Opinión

Un magistrado en la picota pública

El magistrado Carlos Libardo Bernal Pulido tiene una hoja de vida académica sólida, muy sólida. Es el único de los magistrados actuales y pasados de la Corte Constitucional que ostenta un doctorado de verdad, es decir, uno de esos que duran hasta cinco años y culminan con una tesis. En  realidad son dos: uno de la Universidad de Salamanca y otro de la Universidad de la Florida. Ha sido investigador o docente del Instituto Max Plank, de la Universidad de Paris X – Nanterre, de la Universidad de Yale, de la Universidad de la Florida, de la Universidad Carlos III, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Externado de Colombia.

Además del español, el magistrado Bernal, habla, escribe y lee en cinco idiomas: alemán, inglés, francés, italiano y portugués. Ha publicado 22 artículos en revistas especializadas, 13 libros y 26 capítulos de libro. Le ha alcanzado el tiempo para dirigir 10 tesis doctorales, participar en 55 eventos académicos en todo el mundo y traducir una veintena de libros de su especialidad. Este es el personaje puesto en la picota pública por voceros de las FARC, los políticos de la mal llamada Unidad Nacional y los periodistas afectos al régimen por el “delito” de haber votado la inexequibilidad de los literales h) y j) del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016.

Además de lo que contiene, la hoja de vida del magistrado Bernal es también buena por lo que le falta. No se registra en ella ningún empleo público ni un largo, penoso y rutinario trasegar  por la rama judicial. Tampoco se ha ensuciado en el “fango del litigio” del que hablara el finado Carlos Gaviria, quien tampoco nunca ejerció como abogado ni tuvo cargo alguno en la judicatura. Quizás por eso, amén de sus conocimiento jurídicos, pudo actuar con independencia y en contra de lo que al parecer esperaban su supuesto mentor, el doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, y su nominador, el presidente Juan Manuel Santos.

Los ataques contra el magistrado Bernal, frente a los cuales ha guardado un prudente y altivo silencio, lo enaltecen por provenir de personajillos que no son más que escuálidos liliputienses frente a su estatura académica e intelectual. Pero dejando de lado los aspectos anecdóticos propios de la coyuntura actual, dichos ataques ponen de manifiesto la existencia de un grave problema institucional en lo que concierne a las calidades y requisitos de un magistrado de la Corte Constitucional y el proceso de nominación y elección.

Con dos o tres excepciones, la mayoría de los abogados que han llegado a la Corte Constitucional carecen de una formación académica remotamente comparable a la de Carlos Bernal. Ninguno los actuales tiene un doctorado, un par de ellos ostenta una maestría y la mayor parte solo pueden exhibir una o varias esas “especializaciones” y “diplomados” que se cursan los fines de semana. Su roce internacional y su conocimiento de idiomas son  limitados, cuando no carentes de forma absoluta. Eso sí, todos tienen a su haber largas experiencias como burócratas de ministerio o de funcionarios de la rama judicial. No se pretende desconocer la importancia de la experiencia, pero esta no suple la formación académica y solo la complementa cuando está articulada con ella. Reto a quienes reivindican la experiencia como sustituto de una formación académica rigurosa a que  muestren el primer albañil que se haya convertido en ingeniero civil después de pasar 25 años pegando ladrillos o al primer enfermero transformado en cirujano cardíaco después de haber visto ejecutar un centenar de cirugías de corazón abierto.

Sin rubor alguno el doctor Juan Carlos Henao ha confesado su decepción por el comportamiento de “su pupilo”. Al parecer también recibió un regaño de la Casa de Nariño por haber propuesto la inclusión de Carlos Bernal en la terna presidencial. Esto es francamente vergonzoso pues no es otra cosa que el reconocimiento paladino de que se quería manipular el procedimiento de nominación y selección para garantizar que a la Corte llegaran “fichas” del gobierno, cosa que al parecer se logró con la magistrada Cristina Pardo, una señora sin ningún estudio de postgrado y cuya “producción científica” se limita a cuatro articulillos publicados en revistas de media petaca. Eso sí, la señora Pardo, además de acreditar su “profunda experiencia”, según se lee en su hoja de vida, venía de pasar los últimos 6 años y medio como secretaria jurídica de la Presidencia de la República.

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