Opinión

Para salvar los acuerdos, voy a votar NO

Para darle a las FARC la oportunidad de hacer los ajustes requeridos para que el acuerdo sea verdaderamente “sostenible y duradero” y no sea barrido por la reacción que se producirá cuando pase la fiesta de la paz y venga la resaca de la cuenta, voy a votar NO.

El 30 de julio publiqué un artículo titulado “Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos”. En verdad no me hacía ninguna ilusión de que mis propuestas de mejora fueran acogidas, pero tampoco creía que se introducirían nuevas cosas que los empeoraran. Acerté en lo primero, me equivoqué en lo segundo. El acuerdo final es peor de lo que imaginé. La evaluación que hice en ese artículo, basada en lo que en ese momento se conocía, se aplica casi en su totalidad a lo que se firmó y será votado por los colombianos el 2 de octubre. Algunos amigos y jóvenes que se acercan a mi blog han querido conocer cuál es mi posición sobre el texto final de los acuerdos. Les respondo con este artículo tratando de añadir algunas cosas nuevas, pero lo fundamental está dicho en el escrito mencionado del cual retomo algunos elementos.

 

Quiero dejar en claro de entrada la perspectiva desde la cual leo, entiendo, evalúo y votaré los acuerdos. Rechazo la teoría de las causas objetivas del conflicto, la cual, a mi modo de ver presidió las negociaciones. Creo, por el contrario,  que la insurgencia de las FARC carecía de toda justificación económica y política y que la sociedad colombiana – su economía y su régimen político – sin alcanzar la perfección, daba y da garantías de movilidad económica, social y política mayor que buena parte de países del mundo. Como muchos  otros esperaba que con el derrumbe del comunismo las FARC se fueran extinguiendo por sí solas. Su vinculación al narcotráfico, primero, y el apoyo del régimen chavista, después, impidieron que se cumpliera su melancólico destino, al tiempo que se transformaban  en una poderosa organización delincuencial empeñada en acrecentar su riqueza proveniente de rentas ilícitas. No creo en aquello de la violencia generalizada multidimensional y mucho menos en la existencia de una guerra civil. Lo que padecía Colombia era una guerra contra los civiles de la cual las Farc eran el artífice más destacado y, en consecuencia, la sociedad y sus gobiernos tenían toda la legitimidad para combatirlas.

 

Como muchos colombianos que comparten esta visión, siempre fui partidario de una solución negociada pero sobre la base de que la ofendida era la sociedad, la cual, desde una posición fuerte, se allanaba a hacer concesiones generosas a sus ofensores a cambio de que desistieran de sus conductas criminales. No fue esa la posición del gobierno y sus negociadores de La Habana y por ello discrepo de la posición de Humberto de la Calle – cuyo sacrificio personal y entrega valoro, al igual que el de los demás negociadores – cuando afirma que el alcanzado es el mejor acuerdo posible, aunque naturalmente entiendo que no pueda decir otra cosa.

Declaro sin ambages, que por repugnante que pudiera ser, estuve siempre convencido y lo estoy ahora de que la negociación debía conducir a la impunidad total o casi total de los miembros de las FARC y a su participación en política con ventajas transitorias. A mi juicio, el acuerdo de dejación y entrega de armas es enteramente satisfactorio, el mejor concebido, el más claro y el mejor escrito de todos los que salieron de La Habana. El problema es lo que como sociedad vamos a pagar por ello.

 

II

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue diseñada para garantizar impunidad a los guerrilleros de las FARC sin que el País se viera obligado a denunciar el Tratado de Roma. Esta es la verdad monda y lironda. Nunca entendí, ni entiendo todavía, por qué en lugar un procedimiento tan tortuoso, confuso, costoso y riesgoso como la JEP, no se optó por pedir un dispensa de 15 o 20 años a la aplicación en Colombia de dicho tratado y garantizarle la impunidad a las FARC como se hizo con otros grupos guerrilleros.

Mi objeción fundamental a la JEP es que su competencia extienda a “todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes” quienes “deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Esto se reitera una y otra vez a lo largo del documento. A pesar de los matices que se introducen – colaboración que no sea resultado de coacciones o participación determinante o habitual – son muchas las personas que están en riesgo de ser llamadas a responder ante la JEP. El acuerdo abre la Caja de Pandora al establecer que además de la información allegada por las autoridades judiciales que hayan proferido sentencias o resoluciones sobre actos cometidos en el conflicto; los tribunales de la JEP recibirán “informes de organizaciones de víctimas y derechos humanos relativos también a los actos delictivos cometidos durante el conflicto”, informes estos a los que la JEP dará el mismo tratamiento que a los emanados de las autoridades judiciales.

