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Una política de muerte

No queda duda alguna que parte de la política de defensa y seguridad en nuestro país, ha estado entremezcladas con políticas de muerte, que vulneran el derecho más sagrado que todos los seres humanos tenemos: el derecho a la vida.


Un nuevo paso en el esclarecimiento de uno de los fenómenos más oscuros del conflicto armado colombiano desató esta semana un clima de tensión en el país: Hace un par de semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz, en calidad de organismo encargado de investigar, imputar y judicializar a los actores del conflicto armado interno en Colombia, hizo tenebrosas revelaciones sobre el modo por el cual, presuntamente, miembros de las Fuerza Militares ejecutaron, de manera sistemática, el asesinato de varios jóvenes de la sociedad civil  para presentarlos como bajas en combate y así, ser destinatarios de honorarios, incentivos y condecoraciones por parte de los altos mandos. Si bien, estos hechos tienen registro, según informes de la Corte Penal Internacional, desde los mandatos de Virgilio Barco (1986-1990), Cesar Gaviria (1990-1994) Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), fue en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) donde se presentaron más del 60% de los casos que ha documentado el tribunal de Justicia Transicional.

Sumado a lo anterior, numerosos informes presentados por organizaciones no-gubernamentales como Human Right Watch  y Amnistía Internacional   dan cuenta de la sistemática y redundante connivencia entre miembros del Gobierno Nacional desde 1998 hasta 2010 con miembros de las Fuerzas Militares para la promoción de ascenso a un sinnúmero de Comandantes, Brigadieres y Generales sobre los cuales existían investigaciones sobre el respaldo  y  complicidad de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia antes de la firma del Acuerdo de La Habana; muchos de los casos mencionados llevaban algunas investigaciones en la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, la JEP ha encontrado que dicha entidad tiene un registro un poco superior a 2000 casos, cuando, en realidad,  la exhaustiva búsqueda del nuevo tribunal de paz documenta un poco más de 6000 hechos en las que la Fuerza Pública (miembros del Ejército, Infantería, Policía Nacional) habría presentado bajas en combate a civiles que actuaban bajo los parámetros de la ley, presentándolos como delincuentes o miembros activos de grupos al margen de la Ley.

Además de este espeluznante capítulo de la historia de nuestro país, el informe de la JEP deja en tela de juicio la seriedad y el compromiso del Estado colombiano para la reparación de las víctimas, subyugando a quienes padecieron esta atroz escena del conflicto armado interno a una irrebatible impunidad por parte de los mismos organismos judiciales que, once años después, no han adjudicado las sanciones adecuadas a los victimarios de dichas actuaciones y buscan, desde todos los recursos retóricos posibles, negar y ocultar la verdad al país.

De acuerdo a lo expuesto, es importante acotar que los falsos positivos se hicieron más notorios en Colombia, mientras Álvaro Uribe Vélez, en los periodos presidenciales 2002-2010, porque aumentaron drásticamente las cifras tanto de episodios y como de víctimas de esos delitos, porque se presentaron por la presidencia como muestra de efectividad y eficacia de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, implementada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa en junio de 2003. Esta afirmación es corroborada por la publicación denominada “La Política de Seguridad Democrática y las Ejecuciones  Extrajudiciales[1]”  de la Universidad Javeriana en la Revista Universitaria Económica, ,donde se  explica la exacerbación de los falsos positivos mientras fue implementada la política de seguridad democrática entre 2002 y 2010, periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez,  tomando como referencia que la tasa promedio de falsos positivos por cada 100 mil habitantes se incrementó en 154% pasando de 0,11 entre 1990 y 1999 a 0,28 entre 2000 y 2009.

De esta forma, el resultado de la puesta en marcha de esta política frente al discurso ideológico y político allí representado, indica que el paso del tiempo y la fuerza de los acontecimientos revelaron el contenido del discurso ideológico y político del gobierno de Uribe Vélez, el cual empleo siempre la mentira en forma sistemática valiéndose estratégicamente de los medios modernos de comunicación. La mentira en la política y en la guerra era y es prácticas cotidianas mucho más elaboradas y refinadas, representadas en falsos positivas, corrupción, paramilitarismo y las conocidas “chuzadas” desnudaron al gobierno; confrontaron el discurso frente a la realidad.

Desde esta perspectiva, cuando al referirse al discurso de la seguridad democrática en el metarrelato de la lucha global contra el terrorismo bajo la retórica del derecho penal del enemigo, en donde explica que la respuesta del gobierno ante la sociedad frente al terrorismo utilizo los Mass-media o medios masivos de comunicación, que utilizaron técnicas de manipulación identificadas por narrar una realidad fraccionada y distorsionada a favor de sus necesidades. Se trataba de un régimen populista evidentemente mediático, difundiendo explosivos comunicados, que actuaba constantemente en el desarrollo y afianzamiento de la Seguridad Democrática, mediante una sucesión de hechos como hechos – información – medios masivos – manipulación.

Antes estas horrendas revelaciones, la reacción del expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores ha sido algo similar: continuar una apología, sin justificación, a su política de Seguridad Democrática, responsabilizar a la Jurisdicción Especial de Paz de ser un “patrocinador del terrorismo” y de ser una justicia “ideologizada” al servicio de su sucesor Juan Manuel Santos y las FARC, cuando su creación en realidad, está motivada en hacer un esclarecimiento total de todas las actuaciones de TODOS los actores del conflicto armado interno, desde guerrilleros – que al día de hoy ya han sido imputados por delitos de lesa humanidad como secuestro y masacres- hasta los miembros de la Fuerza Pública –como el General (Retirado)  Mario Montoya que ya ha sido llamado a responder por los crímenes cometidos por los falsos positivos – y así crear un panorama mucho más amplio y verídico de lo sucedido durante el conflicto que ha dejado miles de víctimas desde su inicio y que, hoy, lastimosamente, resurge gracias a la fallida estrategia del Gobierno del Presidente Iván Duque para implementar el Acuerdo de La Habana firmado en 2016 y de la campaña de estigmatización de su partido, el Centro Democrático, hacia la esperanza de un país que regresa a las masacres, a los secuestros y a la ignominia del Estado frente a su obligación constitucional a prestar seguridad a sus connacionales.

Es curioso, que quienes hoy niegan la sistematicidad de estas desalmadas actuaciones, son los mismos que hoy quieren borrar, con la otra mano, la memoria histórica del conflicto armado interno. Hace algunos meses, el actual director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, modificó el registro de exposiciones que daban cuenta de la masacre cometida por el Estado Colombiano, en su campaña de extinción del movimiento político Unión Patriótica (UP), donde ya existen condenas y numerosas investigaciones a miembros de la Fuerza Pública que en connivencia con grupos paramilitares, buscaron erradicar el grupo político de izquierda que participaba en las elecciones democráticas de los años 80.

A la luz de estos hechos, no queda duda alguna que parte de la políticas de defensa y seguridad en nuestro país, han estado entremezclados con políticas de muerte, que vulneran el derecho más sagrado que todos los seres humanos tenemos: el derecho a la vida. Este artículo no solo funge como una herramienta pedagógica para desentrañar este tenebroso episodio de la historia de Colombia, es también un llamado a todos los colombianos, para que alcemos nuestra voz ante la amenaza constante a la cual hoy esta nuestra patria: el regreso de la horrible noche. En lo corrido del 2021, 14 masacres han sido documentadas en nuestro país ¿pura casualidad? No lo creo.


[1] Para leerla CLICK AQUÍ: