La prioridad nacional

¿Cuál debe ser la prioridad para el nuevo gobierno de Colombia? Para unos es destruir el acuerdo con las FARC (renegociar con justicia), para otros cumplir los acuerdos (garantizar la “paz”), y para unos terceros acabar con la corrupción (fortalecer la institucionalidad). Todos ellos catapultan sus campañas en sentimientos intestinos capaces de apalancar una buena votación popular: los unos apelan al odio y la rabia hacia las FARC; los otros a la esperanza de la paz y el miedo a la guerra; y los terceros a la indignación nacional en contra de la “clase política tradicional”.

El desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos (vivienda, educación, salud, ingresos, etc.) posiblemente no será prioridad para ninguno de los candidatos y seguramente no será la prioridad de todos ellos. Estos temas, aunque realmente importantes, no son tan “taquilleros” a la hora de enardecer votantes. Sin embargo, antes que la calidad de vida, es decir, antes que reconocer derechos sociales, económicos, y culturales, Colombia debe primero garantizar dos de los más básicos derechos civiles, sin los cuales nunca se podrá establecer una discusión constructiva hacia el desarrollo del país: el derecho a pensar y decir libremente.

La libertad de pensamiento y expresión son tan básicas para las personas como el respirar para el resto de seres vivos. Nos diferenciamos de los animales precisamente por nuestra capacidad de pensar y de comunicarnos. Entonces, de qué sirve ser humano si no se puede pensar y hablar libremente? Personas sin la libertad de pensar y decir no son mucho más que simples borregos: piensan poco por sí mismos y solo hacen y dicen lo que otros quieren y deciden.

Estas libertades han sido coartadas en todos los sistemas políticos y económicos: en la Unión Soviética de Stalin, en los EEUU anticomunistas de la guerra fría, en el fascismo de Mussolini, en el Nacismo de Hitler, en la China de Mao…

Para no ir tan lejos, fue la prohibición de pensamiento y expresión la causante de que el chileno Pablo Neruda se exiliara en Italia, el uruguayo Mario Benedetti se exiliara en España, la chilena Gabriela Mistral en Ginebra, el argentino Julio Cortázar en Paris, el uruguayo Eduardo Galeano en Argentina, el brasileño Celso Furtado en EEUU y que García Márquez tuviera que refugiarse en México. Tenían razón: para las personas pensantes no hay peor cárcel que un lugar donde sea prohibido pensar.

El Estado y los medios de comunicación en coordinación han sido los principales enemigos de estas libertades, cuando en teoría deberían ser sus primeros defensores. La sola presencia de unidades antidisturbios en protestas pacíficas, o el señalamiento violento de presidentes y expresidentes del mundo a personas o grupos que piensan diferente a ellos, es igual de ilógico y contraproducente que un zar anticorrupción corrupto, o un cura pedófilo. Debería también ser delito.

También es cierto que existe una relación entre el grado de libertad de pensamiento y expresión de los ciudadanos y el grado de desarrollo de los países. Invariablemente los países donde los ciudadanos viven mejor es donde son más libres. Decir esto es tan lógico que parece una tautología: soy feliz porque soy libre.

Pero hay una razón de fondo. Las personas que son incómodas para la sociedad, son precisamente quienes se encuentran incómodos con la realidad, y son los únicos que son capaces de cambiarla. El mundo hoy no sería el mismo sin la persona que alguna vez quiso volar como un pájaro, o que hubiera luz en las noches, o que quizo comunicarse a través de un computador, o que quizo transportarse rápidamente en una máquina en vez de un caballo. Sólo las personas incómodas pueden cambiar al mundo, si tienen la libertad para hacerlo. Las grandes revoluciones son hijas del derecho a pensar diferente.

Por su puesto, también se necesitan otras condiciones o «libertades», como las llamaría Amartya Sen, para el desarrollo. Sin embargo, la más básica de todas es la libertad a pensar y expresarse.

En la coyuntura actual de Colombia, estas son las dos libertades que determinarán el futuro en el posconflicto, porque a partir de allí podremos empezar a pensar y discutir constructivamente sobre las cuestiones propias del desarrollo: salud, vivienda, educación, trabajo…, y porque estas libertades determinan el grado de conocimiento y verdad colectiva de la sociedad, ingrediente fundamental del perdón, de la justicia y de la paz.

Lograr esas libertades para los del mañana, y que no se persiga a quienes piensan y dicen diferente hoy, es la principal prioridad nacional.

Esta columna fue realizada por uno de los miembros del IBSER.

Juan Pablo Durán Ortiz

Economist and Master of Science in Finance. Eafit University (Colombia).
Master of Science in Urban Studies and Planning. MIT (US).