En el artículo mencionado propuse, para no caer en el berenjenal en que se convertirá la JEP,  limitar su competencia a los guerrilleros de las FARC y excluir de su jurisdicción obligatoria a todos los demás ciudadanos. Los militares y civiles que enfrentan causas en la justicia ordinaria por actuaciones relacionadas con el conflicto, podrían acogerse voluntariamente a la JEP. Para juzgar sus actuaciones se tendrían en cuenta únicamente los expedientes y sumarios aportados por las autoridades judiciales y en ningún caso los informes de terceros. Creo que aún es posible, sin menoscabo de lo fundamental de los acuerdos, enmendar este entuerto que a mi modo de ver amenaza su sostenibilidad.

 

III

El tema de la participación en política o, más precisamente, de la representación de las FARC en el Congreso, se trata en dos partes: en el acuerdo 2, sobre participación en política, y en el 3,  de fin al conflicto. En el primero se crean 16 circunscripciones electorales de cámara para uso exclusivo de las FARC y en el segundo se le garantizan 5 curules en senado y 5 en cámara, en las circunscripciones ordinarias.  Se les dan otras gabelas como el control de 32 emisoras FM y, hasta 2026, el 10% del presupuesto nacional para la financiación del funcionamiento de partidos y movimientos políticos.

En las elecciones para senado de 2014 se registraron 14.310.367 votos. Para obtener cinco curules habrían sido necesarios más de 700.000 votos. Suponiendo un crecimiento de 25% – en 2018 votarán para senado cerca de 18.000.000 de colombianos. Con esta votación la cifra repartidora, es decir, el número de votos requeridos para elegir un senador, bordeará los 160.000. Las cinco curules que se le entregarán a las FARC equivalen a reconocerle un potencial electoral ligeramente superior a 800.000 votos en 2018.

Las 21 curules de cámara superan la representación de Bogotá, Antioquia o Valle; igualan a las que tienen conjuntamente Atlántico, Cundinamarca y Santander; superan las de Bolívar, Boyacá y Tolima, tomadas en conjunto, y también las de Cauca, Cesar, Huila y Risaralda y ampliamente exceden las del grupo conformado por  Meta, Quindío y Sucre. Con esas curules, las FARC serían hoy la cuarta fuerza política de la Cámara, por encima del Centro Democrático y de Cambio Radical. Tendría dos curules menos que las de todos los otros movimientos políticos menores que suman 23, obtenidas con más de 2 millones de votos.

Con las cifras electorales de 2014, a las FARC se les estaría reconociendo un potencial electoral de más de 700.000 votos en Senado y alrededor de 2 millones en Cámara. En su primera incursión, que tuvo lugar en las legislativas de 1986, la Unión Patriótica, que se proclama como el brazo político de las FARC,  obtuvo 2 curules en el senado y 3 en la cámara. En las de 1990, obtuvo una curul en cámara y en las de octubre de 1991, realizadas después de que la constituyente revocara el Congreso, la UP obtuvo 1 senador y 3 representantes. A cada quien de juzgar si lo otorgado es mucho o poco, pero a mi francamente me parece excesiva la significación política que se les reconoce a las FARC y excesivas las gabelas adicionales que ponen en clara desventaja a los demás partidos y movimientos políticos.

 

IV

 

El acuerdo sobre “Política de desarrollo agrario integral”, que  ha sido recibido con alborozo por los portaestandartes de “las causas objetivas del conflicto”, no es otra cosa que la resurrección del agrarismo de los años 50 y 60 con su obsesión por la pequeña propiedad parcelaria y “la economía campesina, familiar y comunitaria” cuya supervivencia debe garantizarse con toda clase de subsidios sin que importen los costos que se imponen al resto de la sociedad.

 

El fondo de tierras de distribución gratuita será permanente y dispondrá de 3 millones de hectáreas en los diez primeros años de funcionamiento. En ese mismo lapso, se deben formalizar “todos los predios que ocupa o posee la población campesina”, donde seguramente estarán incluidos los predios ocupados o poseídos por los militantes de las FARC, sus parientes y allegados. Se da una cifra de 7 millones de hectáreas que deben formalizarse en 10 años. En total se negociaron diez millones de hectáreas equivalentes al 8,75% de la extensión territorial de Colombia: 114.2 millones de hectáreas. Sin embargo, como es de suponer, hay que excluir los 33 millones de hectáreas de resguardos indígenas, con lo cual la extensión territorial contra la cual hay que comparar se reduce a 81,2 millones de hectáreas. Así las cosas, los 10 millones de hectáreas equivalen al 12,31% del territorio colombiano disponible, descontado los resguardos indígenas. Ahora bien, según el Censo Agropecuario de 2013, el área agropecuaria era de  43,1 millones de hectáreas: 34,4 millones de pastos y  7,1 millones la superficie cosechada. Por tanto, los 10 millones de hectáreas equivalen al 23,2% de la superficie agropecuaria del País o al 140,85% del área cosechada.

