce en la consolidación de una élite plutocrática (De Zubiria, 2015, p.204.) El cierre de la vida ciudadana por cuenta de una imposición de la violencia de Estado por obra de las élites en el poder puede ser caracterizado a juicio De Zubiría de la siguiente manera:

La primera, constata cómo la esperanza en la ampliación de la ciudadanía culmina en una dictadura y en la consolidación de una élite plutocrática. La segunda, asevera el carácter trágico que asume el hecho de que las movilizaciones sociales aparecieran, paras las clases altas de ambos partidos y para el clero, como un “peligro inminente”, con lo que se consolidó una matriz política de “moderación por arriba, sectarismo por abajo” o, en términos más antidemocráticos, el “periodo de la plebe”. La tercera, destaca cómo, desde ese momento histórico, el Ejército emergió como el “árbitro supremo” del enfrentamiento político, se convirtió en “baluarte del orden”, en un doble sentido: el primero, el constitucional de preservar el orden público interno, y el segundo, el ideológico, como defensores a ultranza del statu quo social y sus privilegios (De Zubiria, 2015, p. 204).

Entre 1945 y 1964 la historia de Colombia es nominada por el investigador Marco Palacios (1994) como un periodo marcado por el autoritarismo político, en el que el estado de derecho se caracteriza por imponer un estado de sitio permanente. La respuesta ejercida por las élites políticas tradicionales (liberar y conservador), no fue muy diferente a la dictadura del general Rojas Pinilla. Esta continuidad fue nominada como el Frente Nacional (FN), la cual puede ser descrita en cuatro fases y que explican el fenómeno de la violencia que dominó entre 1945 y 1966.

En primer lugar, la imposición del sectarismo tradicional que va de 1945 a 1949. Segundo, la abstención liberal en 1949 con el fin del gobierno militar en el año de 1953. La violencia de los pájaros ocurrida en 1954 a 1958. Finalmente se produce una violencia residual ocurrida con la caída de Rojas en 1964, en medio de un panorama caótico y propicio para la aparición de la causa guerrillera por cuenta del gamonalismo armado (que hoy día se conoce como paramilitarismo) y los intentos de las bandas por incorporarse a la vida civil (Palacios, 1994, p. 189).

Todas estas formas de la violencia política se desataron en buena parte del territorio nacional. La primera se produce en los lugares densamente poblados: al tratarse de una lucha de los partidos políticos que se impuso sobre la población, la violencia fue concentrándose en las grandes ciudades, acompañado por la lucha electoral y clerical. La segunda se ubica sobre todo en los espacios de frontera, en territorios en donde la lucha guerrillera y contra guerrillera se hace más virulenta y desigual: esta se da en los Llanos, el norte cafetero del Tolima, el Sumapaz, la zona de Urabá en Antioquia, Muzo en Boyacá o el bajo Cauca y el Magdalena medio. La tercera forma se produce en la zona cafetera del Quindío y se extiende con la colonización antioqueña, la cual desencadena conflicto en los territorios del Urabá que limitan con el Choco. Partiendo de esta descripción histórica, valdría la pena preguntar ¿cómo definir el vivir sabroso bajo el autoritarismo y el estado de excepción?

La captura del Estado por cuenta del bipartidismo y la instauración del Frente Nacional (FN), las consecuencias sociales en el campo popular, dieron lugar a una serie de cambios que se hicieron notar con la recuperación de la autonomía política de amplios sectores sociales, incrementando la lucha de clases, consolidándose el pensamiento crítico y de izquierda, mayor independencia ideológica y el surgimiento de nuevas formas de resistencia asociadas con formas creativas que responden ante los mecanismos de dominación estatales y paraestatales.

Este fue un momento de la historia donde la agitación social se hizo intensa a través de paros cívicos, huelgas, invasiones, protestas, luchas urbano-regionales, luchas indígenas, campesinas de mujeres, luchas estudiantiles, nacimiento de las insurgencias, etc. Entre el año de 1974 a 1982 se produce en Colombia un auge de las luchas sociales. Sin embargo, todo este ambiente de la protesta social fue eclipsado por la persecución y la violencia de estado. Se instaura una política represora en la que el Frente Nacional, en 192 meses de gobierno, 126, es decir, 2 de cada 3 meses, fueron vividas bajo el Estado de Sitio; por ejemplo, en los registros de la prensa nacional aparece 4.956 asesinatos de dirigentes populares, es decir, que cada día se daba muerte a un líder social. Mientras esto se produce en el plano local, la llama de la violencia fue atizada por la amenaza nuclear y la confrontación entre oriente y occidente en los momentos más oscuros de la guerra fría:

Un periodo marcado en el contexto internacional por la guerra fría y su corolario anti-comunista y contrainsurgente del “enemigo interno”, las “guerras de baja intensidad” y la “seguridad nacional”; así como el fantasma de las triunfantes revoluciones china (1949) y cubana (1959). Un momento planetario altamente polarizado con rasgos manifiestos de maniqueísmo en el campo político, ahora se exacerba un “nuevo enemigo”; los terceros partidos, los sindicatos clasistas, el Socialismo y el Comunismo. No hay que olvidar la magistral y preocupante afirmación de Gerardo Molina, para toda nuestra historia política: “Colombia, ofrece la particularidad de que antes de que hubiese socialismo ya había…antisocialismo (De Zubiria, 2015, p. 223).

