Derecho Opinión Política Selección del editor

Apuntes sobre el caso judicial del profesor Sergio Fajardo

APUNTES SOBRE EL CASO JUDICIAL DEL PROFESOR SERGIO FAJARDO CON OCASIÓN DE LA PLANEACIÓN, TRÁMITE, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA Y OTRO DE EMPRÉSTITO COMO ESQUEMA DE FINANCIACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.


No es que el Profesor Fajardo ni ningún otro líder político sea inmune a la competencia constitucional de la Fiscalía para ejercer la acción penal, sino que en tratándose de personas representativas de la dirigencia nacional la activación del aparato judicial estatal tiene un plus de exigencia adicional, y es que las investigaciones deben estar revestidas de mucha rigurosidad y en todos los componentes de la actuación, a tal punto que le reste argumentos a tirios y troyanos que intenten atribuirle tintes políticos a las decisiones judiciales.


A juzgar por los boletines de prensa que se han emitido, sobre un asunto judicial de carácter penal de interés público; sin conocer el expediente físico, hago estas reflexiones académicas, salvo mejor criterio:

Pareciera que esas conductas que se investigan y se atribuye al Profesor de Matemáticas Sergio Fajardo, son atípicas, es decir, no constituyen delito contra la administración pública de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, como tampoco peculado por apropiación en beneficio de terceros, toda vez que el requisito ausente en el contrato de empréstito, si existe y es el estudio de oportunidad y conveniencia de justificación del crédito, y está contenido en la exposición de motivos de la ordenanza que aprobó la Asamblea Departamental de Antioquia autorizando el empréstito, y en la parte considerativa de la ordenanza donde autorizó al entonces Gobernador Sergio Fajardo a contratar.

También lo está en la justificación de la inversión con destinación específica y es el proyecto de la obra, y el certificado de la vigencia futura expedido por el Secretario de Hacienda Departamental de Antioquia con fundamento en los recursos del crédito que fueron incorporados al presupuesto del ente territorial de esas vigencias fiscales por mandato de la misma Asamblea, que acreditó que el Departamento no tenía disponibilidad presupuestal para ejecutar en el corto y mediano plazo la obra con sus ingresos ordinarios, y que por ello acudía a los recursos del crédito. Ahí está el requisito echado de menos.

Ahora bien, el peculado por apropiación en beneficio de terceros tampoco existe, porque está cuantificado por la financiación en dólares del crédito, y el hecho que el Profesor Sergio Fajardo cuando fue Gobernador de Antioquia, su equipo financiero no le advirtiera o adivinara la tasa TRM -el valor en pesos del dólar en el futuro-, no constituye un elemento fáctico de la tipicidad del delito, en tanto el peculado que le imputarán es a título de dolo, y ¿donde está el conocimiento actual al momento de firmar el contrato de que en el futuro 10 o 15 años después el precio TRM del dólar iba a subir de esa manera?.

No existe dentro del elemento objetivo del tipo penal de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales y de peculado por apropiación en beneficio de terceros, el dolo como ingrediente del tipo para que sea autor de dichos delitos.

Cómo iba a adivinar el Profesor Fajardo y su equipo económico que el petróleo en el futuro iba a escasear o bajar su precio internacional, y cómo se iba a saber que venía la pandemia, o cómo el profesor Fajardo podía controlar las variables que determinan la Tasa Representativa del Mercado y que fijan la tasa de cambio del dólar, si estos dependen de externalidades de la economía mundial, que ni la misma banca central de los Estados Unidos en ocasiones ha podido controlar.

De otra parte, los hechos futuros de imposible previsión que no son del dominio o el co-dominio de su autor o coautor, son hechos extraordinarios que escapan a toda inferencia razonable de autoría de la conducta que se investiga, pues son de imposible comisión, y menos de participación, ya que siendo el Profesor Fajardo el ordenador del gasto, por definición legal ni siquiera podría ser interviniente del mismo.

Para la época no estaba vigente el Decreto 1082 de 2015 que obliga a realizar una matriz de riesgos previsibles, y en este caso siendo imprevisibles escapan a dicho estudio y solo hay que esperar que se presenten para determinar cómo se van a administrar.

Acá lo que existe, es una controversia de responsabilidad civil de naturaleza contractual, que se resuelve en un tribunal de arbitramento de inversión financiera en la Cámara de Comercio de Medellín, cuya procedibilidad está determinada por la cláusula compromisoria del contrato o en su defecto por el Compromiso de las partes de someter la controversia a la justicia arbitral.

Un juicio oral y público en la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia que conoce en primera instancia del proceso penal, es bien interesante porque en un régimen adversarial como es el sistema penal acusatorio colombiano, el informe de policía judicial y el peritazgo que llevó a la Fiscalía a esa conclusión, estará sometido a una fuerte Contradicción en el ejercicio del derecho a la defensa y bajo la lupa observadora del Ministerio Público en lo penal.

El testigo de acreditación y el perito que rindieron el informe y el peritazgo, tendrá que enfrentarse en el juicio al contrainterrogatorio basado en informes técnicos y de expertos financieros sobre empréstitos a entidades públicas nacionales y extranjeras, y con solo contrastar la actuación del Profesor Fajardo con la de la Banca Multilateral en sus esquemas de financiación para Colombia como son CAF, BANCO MUNDIAL, BID, BIRF, FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, que dependen de condiciones no negociables que impone el riesgo soberano, la situación fiscal del país, su déficit fiscal; le explicarán a la Corte cómo opera la contratación y financiación de los créditos tanto en lo interno como el campo internacional.

También la forma como se ha contratado en Colombia históricamente y en el mundo este tipo de créditos sometidos a un régimen especial y se caerá ante los ojos de la Sala de Conocimiento del Alto Tribunal la base fáctica y científica de opinión pericial que advertirá el escaso valor probatorio del medio de prueba de la Fiscalía, escenario en el cual se dispondría la absolución del Profesor Sergio Fajardo.

Mientras tanto, el Profesor Fajardo permanecerá sub judice, en medio de la afectación moral personal, de su familia, y de la opinión pública dividida entre contradictores y seguidores.

No es que el Profesor Fajardo ni ningún otro líder político sea inmune a la competencia constitucional de la Fiscalía para ejercer la acción penal, sino que en tratándose de personas representativas de la dirigencia nacional la activación del aparato judicial estatal tiene un plus de exigencia adicional, y es que las investigaciones deben estar revestidas de mucha rigurosidad y en todos los componentes de la actuación, a tal punto que le reste argumentos a tirios y troyanos que intenten atribuirle tintes políticos a las decisiones judiciales.

Finalmente, debo señalar que la Constitución orgánicamente instituye a la Fiscalía como parte de la Rama Judicial, y como tal autónoma, lejana a todo cálculo político, por tanto es razonable que no deba suspender su competencia constitucional de investigar y acusar por razones políticas o electorales, en tanto la agenda de la justicia se mueve por razones de orden procesal que cuando concurren deben dar lugar a que la fiscalía actúe sin cálculo político alguno, ante la carga que impone la política criminal del Estado.