Después de la segunda vuelta presidencial de 2014, el líder de la bancada opositora en el Congreso denunció serias irregularidades en el proceso electoral. El tema no trascendió, pero recientes descubrimientos revelan que efectivamente Juan Manuel Santos no ganó de forma honesta su reelección.
Aparte de los escándalos ya conocidos, como el montaje con un supuesto hacker contra el candidato opositor, las amenazas del terrorismo al Centro Democrático en el Sur del país y las irregularidades a las que ya nos hemos acostumbrado en la Costa Atlántica y el Chocó, hay dos temas preocupantes de los que apenas se empieza a hablar en Colombia.
El primero es el pago a organizaciones extranjeras y personajes reconocidos para que estos den su respaldo al gobierno. El contrato de la fiscalía con la analista Natalia Springer, el de la presidencia con la fundación Corpovisionarios que lidera el excandidato presidencial Antanas Mockus y el recién descubierto contrato del Departamento Nacional de Planeación con el ex primer ministro británico Tony Blair ponen en evidencia que el gobierno ha recurrido a comprar la opinión de personajes reconocidos para mantener vivo un proceso de paz en el que pocos colombianos confían.
Es particularmente interesante el contrato de Tony Blair porque se sitúa en un marco internacional mucho más amplio. A comienzos de marzo, The Sunday Times reveló que el ex primer ministro laborista recibió treinta millones de libras esterlinas (aproximadamente ciento catorce mil millones de pesos colombianos) del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para facilitarle a este información política y económica de al menos veinte países tercermundistas con el fin de facilitar negocios de los árabes en dichas naciones.
Blair, quien es amigo de la juventud de Juan Manuel Santos (¿De sus épocas de marihuanero en Inglaterra, tal vez?), tiene contactos en entidades gubernamentales en esos veinte países. Esos contactos los ha conseguido mediante asesorías y contratos con los respectivos gobiernos. En 2011, por ejemplo, fue contratado por el dictador de Kazajistán para que le ayudara a justificar una masacre contra opositores que protestaban pacíficamente. Se presume que toda la información gubernamental a la que tiene acceso Blair es la que resulta en manos de los emires en Abu Dabi y Dubái.
Resulta que uno de los países infiltrados es Colombia. Así lo denunció el periodista Sergio Held, quien descubrió el contrato “estrictamente privado y confidencial” firmado en meses previos a la elección presidencial entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Tony Blair Associates (TBA). TBA recibió oficinas, equipos, transporte, hotelería de lujo y acceso a la información del DNP a cambio de proporcionar “asistencia técnica en materia de regalías y comunicación con mandatarios territoriales”. El gobierno colombiano tenía conocimiento de que el financiamiento del contrato, que supuestamente no resultaba oneroso para nuestro país, era financiado por los Emiratos Árabes. ¿Envía un país a un contratista a otras tierras a cambio de nada?
Aunque la presencia de Tony Blair en Colombia estaba financiada por los árabes, los servicios prestados por su oficina eran también para el gobierno de su buen amigo Juan Manuel Santos. ¡TBA no sólo aprovechó su presencia en Bogotá para ayudar con las regalías y la comunicación con los gobiernos territoriales, sino que aportó con asesores para “hacer contrapeso a los contradictores políticos” y “aprovechar aliados políticos” en plena época de campaña! Es decir, la campaña de reelección de Juan Manuel Santos fue planeada, al menos en parte, por asesores extranjeros desde las oficinas del DNP, que mientras tanto pasaban información nacional a los Emiratos Árabes.
El mismo Tony Blair estuvo por esa época en Colombia dando su aprobación al mal llamado proceso de paz de Santos, sin que se nos advirtiera a los ciudadanos que se trataba de un contratista del gobierno nacional. ¿Similar a la “movilización ciudadana” de Antanas Mockus?
Aunque estas son las revelaciones más impactantes, y a pesar de que aún siguen sin resolver algunas cuestiones, por ejemplo, quién financió la fracasada “cumbre de la Tercera Vía” con Blair, Clinton, y Felipe González, entre otros; el asunto es complejo y no es posible tratarlo en un solo artículo. En los siguientes links se encuentran las investigaciones en las que es posible obtener más información:
El segundo tema, mucho más grave que el anterior en mi humilde opinión, es la implantación de un sistema de voto electrónico viciado en Colombia, que inició en algunas regiones del país en las elecciones presidenciales del año pasado.
Desde hace una década se requiere por ley que Colombia avance del voto manual en papel a un voto electrónico en computadores que en teoría blindarían nuestro sistema electoral frente al fraude. Pese a que se han demorado más de diez años implantándolo, existe una comisión conformada por la Registraduría, los ministerios de Hacienda y TIC y el DNP que está llevando a cabo el proceso. Como tecnófilo, la idea del voto electrónico me seduce. Sin embargo la realidad de cómo se implementaría este sistema en Colombia me provoca escalofríos.
Smartmatic es una empresa venezolana que se creó de la nada en 2004 para procesar electrónicamente y contar los votos del fraudulento referendo que ratificó en el poder al difunto Hugo Chávez. La compañía, parte de la cual es de propiedad de la dictadura vecina, ha participado desde entonces en numerosas elecciones en varios países.
En los Estados Unidos realizaron las elecciones locales de Chicago en 2006, en las cuales salió cuestionada por irregularidades, mal funcionamiento de las máquinas y deficiencias en la transmisión de datos. Desde entonces su participación nunca ha quedado exenta de cuestionamientos en los países en los que se han usado sus servicios: Filipinas, Bélgica y Brasil por ejemplo. En los casos de elecciones realizadas por esta empresa en América Latina, como Ecuador y Bolivia, resulta por lo menos curioso que los resultados reportados casi siempre favorecen a los aliados del chavismo (aunque generalmente otorgan “premios minoritarios” a las fuerzas de oposición como para que no se levante mucha sospecha).
Smartmatic es una ficha clave en el enmascaramiento de regímenes dictatoriales en América Latina, dando la apariencia de elecciones libres y transparentes.
Varias democracias con altos índices de transparencia electoral, entre ellas Alemania, han rechazado el uso del voto electrónico por considerarlo poco transparente. Los Países Bajos tuvieron voto electrónico hasta 2007, pero regresaron al papel por el mismo inconveniente.
Existen varias empresas dedicadas al voto electrónico que lo podrían implementar en Colombia, pero la comisión que he mencionado previamente ha determinado como condición esencial que se incorpore un mecanismo de reconocimiento de huellas dactilares en el sistema. Tal mecanismo únicamente lo posee Smartmatic, y es nada menos que las famosas “máquinas captahuellas” que son utilizadas por el régimen venezolano para identificar a los votantes y que generan tantas sospechas entre la oposición de ese país. También es conocido públicamente el lobby que la empresa Smartmatic realiza constantemente en la Registraduría colombiana, y que se hicieron pruebas con los sistemas de Smartmatic en algunos puestos de votación en las elecciones de 2014.
En conclusión, el proceso de implementación del voto electrónico en Colombia está dirigido de tal manera que la voluntad del pueblo colombiano sea entregada a una compañía que en parte es propiedad del régimen venezolano. ¡Guerra avisada no mata soldado!
Autor: José Miguel Arias
Dario Lopez Garcia
hay están pintadas estas ratas de gobierno que tenemos , de verdad que es escalofriante
pero ante quien hace uno estas denuncias si el gobierno y el fiscal son arte y parte? EXPLIQUENME POR FAVOR.
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