Las tierras distribuidas gratuitamente o adquiridas con subsidios y créditos especiales serán inalienables e inembargables durante un período de 7 años. Las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas por la ley 160 de 1994 y de las cuales ya existen seis, adquieren rango constitucional con la incorporación de los acuerdos al llamado bloque de constitucionalidad.

No hay nada que objetar a la pretensión de que en el campo coexistan propiedades de la más diversa extensión; de la misma forma que en el comercio, la industria o los servicios coexisten empresas de todos los tamaños. La competencia se encarga de establecer la escala mínima que permite la supervivencia de los negocios en las distintas actividades. Igual cosa debería ocurrir en el campo. Pero no, el acuerdo está marcado por la obsesión de mantener a cualquier costo la pequeña propiedad sin que importe si es o no productiva y pueda garantizar, de forma competitiva, un ingreso adecuado al campesino. Subsidios directos, créditos subsidiados, seguros de cosecha subsidiados, compras públicas subsidiadas, planes gubernamentales de comercialización subsidiados, centros de acopio subsidiados, etc. esos son los pilares sobre los que descansa la supervivencia de la idolatrada “economía campesina, familiar y comunitaria”.

Las zonas de reserva campesina (ZRC) son una especie de falansterios igualitaristas. Ya existen 6 con una extensión de 900.000 hectáreas y 95.000 habitantes y se crearán más con parte de las tierras de fondo. Allí todo mundo debe tener la misma cantidad de tierra: la unidad agrícola familiar (UAF), definida como la extensión de tierra que permite remunerar el trabajo de la familia y obtener un excedente capitalizable. Normalmente, la UAF no admite más que el trabajo del propietario y su familia, aunque excepcionalmente puede emplear “mano de obra extraña”. El propietario de la UAF no puede venderla antes de quince años de su primera adjudicación y sólo puede transferirla, con autorización del gobierno, a campesinos sin tierra o minifundistas. Nadie puede ser propietario de dos o más UAF ni emplear sistemáticamente trabajo asalariado. La UAF no puede ser dividida materialmente, lo que lleva al restablecimiento de la institución feudal del mayorazgo.  En definitiva, a los campesinos de las ZRC se les niega la posibilidad de ser más productivos que sus vecinos, transformarse en empresarios y enriquecerse.  Si alguien escoge libremente  trabajar y vivir esas condiciones está en todo su derecho, pero es infame que se le imponga a cualquiera. Las limitaciones a la enajenación destruyen todo incentivo  a la valorización de la propiedad y el campesino que eventualmente se aburra de tanta igualdad está condenado a salir arruinado al estar obligado a venderla a muy bajo precio a alguien más pobre que él. En la práctica esto lleva a que el campesino de la ZRC no tenga salida. Es ominoso que una figura de esta naturaleza haya sido incluida en una ley y más ominoso aún que vaya a quedar incorporada en la Constitución una vez que los acuerdos de La Habana pasen a ser parte del “bloque de constitucionalidad”.

Como libertario, de la misma forma que no puedo objetar que alguien quiera entrar al seminario o al convento, no tengo objeción al hecho de que algunas personas encuentren atractivo optar por formas ineficientes de organizar sus actividades productivas como las cooperativas, los resguardos, la pequeña propiedad parcelaria, la propiedad comunitaria o las Zonas de Reserva Campesina. Creo que al igual que los seminarios y los conventos, esas formas de organización de la producción son muy buena alternativa de vida para quienes tienen vocación y se acogen libremente a ellas. No me parece aceptable que quienes optan por la ineficiencia productiva pretendan tener los patrones de consumo de la economía moderna y reclamen por ello un subsidio a cargo de los ingresos del resto de la sociedad. Porque detrás del espejismo de la redistribución de la tierra, que regocija a las almas justas, la esencia del acuerdo agrario es la restricción de la libertad económica a un campesinado que permanecerá atrapado en pobreza y la dependencia.