Con un panorama internacional dominado por la bipolaridad política y económica entre capitalistas y comunistas, en al ámbito nacional se producen una serie de transformaciones sociales que ponen de presente no el progreso ni el desarrollo de las mayorías empobrecidas en Colombia sino el dominio de la desigualdad (Tirado Mejía, 2019).

Tras las crisis generadas por el frentenacioanalismo en Colombia, el periodo que va de 1982 a 2014 pone de presente el incumplimiento de las promesas pendientes, primordialmente las relacionadas con el pacto social y la esperanza de la paz. En efecto, las respuestas por parte de los gobiernos a la problemática de fondo que ha escindido el país en fracciones y agrupaciones que rivalizan entre sí fueron ambiguas y paradójicas. Por ejemplo, mientras las expectativas inician con el mandato del presidente Belisario Betancourt (1982-1986); este proyecto de paz fue precedido por un gobierno de represión y violencia de estado, que, a través de un programa de seguridad ciudadana denominado “Estatuto de seguridad” liderado por el presidente Turbay Ayala (1978-1982), representó para la sociedad la persecución a la oposición y la violencia de estado contra los movimientos políticos alternos a los de la dirigencia tradicional. Estas figuras presidenciales y sus aspiraciones de paz se derrumban por cuenta de una realidad nacional que se encuentra en conflicto por tres elementos que desencadenan violencia institucional y no institucional: en primer lugar, la ocupación del territorio nacional por fuerzas paramilitares que en complicidad con el ejército regular fueron agenciando sobre la población civil una suerte de terrorismo de Estado; en segunda instancia, el incremento de la violencia insurgente que se hace más fuerte por su relación con el negocio del narcotráfico, situación que se ve favorecida por el alto valor que adquieren las drogas ilícitas en el mercado transnacional. Y, en tercer lugar, todo lo anterior se degrada por obra de una violencia entre los carteles de las drogas en contra del Estado y la población civil, que deja a su paso destrucción y muertes por doquier. De esta manera lo plantea De Zubiria:

A nivel cuantitativo los datos son contundentes, entre la posesión de Barco, en agosto de 1986, y mayo de 1999, habían estallado 19 carros bomba. 250 policías habían caído víctimas de sicarios, la guerrilla había volado 125 veces el oleoducto Caño Limón. Coveñas y miles de militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista habían caído asesinados (De Zubiria, 2015, p. 235).

Las drogas ilícitas propician una nueva dinámica de la economía transnacional que produce riqueza y poder a los intermediarios y traficantes, mientras que los nacionales perpetúan las guerras con las instituciones y ambos, en confrontación, ponen los muertos. Esta nueva economía inicia en los años 70 y paradójicamente se sitúa bajo la figura comercial y de consumo que se produce en los Estados Unidos. No en vano para el año de 1974 será el presidente Richard Nixon quien exprese un objetivo de estado declarar la “guerra universal contra las drogas”. Hasta prolongarse en los años 90, Colombia ha vivido además de la guerra contra las drogas, otras dos: la que se declara contra el terrorismo y la que viene de tiempo atrás y que viene gestándose en contra de la insurgencia armada.

Desde los tiempos de Turbay Alaya (1978-1982), hasta el mandato de Santos (2010-2014), en un periodo cercano a los 36 años, la vida política en Colombia ha oscilado de la paz a la guerra, que semeja a un movimiento pendular, y donde se pone de presente una historia de contrastes en la que la paz era una posibilidad plausible y deseada, hasta devenir en la barbarie y el recrudecimiento de la violencia de estado. Tal y como lo resume el filósofo Sergio De Zubiria:

Hemos vivido actos en nombre de la paz en lógicas de guerra. Los títulos que utiliza Fernán González para caracterizar los gobiernos de esta etapa evocan esta pendularidad u oscilación: “Reforma constitucional y apertura económica (Gaviria); “crisis de gobernabilidad y giro estratégico de la guerra (Samper); “Intensificación de la guerra en medio de los diálogos de paz (Pastrana); “recuperación militar del territorio y desinstitucionalización” (Uribe); “señales de optimismo” (Santos). Iniciamos con una especie de titulación neutra sobre la vida institucional (“reforma institucional”), pasamos al extremo de la guerra (“giro estratégico de la guerra”, “intensificación de la guerra”, “recuperación militar del territorio”) y culminamos haciendo peticiones a la esperanza (“señales de optimismo”) (De Zubiria, 2015, p. 242).

El gobierno que concluye su periodo, el del presidente Iván Duque (2015-2022), fue un regreso al lenguaje bélico y enemigo al acuerdo con la insurgencia. Su gesta política ha sido la de la persecución a los líderes sociales y en general la prolongación de la estrategia uribista de instaurar la militarización de la sociedad como mejor estrategia para mantener el orden social.


Bibliografía

De Zubiría, Samper, Sergio (2015). Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano. Pp. 197-246. En: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Desde Abajo: Colombia.

Fajando, M., Darío (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Pp. 361-419. En: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Desde Abajo: Colombia.

Palacios, Marco (1994). Entre la legitimidad y la violencia 1875-1994. Norma editores: Colombia

Tirado, Mejía, Álvaro (2019). Introducción a la historia económica de Colombia. Editorial Universidad de Antioquia: Medellín.

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Juan Sebastián Ballén Rodríguez

Licenciado en Filosofía y Letras
Magister en Filosofía
PhD. en Filosofía

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