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Los impuestos y el personalismo económico

Decía don Julio Caro Baroja que los españoles no eran individualistas, sino personalistas, lo que no es la misma cosa. El individualista se sabe igual a los demás ciudadanos y entiende que es titular de los mismos derechos y responsable de las mismas obligaciones. El personalista, por su parte, cree que es único en su especie y que esto le confiere prerrogativas especiales y lo dispensa de cumplir obligaciones fastidiosas, que están bien para los demás, pero en modo alguno para él. La discusión sobre el proyecto de ley de financiamiento ha puesto en evidencia que el personalismo es parte arraigada de la herencia que recibimos de la Madre Patria y que al cabo de más de 200 años de vida independiente no hemos podido superar.

Un sistema tributario ideal es aquel que no interfiere, o interfiere poco, en la conducta económica de los contribuyentes, es decir, que las elecciones de los consumidores y de los productores son las mismas sin los impuestos o con ellos. Esto se refiere tanto a la composición de la demanda y de la oferta como a las decisiones de ahorro e inversión. Neutralidad es el nombre de este atributo, que es de buen recibo en una sociedad individualista, pero que repugna en aquellas, como la colombiana, donde prevalece el personalismo económico o el gremialismo, una de sus formas travestidas. El “oenegenismo” es otra de ellas.

En sus intervenciones ante las comisiones del Congreso, recogidas en la ponencia para primer debate, los dirigentes gremiales, con contadas excepciones, mostraron escaso interés por los aspectos generales de la reforma en discusión y se centraron en la defensa de los beneficios particulares ya existentes en el Estatuto Tributario o en la obtención de algunos más.

Por ejemplo, un IVA generalizado, con tarifa única y moderada, es un buen impuesto desde el punto de vista de la neutralidad. Sin embargo, no fue este el aspecto más importante de la discusión y en su lugar aparecieron los argumentos particulares de cada uno de los sectores. Está bien el IVA, declara un gremio, pero no a los libros porque hay que fomentar la lectura; cuidado con eliminar la exenciones en materia de información y cultura, dice el de más allá; nada de gravar la leche, porque los niños la beben; ni las motos de bajo cilindraje, porque la usan los pobres; ni a los ladrillos y el cemento, porque se vuelve inviable la construcción de las viviendas VIS y VIP; etc., etc. etc. En síntesis, todos están de acuerdo con el IVA, siempre que los bienes y servicios de su propio sector queden excluidos, exentos o, por lo menos, con tarifa reducida.

Entonces la mirada se orienta hacia los impuestos directos – renta y patrimonio –  cuya progresividad es, a juicio de los políticos y muchos economistas, el mejor instrumento de la “justicia social”. En el proceso de fijación de los impuestos directos, tanto o más que en los indirectos, se pone de manifiesto de forma superlativa la deshonestidad económica, política y moral de nuestro sistema tributario. Para ganar el aplauso la galería y sin que importe su real incidencia, los políticos buscan fijar las mayores tasas nominales a las empresas, al patrimonio y a las rentas de capital; al tiempo que subrepticiamente se introducen exenciones y beneficios que reducen las tasas efectivas de los agentes económicos con mayor influencia en el congreso o el ejecutivo.Naturalmente todas las exenciones, beneficios y gabelas que se otorgan están animadas por loables propósitos como la preservación del empleo, el incentivo a la formalización o el estímulo a las inversiones en actividades económicas “estratégicas”.

El personalismo económico no es, como parece creer don Julio Caro, un rasgo específico del modo de ser español y, menos aún, una característica de la naturaleza humana. El personalismo y el gremialismo son la respuesta racional de los agentes frente a la acción de un estado hipertrofiado que, otorgando beneficios e imponiendo cargas, invade todos los ámbitos de la vida económica suplantando la acción del mercado.  En la medida en que el proceso voluntario del mercado es distorsionado por los beneficios y cargas arbitrariamente impuestas por el estado, para no resultar perjudicados, los agentes económicos se ven forzados a intervenir intensamente – por medio de sus operadores gremiales, sindicales y políticos – en los procesos de asignación de los impuestos y distribución del gasto público. Esas intervenciones incluyen el soborno y la extorsión.

Desde hace varios años se viene hablando en el País de la necesidad de una reforma que haga más neutral nuestro sistema tributario. La han propuesto los economistas académicos y los técnicos de los organismos multilaterales y, en principio, la aceptan los gremios económicos y muchos dirigentes prominentes de la política.  El actual Ministro de Hacienda intentó hacerla aprobar cuando desempeñaba ese mismo cargo en el primer gobierno del expresidente Uribe. Posteriores intentos han fracasado total o parcialmente. La razón de esos fracasos no se hay que buscarla en el diseño mismo de las propuestas, pues los principios de un buen sistema tributario son ampliamente conocidos desde Adam Smith y no es difícil plasmarlos en un articulado.

El problema radica en que un gobierno que no quiera ser neutral frente a la economía no puede impulsar, y menos gestionar, un sistema tributario que lo sea. La neutralidad del gobierno pasa por reducir su tamaño, renunciar al asistencialismo desaforado y dejar en manos de los agentes privados la mayor parte de las decisiones sobre consumo, ahorro y orientación de las inversiones. Sin eso, los miembros de la sociedad no podrán creer que serán tratados como individuos iguales ante la ley y los tributos y, en defensa de sus intereses, se refugiarán en el personalismo y el gremialismo, que inexorablemente conducen a un estado más grande, cuya viabilidad financiera es periódicamente comprometida las insaciables demandas de subsidios, beneficios, gabelas, exenciones y privilegios de todo tipo.