Creo que algunos de los aspectos más ominosos del acuerdo agrario pueden superarse con decisiones relativamente simples. Se debe privilegiar la inversión  en bienes públicos, fundamentalmente vías terciarias y fijar un límite temporal a los subsidios directos e indirectos que se contemplan. Los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente y en cualquier momento de su propiedad sin restricción alguna. Todos los campesinos, y en especial los de las ZRC, deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno debe comprometerse a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC. A las FARC no les debería resultar repugnante una modificación del acuerdo agrario en los aspectos indicados  pues con ellas simplemente se le otorga al campesinado que dicen defender la libertad elegir su destino y hacerse responsable de las consecuencias de su elección.

 

V

 

El de “solución al problema de las drogas ilícitas” es el más retórico y gaseoso de todos los acuerdos. Las Farc no reconocen ninguna responsabilidad en el narcotráfico, salvo una alusión general según la cual “…la producción y comercialización de drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. De ahí que su compromiso sea igualmente general: “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Se le ha enrostrado a las Farc  el no haber informado en la mesa de negociación de su riqueza proveniente del narcotráfico, la extorsión y el secuestro y no haber puesto esa riqueza a disposición del gobierno para la indemnización de las víctimas.  No se puede ser más ingenuo. ¿Por qué no pedirles la declaración de renta y patrimonio, los datos sobre sus cuentas en el exterior y las coordenadas de las caletas donde guardan el efectivo? En la mesa de negociaciones correspondía a los representantes del gobierno, respaldados por la fiscalía y el sistema judicial, poner en evidencia esa riqueza y forzar a los representantes de las Farc a reconocer la realidad de los hechos. Por pusilanimidad, falta de información o incompetencia no hicieron nada y las Farc quedaron como la Pobre Viejecita y los negociadores del gobierno como Simón el Bobito.

El único compromiso real es el del gobierno con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que “tendrá un carácter civil”, contará con la “participación activa de las comunidades” y tendrá como principio fundamental “la sustitución voluntaria”. En caso de que los cultivadores no se allanen a la erradicación voluntaria “el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Las Farc insisten que en cualquier caso, así quedó consignado en el acuerdo, la erradicación debe ser manual. Lo acordado en La Habana deja el problema del narcotráfico en una situación peor pues en la práctica otorga a las Farc un casi-monopolio de la producción y comercialización de la hoja de coca pues la mayor parte de los cultivos están en territorios bajo su control. Mientras la cocaína tenga el alto precio que le da la ilegalidad, el PNIS es una broma.

Un cálculo de tienda para apreciar la significación económica del narcotráfico en Colombia. Una hectárea de coca rinde unos 5 kilogramos de cocaína. Las 96.000 hectáreas sembradas en el País, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito, tienen una producción potencial de 480.000 kilogramos, la cual, a un precio de consumidor final de US$ 30.000/kilogramo, alcanzaría un valor de US$ 14.400 millones. Suponiendo que el valor agregado nacional sea el 20%, se tendría una cifra máxima del orden de US$ 2.880 millones como valor del PIB cocainero de Colombia, alrededor del 1% del PIB total. Esta cifra debe ser ajustada a la baja porque no todas las plantas sembradas están en plena producción y hay que descontarle los decomisos. Colombia no es una narco-economía, sin embargo, el control de parte de esa renta le da a cualquiera un poder significativo.

El del narcotráfico es el típico delito sin víctimas. Es un delito que existe porque la legislación positiva así lo dispone. La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. El gobierno debe tomar el toro por los cuernos y, en el marco de los acuerdos o fuera de ellos, crear una comisión de expertos para que en seis meses proponga el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas que debe estar concluida en un lapso de dos años.

 

VI

 

Hay otras cosas de los acuerdos que no me gustan como tener que financiar con mis impuestos las campañas electorales de las FARC, que hasta 2026 dispondrán del 10% del presupuesto nacional para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos; la flagrante violación de la autonomía de las entidades territoriales al hacer obligatoria la incorporación del PNIS y otras medidas para implantación de los acuerdos en los planes de desarrollo de departamentos y municipios, a cuya financiación deberán destinar parte de los recursos del SGP;  la composición y el poder otorgado a la Comisión Seguimiento y Verificación (CSVR) y, la cereza del postre, la incorporación de los acuerdos en el llamado bloque de constitucionalidad.

La CSVR, compuesta por tres representantes de las FARC y tres del gobierno,  está encargada de elaborar el Plan Marco a diez años para la implantación de los acuerdos, plan que será adoptado mediante documento CONPES;  verificar anualmente su cumplimiento y garantizar la inclusión en los planes nacionales de desarrollo de dos períodos presidenciales de un capítulo correspondiente al plan cuatrienal de cumplimiento de los acuerdos. A las reuniones de la CSVR podrán ser invitados – seguramente lo serán – los representantes de las FARC en el Congreso. ¡Qué Dios se apiade de los 3 representantes del gobierno que tendrán que sentarse con 29 representantes de las FARC en esa comisión!

