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El bravo pueblo caucano y sus lecciones de dignidad

El pueblo caucano es bravo, y organizado. Está atravesado por todas las rutas delincuenciales, las de la minería ilegal y las de la coca. Es el departamento donde más líderes sociales han sido asesinados en esta última racha funesta. En el Cauca todas las dignidades étnicas de rebelan y los campesinos reclaman vías y proyectos productivos, pero los días pasan y el paro se mantiene. Todo parece indicar que el paro de este año va para largo, por cuenta del talante del gobierno y del paro nacional que se avecina.

Luego de una semana de movilización indígena en el suroccidente colombiano (en los municipios de El Cairo y Cajibío), los bloqueos en la vía Panamericana por parte de 30.000 manifestantes de diferentes etnias del departamento del Cauca persisten y continuarán, de no contar con la presencia del Presidente Iván Duque, según lo han expresado diferentes voceros del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca).

El paro, que debería ser una situación excepcional, en el Cauca es tan recurrente como la desidia del gobierno central con el departamento. Desde 1999, cuando en Popayán se acabaron los combustibles, las medicinas y escasearon los alimentos en los 35 días que estuvo sitiada, los payaneses siguen una rutina de abastecimiento preventivo que hoy, 20 años después, todavía ponen en práctica porque se sabe el día en el que el paro empieza, pero nunca cuándo va a terminar.

Los indígenas de los pueblos Nasa, Kokonuko, Misak y Páez coinciden en que tanto la manifestación como los bloqueos viales (que han dejado pérdidas por diez mil millones de pesos, según Fenalco) son necesarios para defender la vida y el territorio, que están siendo vulnerados por la falta de cumplimiento de los acuerdos en materia social, económica, cultural y humanitaria que se establecieron durante los gobiernos del expresidente Santos y que requieren un compromiso del actual mandatario.

El paro actual está liderado por campesinos, maestros e indígenas, a los que se suman otras muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas. El movimiento tiene una razón primigenia: el incumplimiento del acuerdo firmado en la movilización del año pasado, que es el mismo que se firmó en 2017, que ya se había gritado en  2016, 2015 y 2014. Una y hasta dos veces por año.

Los manifestantes reclaman el cumplimiento tanto del pliego histórico incumplido, como de la implementación de lo que corresponde al Cauca en el acuerdo de paz, principalmente en los puntos que tienen que ver con el desarrollo rural territorial, aseguramiento del territorio y sustitución de cultivos.

Pero a nadie le importa que no se cumplan los acuerdos en materia de educación étnica, ni que una apendicitis mate por no tener servicio de salud, ni que los niños en los campos crezcan con desnutrición crónica. De lo que alguna vez el Estado reconoció, este gobierno no quiere oír, ni negociar, ni atender. Nadie parece ver cómo campean los carteles de la coca por la cordillera Occidental hasta el Pacífico, ni las dragas ilegales que rompen y envenenan los ríos, ni las minas que se planea explotar en los páramos.

Es indiscutible que la política indígena requiere atención en todo el país, a pesar de los avances que se han logrado gracias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional a favor de la protección y autonomía de los pueblos indígenas, y a los programas y proyectos que se han generado desde el nivel nacional. Falta compromiso y acompañamiento por parte de las entidades locales y regionales, empezando por las gobernaciones.

El pretexto que impera para no operar en materia de sujetos étnicos tiene que ver con la falta de asignación presupuestal. Sin embargo, las situaciones que viven los pueblos indígenas en Colombia pueden solucionarse con la suficiente voluntad política, a través de planes de acción que a menudo no requieren movilización de recursos económicos, sino humanos (con los que ya cuentan las distintas Secretarías y despachos).

Las necesidades de las comunidades indígenas en el país difieren radicalmente de las necesidades de la población urbana, y no están relacionadas con el acceso a bienes y servicios de gran tamaño y costo, sino con aspectos básicos de salud, educación y seguridad alimentaria.

Para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, es suficiente con generar planes para comercializar productos agrícolas que son cultivados por los indígenas y que constituyen su única fuente de alimento durante meses, o peor, se pudren y se desperdician sin remedio; brigadas de salud con profesionales médicos que ya se encuentren contratados en las diferentes instituciones que brindan atención médica en los municipios; gestión ante las entidades encargadas de devolverles sus territorios, al igual que titular y sanear sus resguardos; además de capacitación y apoyo técnico en el manejo de residuos sólidos al interior de los territorios ancestrales.

Hace falta la aplicación de un enfoque diferencial en los sistemas y servicios que presta el Estado como organización política y jurídica que ejerce el control de un territorio y autoridad sobre una población: Salud con enfoque étnico, esquemas etnoeducativos, aplicación de justicia propia y fortalecimiento de la guardia indígena, aspectos que no requieren de millonarias sumas sino de empatía y esfuerzos políticos.

Se requieren muchas acciones, sí, pero sobre todo, un  cambio de chip de los líderes políticos y un reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas para el desarrollo de una Nación pluriétnica y multicultural, y del rol que juegan estos en la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y otros bienes inmateriales que no tienen la misma importancia para la población urbana o las comunidades rurales no étnicas.

Sólo cuando el Estado ejerza una verdadera protección de la cosmovisión de estos pueblos y sus formas de vida, se detendrán las mingas y las protestas. No es con la asignación de recursos y la constitución de mesas técnicas y compromisos en actas, sino con la ejecución de planes con alto potencial e impacto, que no siempre significan transacciones económicas.

No importan los niños que están sin clase desde el lunes 26 de febrero, ni los cambuches instalados en el centro histórico de Popayán (¿qué tal que fuera Cartagena?), ni el pliego de históricos incumplimientos que reclaman los manifestantes. Nadie parece entender lo que pasa en el Cauca, tan ocupado como anda todo el mundo mirando hacia Venezuela.

 

Esto fue escrito por

Daniel González Monery

Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales (Universidad del Atlántico). Columnista invitado del Diario La Libertad (Barranquilla).
Columnista invitado del periódico El Colombiano (Medellín).
Colaborador de la Revista Las 2 Orillas (Bogotá).
Columnista del portal Ultima Hora Colombia
Columnista del Portal La Oreja Roja (Medellín).
Columnista del Portal Al Poniente.