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¡No más Familias en Acción!

Es un hecho: el que dijo Uribe será nuestro próximo presidente durante los próximos cuatro años (o más, si logra cambiar algunos articulitos). Los grandes, grandes empresarios, a quienes el sociólogo estadounidense Noam Chosmky llamara “los amos del mundo” no caben de la dicha. Saben que con Duque no se tocarán sus jugosas exenciones tributarias ni se les aumentarán los impuestos para financiar un sistema de educación público, gratuito y de calidad como proponía Petro. Sin embargo, si Duque no va a poner en marcha un sistema de educación público, gratuito y de calidad y no va a acabar con las EPS ¿Qué hará entonces para tener contenta a la prole durante los próximos cuatro años? ¿Acaso le dará a los pobres mermelada en forma de subsidios? La respuesta, sin temor a equivocarme es sí. De hecho, los subsidios como Familias en Acción fueron creados durante la primera administración de su jefe político, Álvaro Uribe. Vale la pena hacer un breve recuento de cómo transitamos de una política social basada en el aseguramiento a una basada en el asistencialismo, que lo único que promueve son las trampas de pobreza y el debilitamiento de la democracia, como se argumentará más adelante.

Mientras que tras el periodo de posguerra, los países de la península escandinava le apostaron a modelos de protección social de carácter universal, en América Latina y en general en los países del mal llamado “Tercer Mundo” se optó por políticas asistencialistas basadas en Transferencias Monetarias Condicionadas (en adelante TMC) o subsidios para aquellas personas que no lograban acceder a sus derechos sociales vía mercado. Casos como el de Progresa en México (pionero de los programas de TMC en América Latina) y el de Bolsa Familia en Brasil hablan de la importancia de estos en la agenda gubernamental neoliberal. En Colombia, estas políticas fueron implementadas en el primer mandato de Álvaro Uribe (2002-2006) y fortalecidas en el segundo mandato de este (2006-2010).

El economista colombiano César Giraldo, clasifica los sistemas de protección social en tres grandes grupos: los sistemas aseguradores, los asistencialistas y los universalistas. A grandes rasgos, podríamos definir el sistema de protección social asegurador como aquel donde el acceso a los derechos sociales, se garantiza en función de la afiliación al mercado laboral. En este modelo podríamos encajar a Colombia entre 1950 y 1990, periodo durante el cual se crea una institucionalidad pública que garantiza de manera bastante limitada seguridad social, salud y educación a los trabajadores del sector privado y del Estado (Giraldo, 2006).

El segundo sistema es el sistema asistencialista, en el cual el Estado pone en manos del mercado el acceso a la protección social. El asistencialismo es la realidad viviente de nuestro país tras la implementación de reformas de corte neoliberal en el Gobierno Gaviria, y fortalecidas posteriormente por todos los gobernantes de turno. Las personas pobres, al no poseer el poder adquisitivo para pagar seguridad social, salud y educación, se ven obligadas a apelar a la caridad del Estado, quien les garantiza subsidios y el acceso muy limitado a sus derechos sociales, a través de actores privados.

En Colombia, se debe demostrar ser el más necesitado, el más pobre, el más miserable para lograr obtener la precaria ayuda del Estado. Con el gobierno de Álvaro Uribe, ese asistencialismo básico se fortaleció a través de las TMC que no son más que sumas de dinero transferidas a personas vulnerables, previo cumplimiento de requisitos solicitados solicitados por el Departamento para la Prosperidad Social. Para la financiación del programa, el gobierno acudió a créditos con la banca multilateral (Banco Mundial y BID) y aunque en su momento se dijo que Familias en Acción sería un programa transitorio, la realidad es que dada la cobertura que ha alcanzado, hoy en día parece imposible desmontarlo o si quiera, poner en discusión su pertinencia.

En una entrevista realizada hace unos meses tuve la oportunidad de conversar con una beneficiaria del programa y conocer someramente su intención de voto para las próximas presidenciales: “Yo le daría mi voto presidencial al candidato que me prometa que Familias en Acción no se va a acabar” señaló. Ese breve comentario, podría indicarnos el grado de desquicio y desequilibrio al que ha llegado nuestra democracia: ciudadanos votando por el candidato que les asegure la continuidad de un subsidio y no la garantía de derechos sociales y económicos como el derecho a la educación desde el jardín hasta la universidad o el derecho a la salud, en el sentido más amplio de la palabra. No es casualidad entonces que, en campaña, Iván Duque se hubiese dedicado a promover a ultranza el programa Familias en Acción como se puede observar en los siguientes tweets de su cuenta oficial. Por supuesto, al ser el candidato de Uribe Duque, obtiene la facultad divina de prometer subsidios y no ser visto como un populista, castrochavista :

Nada evidencia mejor la premisa de “da para que recibas” (el antropólogo Marcel Mauss lo llama don- contra don) que los programas de TMC: el Ejecutivo, a través de una entidad adscrita a él como lo es el Departamento para la Prosperidad Social, entrega favores y espera la retribución de esos favores más adelante. Ya sucedió, sucedió en Colombia y sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe, quien tras implementar Familias en Acción en su primer mandato, utilizó el programa como plataforma ideológica y política para manipular el voto en las clases populares y perseguir su reelección, prometiendo una mayor cobertura y alcance del programa. Tal como lo afirma Mauss, el regalo o el don de vuelta siempre va a ser más costoso. El precio que los beneficiarios pagan por recibir estos subsidios es un sometimiento implícito a la política social y económica que decida imponer el gobierno de turno, un costo que los colombianos hemos pagado bastante caro: reformas tributarias, entrega de mermelada a congresistas, venta de empresas públicas en sectores estratégicos, desfinanciación de la universidad pública, sólo por mencionar algunos.

Los colombianos y las colombianas ya eligieron y a quienes nos resistimos a pensar que los subsidios son la única alternativa para reducir la pobreza y alcanzar la movilidad social y le apostamos a un sistema de protección social de tipo universalista, similar al de los países escandinavos, no nos queda más que la movilización pacífica y la acción colectiva, pues lo que se viene en el gobierno Duque-Uribe, es el peor ataque a la clase trabajadora y a lo poco que nos queda de la cosa pública. La resistencia durante los próximos cuatro años resulta casi como un imperativo.

 

Esto fue escrito por

Cristian Montoya Giraldo

Ciudadano. Estudiante de Sociología de la Universidad del Rosario. Apasionado por la política, la educación, la movilidad urbana y la economía. Un convencido de que este país SÍ tiene arreglo.