Desde un principio las FARC propusieron una asamblea constituyente para la aprobación de los acuerdos. El gobierno, en acto de inigualable firmeza, les negó la constituyente y les entregó media constitución. Los dirigentes de las FARC creen candorosamente que con eso del bloque de constitucionalidad quedan blindados los acuerdos. A lo mejor nadie les ha informado que si algo no se respeta en Colombia es la constitución. El País tiene el hábito de violar el principio de legalidad: si una ley no permite algo, pues la cambiamos; si la constitución lo prohíbe, pues la reformamos. La constitución del 91 se ha reformado 41 veces, incluido el acto legislativo para la paz, una reforma cada siete meses y medio. ¿Qué impide hacer una más?

 

Una vez pasada la euforia de la paz, es muy probable que los colombianos empiecen a leer los acuerdos con la mirada distinta: les dejaron la coca; les dieron control político territorial con las 16 circunscripciones electorales de uso exclusivo; les dieron rango constitucional a esos falansterios igualitaristas de las ZRC que pueden ampliar con el fondo de tierras; les van a legalizar las tierras ocupadas;  les otorgaron gabelas electorales inicuas;  les montaron un sistema judicial para dejarlos limpios de toda culpa y, de contera, perseguir a sus enemigos; pusieron el CONPES bajo su tutela, en fin,  les metieron los acuerdos en los planes de desarrollo de la nación, los departamentos y los municipios durante los próximo 10 años.

 

El gobierno, los negociadores de La Habana y casi todos los defensores del SI, parecen ser conscientes de que hay algo excesivo en lo concedido a las FARC. Repiten incansablemente que ese era el mejor acuerdo posible y nos invitan a tragarnos los sapos y votar SI. El problema es que como cualquier negocio, y estamos hablando de un negocio, de un quid pro quo, para que un acuerdo sea efectivamente “estable y duradero” es necesario que las partes sientan que están ganando.

Las FARC negociaron con un gobierno que en 27 meses será cosa el pasado. El gobierno está satisfecho con lo acordado y lo estará después de que todo esté consumado. Otra cosa es la opinión pública cuyo estado mental cambia con enorme facilidad, de momento en su mayoría solo quiere votar SI “pa ´que se acabe la vaina y después veremos”, pero que mañana puede pensar otra cosa. Otros actores empezarán a recelar de lo acordado: los gringos, cuando vean aumentar el área sembrada de coca; los movimientos políticos menores, cuando perciban la desventaja en las que los pone lo concedido a las FARC; los empresarios y terratenientes, cuando empiecen a ser llamados a responder ante la JEP; los alcaldes y gobernadores que resulten elegidos en las dos próximas elecciones, cuando encuentren que sus planes de desarrollo ya están parcialmente definidos. Son muchos los dirigentes políticos de los partidos promotores del SI que están tragando sapos de forma consciente esperando el momento  propicio para regurgitarlos.

Lesión enorme es el nombre de una figura jurídica a la que puede recurrir una de las partes para rescindir un contrato cuando considera que los términos acordados son abusivos o injustos. No es improbable que a medida que los actores mencionados y la opinión pública en general vayan asimilando las consecuencias de las concesiones otorgadas a las FARC, se vaya conformando un bloque político y social que busque rescindir ese contrato viciado de lesión enorme. El resultado de las elecciones de 2018 será definitivo para la “sostenibilidad y durabilidad” de los acuerdos. Si en las presidenciales y las legislativas se impone un bloque político de partidos y movimientos inconformes con los acuerdos – de los que votaron NO y también de muchos de los que votaron SI – podría conformarse en el Congreso una mayoría que apruebe lo necesario, incluida una nueva reforma constitucional, para modificarlos total o parcialmente. En ese evento, el gobierno y especialmente las FARC, ganando el plebiscito, podrían resultar perdiendo.  A lo mejor les convendría estar dispuestas a negociar tanto en el evento improbable de que gane el NO como en el casi seguro de que gane el SI. Para darle a las FARC la oportunidad de hacer los ajustes requeridos para que el acuerdo sea verdaderamente “sostenible y duradero” y no sea barrido por la reacción que se producirá cuando pase la fiesta de la paz y venga la resaca de la cuenta, voy a votar NO.

Esto fue escrito por

Luis Guillermo Vélez Alvarez

Economista, Universidad EAFIT

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