Opinión

Les tomamos la palabra: todos por la paz

Como demócrata reconozco el resultado del Plebiscito y expreso mi respeto hacia quienes votaron por el No. Ya que siempre se negaron a participar en el proceso de paz, desoyendo las reiteradas invitaciones del Presidente Santos, deben integrarse ahora para revisar los puntos que generan el rechazo de un sector de la sociedad colombiana y mejorar el Acuerdo. Es indispensable construir un Acuerdo final de paz que concite el apoyo de la amplia mayoría del pueblo colombiano, para que la paz sea real y el Acuerdo nazca con fuerza política suficiente para regir nuestro destino colectivo por muchas décadas.

Muchos votantes del No son familiares y amigos míos a quienes me une el afecto, muchos son colegas a quienes aprecio y admiro; todos son mis conciudadanos y reclamo que su opinión sea tomada en consideración con toda seriedad y que por pensar distinto no sean insultados. Siempre me he opuesto y me opondré a que les llamen “furibistas”, “paracos” o “guerreristas”. En democracia se debaten ideas y proyectos políticos, se critican inconsistencias y puntos ciegos del discurso y las incoherencias entre pensamiento y acción, pero nunca se descalifica ni se persigue a las personas por su pensamiento. No hay ideas malditas ni prohibidas en una democracia.

Este resultado no es el que deseaba, pues supone rechazar el Acuerdo de paz que tan trabajosamente se había alcanzado en discusión con un grupo insurgente no derrotado y deja al país en la más completa incertidumbre, instalado en el mismo vacío de siempre y con la posibilidad latente del retorno de la guerra.

Los colombianos gustamos de los eufemismos porque nos cuesta tratar con hechos desagradables, pero los hechos están ahí: hundir un Acuerdo de paz que ponía fin a 52 años de guerra no es lo que pudiéramos llamar un acto de paz. Sin embargo, los que hicieron campaña por el No y los que votaron por el No proclaman que desean la paz, que no quieren más guerra y sólo aspiran a mejorar algunos puntos del Acuerdo mediante una renegociación con las FARC.

Les tomamos la palabra, ya que la palabra compromete al que la pronuncia y siempre debemos presumir la sinceridad y la buena fe: creemos firmemente en su deseo de alcanzar la paz por medios pacíficos y los recibimos con los brazos abiertos para seguir trabajando en pro de una obra común, porque este es nuestro país y debemos acondicionarlo y hacerlo más afable y habitable para que nos acoja a todos. La paz es la cosa pública por excelencia, un asunto de Estado, de Constitución y de derechos que trasciende los credos y colores políticos y está por encima de quiénes sean los gobernantes y quiénes sus opositores; su logro nos incumbe y nos compromete a todos. Trabajemos juntos por la paz.

Pero no basta con decir que se quiere la paz; las palabras deben ir seguidas de acciones coherentes con el fin: ya que denegaron el Acuerdo, a los votantes del No les corresponde la mayor responsabilidad en este momento de incertidumbre en procura de revivir los Acuerdos y construir sobre lo construido. Obras son amores y no buenas razones: es necesario que sea vea materializada su voluntad de paz en actos concretos que deben verificarse a la menor brevedad posible y con la mayor eficacia para superar este impasse. Estas sugerencias las presento muy respetuosamente en nombre de los que votamos por el Sí y pido que sean atendidas con la mayor sensibilidad.

1º. Practiquen el respeto hacia los más de 6.377.482 de colombianos que apoyamos el proceso de paz y votamos Sí: no más insultos (“vendidos”, “arrodillados”, “castro-chavistas”, “traidores de la patria”), no más propaganda de miedo, nos más furia, no más mentiras, no más mensajes de odio. Es claro que la sociedad colombiana está profundamente dividida frente a los dilemas de la guerra y la paz y es una infamia ahondar esa división con improperios, tergiversaciones y mezquindades como las que se vieron en la campaña por el No y el día de la firma del Acuerdo Final en Cartagena. Esta es la oportunidad para superar divisiones y antagonismos, elemento indispensable para la reconciliación del país.

2º. Contribuyan a mantener vivo y a hacer avanzar el proceso de paz: no podemos echar por la borda los importantes logros del proceso de paz, como el cese de hostilidades, el desminado humanitario, el reconocimiento público de responsabilidades y las peticiones de perdón a las víctimas, el comienzo el desarme de las FARC, su voluntad clara de abandonar las armas e incorporarse a la legalidad y a la vida civil y democrática del país.

Aún con la desazón del resultado en las urnas, las partes en conflicto han reiterado su voluntad de paz y su sentido cívico para mantener los logros del proceso: el Gobierno y las FARC mantienen el cese al fuego y de hostilidades bilateral, y las FARC reiteran su decisión de abandonar la lucha armada y disolver su ejército. Esta es la hora suprema de la responsabilidad de la oposición: reclamen al senador Uribe y a sus compañeros del Centro Democrático que correspondan cuanto antes la invitación del Presidente Santos a dialogar y a vincular formalmente sus requerimientos a la mesa de La Habana para que el proceso siga adelante y no se malogre, pues es el acuerdo es la única salida sensata al conflicto, superior moral y políticamente a cualquier solución militar sangrienta.

