Opinión Selección del editor

Adelante con Hidroituango

EPM ha manejado con gran pericia las dificultades geológicas imprevisibles que se han presentado en la construcción de Hidroituango y ha puesto especial cuidado en evitar, controlar, mitigar o compensar los impactos ambientales resultantes. El gran esfuerzo técnico y humano para manejar los aspectos físicos de la emergencia, ha estado acompañado de un admirable compromiso por remediar las afectaciones causadas a las comunidades del área de influencia del Proyecto. Todo ello de cara a la opinión pública, los medios y las autoridades que han recibido un flujo permanente de información sobre los problemas que se han ido presentando y las medidas adoptadas para superarlos. Los historiadores del futuro no tendrán mayor dificultad en reconstruir los avatares de la emergencia: les bastará leer los 118 comunicados expedidos por la Empresa hasta la fecha.

La presa está consolidada, el vertedero completamente operativo y todo parece indicar que la casa de máquinas no sufrió mayor deterioro. Curiosamente, cuando el proyecto está cada vez más bajo control en los aspectos constructivos y ambientales, surgen amenazas de otra índole como son las reacciones que ha suscitado la decisión de EPM de participar en la subasta de energía firme del 28 de febrero y las diversas presiones para que la ANLA suspenda la licencia ambiental o el Consejo de Estado decrete su nulidad.

La decisión de participar en la subasta es enteramente racional desde el punto de vista empresarial y conveniente para el País. Los ingresos de una planta hidroeléctrica como Hidroituango provienen de tres fuentes: los contratos de largo plazo, las ventas en la bolsa y los ingresos por cargo de confiabilidad. Estos últimos, que se definen en la subasta de energía firme, pueden llegar representar un 20% de los ingresos totales, razón por la cual resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.

Por otra parte, sin la participación de Hidroituango la subasta estaría dominada por las ofertas de las plantas térmicas. Como estas plantas venden poco o nada en contratos de largo plazo, sus ingresos dependen de sus ventas en bolsa y, principalmente, del cargo por confiabilidad. Se estima que, sin Hidroituango, la subasta arrojaría un cargo de US$ 23 por MWH; mientras que con ella sería de US$ 17 por MWH. Como Hidroituango de todas formas se terminaría, su ausencia en la subasta llevaría a un exceso de capacidad muy costoso para la demanda.

Se argumenta que, dada la incertidumbre sobre la situación de la casa de máquinas, EPM debería abstenerse de participar en la subasta de energía firme. Ese argumento no resiste ningún análisis. En junio de 2018, EPM comunicó que el proyecto estará operativo a finales de 2021, es decir, un año antes de la fecha en que entran en vigencia las obligaciones de energía firme que se asignarán en la subasta del 28 de febrero. Ciertamente hay incertidumbre, pero esta es sustancialmente menor a la que existía hace algunos años cuando Hidroituango no era más que un proyecto en el papel, lo cual no impidió su participación en las subastas de 2006 y 2012, en las cuales adquirió obligaciones de energía firme que están vigentes en la actualidad. Hoy Hidroituango tiene la presa consolidada y el vertedero completamente operativo; solo falta limpiar la casa de máquinas para proceder a instalar los equipos electromecánicos.

La licencia ambiental está parcialmente suspendida desde mayo de 2018, cuando la ANLA ordenó una serie de medidas que manejo ambiental, que ya estaban siendo cumplidas con creces por EPM, y dispuso que solo podían ejecutarse las acciones tendientes a superar la emergencia, mas no aquellas conducentes a hacer operativo el Proyecto. Esta restricción debe levantarse pronto para permitir los trabajos de instalación de los equipos electromecánicos que tienen que empezar en los próximos meses. Las autoridades ambientales están instituidas no para impedir el desarrollo de los proyectos sino para propiciarlo, respetando, por supuesto, los bienes ambientales y el interés de las comunidades directamente afectadas, algo que EPM viene haciendo con especial esmero.

Además de las autoridades ambientales, EPM necesita – y merece – el apoyo del Gobierno Nacional, de la regulación y de los entes de vigilancia y control. Las investigaciones sobre las causas de la emergencia y las responsabilidades de diversa índole que de ellas puedan derivarse, no pueden convertirse en un obstáculo a la terminación del Proyecto.

Hace curso en el Consejo de Estado una demanda de nulidad de la licencia ambiental, interpuesta por el Movimiento Rios Vivos y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, organizaciones claramente hostiles la generación hidroeléctrica, vinculadas a entidades internacionales, como Friends of the Earth e International Rivers, financiadas, principalmente, por donantes de países europeos que ya han agotado su potencial hidroeléctrico o que nunca lo tuvieron. Directamente o por medio de franquicias o apoyando organizaciones con objetivos similares, dichas entidades operan en Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay y, cómo no, en Colombia, donde tienen como aliadas a las organizaciones como CENSAT y el Movimiento Rios Vivos, que trataron de sabotear el desarrollo de El Quimbo y Sogamoso y ahora hacen lo mismo con Ituango.

No debe olvidar el Consejo de Estado ni la sociedad colombiana en su conjunto, que entre 1970 y 1992 entraron en operación las doce centrales hidroeléctricas (Betania, Caleras, Chivor, Guatapé, Guavio, Jaguas, Mesitas, Playas, Rio Grande 2, Rio Prado, Salvajina y San Carlos) que, conjuntamente con Quimbo y Sogamoso, recientemente puestas en operación, representan cerca del 50% de la capacidad instalada y, en condiciones normales, el 70 % de la generación. En su momento esos desarrollos tuvieron importantes impactos ambientales y ocasionaron perjuicios a las comunidades de las zonas de influencia. Hoy esas centrales conviven pacíficamente con las comunidades de sus entornos, aportan importantes ingresos de los municipios de sus cuencas, generan empleo de calidad y producen energía limpia, que le vale al sector eléctrico colombiano el reconocimiento internacional. Ese es el destino final de Hidroituango una vez superadas las contingencias del presente. Por eso, EPM, apoyada por el País entero, debe seguir adelante con Hidroituango.