Opinión

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

La intervención del gobierno en asuntos de salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras personas.

El hecho de que la ingesta exagerada de bebidas azucaradas haga obesas a las personas o más propensas a cierto tipo de enfermedades es completamente irrelevante para justificar un impuesto específico a su consumo. La intervención del gobierno en asuntos de salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras personas. Esto es lo que da fundamento a la vacunación gratuita y obligatoria y a las acciones públicas contra las enfermedades de transmisión sexual o cualquier enfermedad contagiosa. Ni la obesidad, ni la diabetes, ni las enfermedades vasculares son contagiosas. Si se acepta el argumento del gobierno habría que gravar los dulces, las tortas, los helados, los embutidos y, claro está,  el chorizo, la lechona y el chicharrón.

Alguien dijo que la gente tiene un solo derecho: hacer lo que le venga en gana con su vida;  y un solo deber: asumir las consecuencias. Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública. El problema radica en la existencia de un sistema de salud de aseguramiento colectivo y obligatorio en el cual todos tratan de maximizar sus beneficios y minimizar sus contribuciones. Los golosos, los fumadores, los bebedores y todos aquellos que no cuidan de su salud le imponen a los demás los costos de sus excesos.

Pero esto último tampoco es completamente cierto. Es verdad que los golosos, los fumadores y los alcohólicos imponen costos mayores al sistema general de salud; pero si el perfil epidemiológico de la población servida está adecuadamente definido y por tanto lo están las prestaciones y las primas de aseguramiento, ese no debería ser un problema mayor. Los sobrecostos de los obsesos se compensarían con los menores costos de atléticos y los de los borrachos con los de sobrios de la misma forma en que se compensan los de las personas mayores con los de los jóvenes y adultos saludables.

Hay algo más. Se supone que las  EPS deben destinar parte de la UPC que reciben a financiar actividades y programas de salud preventiva. Dentro de esto deberían estar incluidas  acciones tendientes a prevenir la obesidad y los consumos y prácticas que atentan contra la salud. No se tienen noticia de ningún gimnasio financiado por las EPS ni de que hayan realizado campañas masivas contra el apetito desenfrenado, la ingesta desmedida de bebidas azucaradas, el tabaquismo o el alcoholismo. Finalmente, antes de adoptar  en un impuesto odioso que castiga a todo mundo y no sólo a los golosos, podría pensarse en que éstos y todos aquellos que no cuidan de su salud hagan una contribución adicional al sistema de aseguramiento colectivo  pagando una prima más elevada o asumiendo copagos mayores que las demás personas.

Como consecuencia del debilitamiento de régimen contributivo frente al subsidiado, de las  decisiones judiciales que llevaron a la desaparición del POS y de la cadena de abuso y corrupción erigida con los procedimientos no POS y los medicamentos de alto costo el sistema de salud se desfondó y desde hace años sobrevive precariamente por acciones puntuales lideradas por el Ministerio de Salud. El gobierno renunció a impulsar en el congreso una reforma del sistema de salud que mediante una definición adecuada del plan de servicios y del monto de las contribuciones garantizara su sostenibilidad de largo plazo. En lugar de ello se aprobó una ley estatutaria que convierte la salud en un derecho lo que para los jueces de la República significa un plan de servicios ilimitado. No es inútil recordar que la ley estatutaria fue impulsada por el médico-congresista-empresario Roy Barreras quien, como presidente del senado, al mismo tiempo se encargó de sabotear el proyecto de ley reglamentaria presentado por el ministro Alejandro Gaviria.

El sistema de salud está desde hace varios años en situación de insolvencia que hasta el presente ha podido ser paliada con los recursos extraordinarios de que dispuso el gobierno gracias a la bonanza petrolera. Pero esto ya se agotó como se agotó también el tiempo y la capacidad de maniobra del gobierno para encarar el problema de fondo del sistema: el exceso de gasto sobre los ingresos. El gobierno está urgido de los $ 900.000 millones anuales que espera recaudar con el impuesto a las bebidas azucaradas para tratar de solventar durante un par de años el sistema y dejarle el embuchado de la reforma al nuevo gobierno. Esa es la verdad monda y lironda que el Ministro Gaviria, ilustre economista, conoce bien pero que  se ve obligado a maquillar perorando insistentemente sobre azúcares, obesidad, diabetes y sabe Dios qué más en un incómodo rol de médico salubrista que definitivamente no le cuadra.