Una parte de la opinión popular se muestra conforme con la actitud que los profesores sindicados del sur de México han adoptado, y eso se ha manifestado en el soslayo de las protestas por parte de la autoridad en la capital del país. Sin embargo, el maestro ciruela que en un principio no sabía leer y puso escuela, no puede revertir el proceso de debilitamiento del poder que como tributo a su esfuerzo, los líderes sindicales lo consideran, debido a su fortaleza colectiva, su capacidad de negociación a lo largo de los años y el sentido de pertenencia y actividad que le dan a algunos profesionistas de la educación.
Un derecho sólo puede ser aceptado como universal, cuando en caso de no ser respetado, implique atentar directamente a la integridad de un ser humano y no cuando favorece unilateralmente a un grupo de personas que están avezadas a recibir frecuentemente beneficios y privilegios por parte del Estado, y a través de la pugna de hacerlos efectivos, conseguir inmunidades especiales a expensas de otros individuos.
Cualquier premisa que promueva o intente crear un ambiente de justicia social, debe considerar los principios que la constituyen, estrictamente generales e inalienables. Y un requisito previo para restaurar la justicia consiste en ser capaces -como responsables integrales del Estado- de garantizar la libertad. Tanto las organizaciones sindicales poseen la libertad de agruparse para ejercer su atribuciones constitucionalmente otorgadas, en pos de garantizar un trato justo y digno, dentro de lo que se refiere, esencialmente, en atención a las necesidades que corresponden a su composición y función como los contribuyentes deben tener la libertad de decisión sobre el sentido del pago para el financiamiento de la educación. No obstante, cuando intereses entre organizaciones e individuos chocan entre sí, se producen efectos poco deseables que condicionan la libertad de elección.
¿En qué punto entronca la coacción de la libertad de elección con la violación del principio de justicia social? Como individuos de un Estado tenemos una obligación ineludible que debemos cumplir, y esa es el pago de impuestos, pero también el derecho de exigir que se concreten, haciendo valer plenamente el valor del dinero que pagamos, y que el Estado utiliza en el financiamiento de las actividades de sus instituciones. Cuando ese financiamiento no corresponde a las expectativas de los ciudadanos, es muy probable que una parte de la población se oponga a la intervención gubernamental en algunos servicios como la educación, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones sindicales de mostrar un rostro que vela por los intereses populares. Es evidente que actualmente el Estado no puede garantizar justicia fiscal, porque algunos impuestos de los individuos han transmutado en privilegios de cotos profesionistas, ampliamente protegidos y respaldados por las leyes concedidas antaño.
¿Cuál es la opción? ¿Qué opinar de privatizar la administración de las escuelas, y tornar mixta la procedencia de sus fondos? La privatización educativa no excluye a los alumnos de obtener oportunidades para adquirir una educación. Excluye a los profesores sindicados y a los representantes que van a la vanguardia de la organización sindical al reducir las oportunidades de obtener presupuestos mayores, privilegios, premios, seguridad total en su empleo, sueldos cada vez más altos protegidos contra la inflación, y en casos extremos, inmunidades especiales. La privatización, esencialmente, no implica la eliminación del Estado, sólo la limitación de su injerencia en problemas de índole económico y en el influjo que puede ejercer sobre el sistema de precios a través de estas organizaciones públicas sindicales. En definitiva, el Estado debe garantizar derechos universales, tales como la educación, pero debe proveer los recursos no desde el lado de la oferta, sino de la demanda, darle fuerza al consumidor para que sea capaz de exigir la calidad que sostenga plenamente el valor de su dinero. Puede suceder, incluso, que los precios de las inscripciones en las escuelas privadas lleguen a dispararse, y sean mayores nominalmente, pero en realidad tendrían incorporado el costo del subsidio mal empleado que se otorga gracias a las tasas elevadas de impuestos que pagamos, los salarios innecesariamente altos de los profesores que se obtienen también a expensas de los contribuyentes, y que reducen las oportunidades de trabajo de otros individuos, y el costo económico de tolerar manifestaciones de sindicatos más débiles reclamando erróneamente un trato equitativo. El precio podría ser menor que el costo que pagamos por fraudes por malversación de fondos públicos llevados a cabo por sus líderes, y algunos otros gastos que se van filtrando en el entramado político que históricamente ha rodeado los vínculos entre los sindicatos y el Estado
Cuando hablamos de los servicios anejos a cualquier responsabilidad social del Estado, habitualmente nos referimos a esas acciones como «gratuitas». En realidad no existe mayor deformación del lenguaje que esta palabra tan ampliamente utilizada en discursos políticos en defensa de los desfavorecidos e infaustos. Es evidente que todo cuesta, tiene un valor, y alguien debe pagarlo.
Un monopolio, históricamente comprobado, es empujado por corruptelas entre los funcionarios públicos y líderes sindicales. El sentido histórico de los monopolios es el conflicto. Citando a Friedman, un sindicato próspero es aquel que reduce el número de puestos de trabajo en el sector que domina y mina en su totalidad las mayores oportunidades de empleo ¿Qué es lo que hace el sindicato de trabajadores de la educación en la actualidad? Exactamente el resultado descrito por el premio Nobel.
El maestro ciruela, que no sabía leer y puso escuela, ahora ha rectificado e intentado acabar con las organizaciones sindicales. Y como evidentemente ha sucedido, la salida de éstas ha sido el conflicto y la lucha en nombre del bien social.
Otra vez las buenas intenciones son tergiversadas por malos resultados. Lo dijo Friedman, y lo dice un servidor.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://alponiente.com/wp-content/uploads/2013/08/1241699_426424217474479_1560191243_n.jpg[/author_image] [author_info]Eduardo Medina Haller Economista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con colaboración en materia de investigación científica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Admirador de la trova de Joaquín Sabina; de la literatura de Hesse y Kundera; de la filosofía de Marx y los tratados económicos de Keynes y Kalecki. Liberalista heterodoxo aunque parezca raro. Manejo líneas de investigación que atañen al poskeynesianismo y estructuralismo económico. Leer sus columnas.[/author_info] [/author]
Comentar