Opinión

El asunto de Belén de Bajirá y el fracaso de la descentralización

En relación con Belén de Bajirá se tienen los siguientes hechos:

  1. La ley 13 de 1947 mediante la cual se creó el departamento del Chocó incluyó dentro de su territorio a Belén de Bajirá.
  2. Desde hace tres o cuatro décadas, el departamento de Antioquia tiene presencia institucional en Belén de Bajirá, considerándolo como corregimiento de Mutatá.
  3. La gente de Belén de Bajirá está dividida sobre la pertenencia a uno u otro departamento.
  4. Los que quieren ser parte del Chocó quieren también que su corregimiento sea elevado a la categoría de municipio.
  5. Los dirigentes políticos de Mutatá y el gobernador de Antioquia alegan que Belén de Bajirá no cumple las condiciones para ser municipio

En los puntos 4 y 5 se encuentra el almendrón de lo que está pasando con Belén de Bajirá. Un grupo de políticos locales, probablemente apoyados por políticos nacionales, quiere que ese territorio sea municipio. Tendrían así transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP)  y, por supuesto, su pequeña burocracia municipal: alcalde, secretarios, concejales, contraloría, etc.  Otro grupo de políticos locales, que controlan la alcaldía de Mutatá, se oponen a esa pretensión, pues perderían recursos del SGP y otras transferencias presupuestales que  eventualmente reciben de la Nación.

Mutatá, como la mayoría de los de Antioquia y de Colombia, es un municipio de gran pobreza fiscal: sus ingresos tributarios anuales apenas superan los $ 2.000 millones y recibe del SGP cerca de $ 13.000 millones. Con otras transferencias de la Nación y el Departamento se completa un presupuesto de ingresos de unos $ 20.000 millones anuales. Mutatá tiene unos 22.000 habitantes, la mitad de ellos, de dice, en Belén de Bajirá.

Como la mayoría de los municipios del País, Mutatá es un municipio con escasas rentas propias, que vive de las transferencias de la Nación. El nuevo municipio de Belén de Bajirá entraría a ser parte de esa categoría. La disputa actual es una manifestación de las limitaciones del ordenamiento territorial y del fracaso de la descentralización. Bajo el régimen actual, los municipios, supuestamente, tienen responsabilidades en salud, educación, agua potable, etc. Sin embargo, esas responsabilidades se limitan a recibir la transferencia de unos impuestos recaudados en el nivel nacional y a gastarlos más o menos a su antojo.

El régimen actual de descentralización adolece de los más perversos incentivos. Una entidad, la Nación, recauda casi todos los impuestos y los distribuye entre todos los departamentos y, principalmente, todos los municipios del País. Aunque se han introducido periódicos ajustes – legales y constitucionales – para garantizar que los recursos se destinen a salud, educación, agua potable, etc.; lo que en parte se ha logrado;  no se han logrado establecer mecanismos que garanticen la efectividad y la correcta aplicación del gasto.

La contratación directa es la norma de la contratación pública en Colombia y esa contratación directa suele hacerse con fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro. Existen más de 70.000 en el País y  la mayor parte de ellas hacen parte de la clientela de algún dirigente político. La gestión de la mayoría de las administraciones municipales se reduce a tramitar recursos de la Nación, con la ayuda de políticos y congresistas,  y  a gastarlos en contratos con fundaciones vinculadas a esos mismos políticos y congresistas.

Lo de Belén de Bajirá, como lo de La Guajira, lo de Tumaco, lo de Buenaventura y un largo etceterá son manifestaciones de una descentralización incompleta o, mejor aún, de una descentralización que mantiene centralizado el componente fundamental: la imposición. Por eso las entidades territoriales y los políticos locales ven los ingresos de la Nación como una gran torta en cuya repartición todas quieren maximizar su tajada. Eso es lo que está en juego en Belén de Bajirá, lo demás es retórica. Ya es hora de avanzar en la descentralización entregándole a las entidades territoriales más responsabilidades de imposición, de recaudo, de generar sus propios ingresos y financiar con ellos el fementido gasto social.

La Nación debería ceder  a municipios y departamentos por lo menos la mitad de sus bases gravables. Podría iniciarse el proceso reduciendo el IVA nacional a 8% y dejando a los departamentos y municipios como máximo los once puntos porcentuales restantes, para que ellos decidan hasta donde quieren llegar. El impuesto de renta nacional debería reducirse a la mitad y dejar también que municipios y departamentos decidan qué hacer con el resto de esa base gravable. Esta si sería una reforma radical que tendría consecuencias económicas y políticas profundas.

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