3º. Mantengan el sentido de las proporciones y no magnifiquen el resultado del Plebiscito: la victoria del No fue sólo por una pequeña mayoría y no es más que la respuesta a una pregunta formulada por el Presidente Santos. Ganar en el Plebiscito no convierte al líder de la oposición en Presidente de la República, ni le confiere poderes para darle órdenes a las FARC, ni para emprender por su cuenta una renegociación desde cero. En el complejo asunto constitucional de la resolución del problema de la guerra y las vías hacia la paz, le compete al Presidente de la República el papel preponderante, por cuanto según la Constitución él simboliza la unidad nacional y es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, máxima autoridad administrativa y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, para lo cual el artículo 189 le otorga competencia para usar la fuerza en defensa del sistema legal vigente, dirigir operaciones de guerra y “convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso” (numeral 6).

El Centro Democrático debe entrar a reforzar los trabajos de la delegación de paz del Estado colombiano y hacer oír sus reparos para revisar algunos puntos y mejorarlos en discusión y así replantear los Acuerdos en procura de un consenso mayoritario por la solución pacífica del conflicto. Aquí reside el momento de verdad de su compromiso con la paz: si son maximalistas, si pretenden que sólo sus exigencias valen, si pretenden reabrirlo todo y desbaratarlo todo, si se niegan a buscar el común denominador, si plantean un “todo o nada” para doblegar a las FARC (penas severas y de larga duración, oposición a políticas de desarrollo rural, oposición a participación en política, oposición a que se juzgue a terceros civiles que atizaron el conflicto) el Acuerdo se volverá inalcanzable y todo lo conseguido se perderá.

Ante esta hipótesis, deben los votantes del No tener el valor civil de manifestarse y salir a las calles a reclamarle al Centro Democrático y a sus líderes políticos que abandonen la intransigencia, que sean conciliadores y que obren en pro de la recuperación del Acuerdo y de la reconciliación del país. Respetados votantes del No: llegó la hora de acreditar su genuina voluntad de paz y de asumir la responsabilidad política, por la cual todos los ciudadanos son responsables de las acciones de los representantes políticos elegidos democráticamente y de los que ejercen la oposición y por la cual “Cada persona es corresponsable de cómo sea gobernada”[1]. Cada pueblo tiene los líderes políticos que se merece y goza o padece las consecuencias de las elecciones políticas que él mismo tomó.

Los invitamos a asumir con seriedad y altura la grave decisión que tomaron y garanticen que harán todo por la paz y que no vamos a volver, antes o después, a la guerra. La experiencia enseña que las guerras se prolongan no sólo por los actos de los combatientes, sino por las decisiones políticas que toman gobernantes, opositores y ciudadanos sin tomar en cuenta las consecuencias de corto, mediano y largo plazo (aunque no sean violentos ni amantes de la guerra).

Si no estuvieran a la altura de la decisión, si no cumplieran con la responsabilidad derivada de su voto en el Plebiscito y retornara la guerra, deben asumir su responsabilidad política (no criminal) por las consecuencias, por cada muerto y por el desastre. Al día siguiente deberían hacer público su voto y alistarse e irse a combatir.

Percibimos que esto no lo van a hacer, porque dan por descontado que son otros colombianos los que están destinados a ir a la guerra, es decir, los campesinos de las regiones pobres y atrasadas del país, los jóvenes de los barrios populares de las grandes ciudades. Les parece que los excluidos son quienes tienen que ir a combatir y a morir en nombre de una sociedad que no les dio oportunidades y que no los supo salvar de la guerra cuando estuvo en sus manos hacerlo.

Esto es, precisamente, lo que sucedió con aquellas regiones azotadas por el conflicto cuyos habitantes clamorosamente votaron por el Sí y cuyo anhelo de paz fue apabullado desde las ciudades que no padecieron la guerra pero se volvieron punitivas y rencorosas, agrediendo la generosidad de las víctimas.

Volvemos al punto de partida: hay que dar oportunidad a la paz y deponer odios e intransigencias en nombre de algo muy grande, que es la paz de Colombia. El momento es hoy: todos por la paz, incluidos los del Sí, los del No y ese 63.57% de ciudadanos habilitados para votar que prefirieron abstenerse.

[1] Karl Jaspers, El problema de la culpa. Sobre la responsabilidad política de Alemania, 1ª. ed., Barcelona, 1998, p. 53.

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Esto fue escrito por

Gloria María Gallego García

Abogada de la Universidad de Antioquia y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza (España), con la tesis doctoral “Violencia y política. En los confines de la política, el derecho y la moral”. Se desempeñó como profesora de derecho penal durante varios años en la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad EAFIT. De igual forma se desempeña como directora del grupo de investigación “Justicia y Conflicto” de la misma universidad. Es también directora de la Cátedra para la Paz, la Memoria y la Reconciliación; con la colaboración del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Casa de la Memoria de Medellín.