Opinión

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Si fuera puramente estructural, la reforma tributaria podría ser buena; pero, urgido como está de recaudar cerca de $ 8 billones, el gobierno corre el riesgo de obtener solo algún dinerillo, digamos dos puntos IVA y una ligera ampliación de la base de las personas naturales, dejando en el alambrado buena parte de aquellos cambios que apuntan al establecimiento de un régimen tributario más eficiente y neutral, libre de todas las gabelas que lo adornan como árbol de navidad.

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Si fuera puramente estructural, la reforma tributaria podría ser buena; pero, urgido como está de recaudar cerca de $ 8 billones, el gobierno corre el riesgo de obtener solo algún dinerillo, digamos dos puntos IVA y una ligera ampliación de la base de las personas naturales, dejando en el alambrado buena parte de aquellos cambios que apuntan al establecimiento de un régimen tributario más eficiente y neutral, libre de todas las gabelas que lo adornan como árbol de navidad.

Ya el Ministro de Hacienda admitió que de no aprobarse la reforma se tendría que hacer un recorte del gasto público de 30 billones en los próximos 3 años. Aunque el Ministro lo dijo con un aire de tragedia, se trata de una excelente noticia que debería estar acompañada de una propuesta concreta y de aplicación inmediata. Podría, por ejemplo, adicionarse a la reforma un artículo que autorizara al Presidente para suprimir y fusionar entidades del nivel central y recortar los gastos de funcionamiento de todas las demás con la meta reducir en $ 4,5 billones el presupuesto general de la Nación de 2017.  Esto podría hacerse con la asesoría de la comisión de estudio del gasto que se propone crear en el artículo 310 del proyecto de reforma, en un reconocimiento palmario del gasto excesivo y mal orientado.

La comisión se instalaría el primero de enero y tendría un plazo de dos meses para rendir su informe. Un mes después el Presidente expediría los decretos respectivos y se retomaría el camino perdido de la austeridad y la responsabilidad fiscal. Para los demás aspectos de ordenamiento, eficiencia y priorización del gasto, la comisión tendría un plazo mayor. Si en 2011 pudo el gobierno en un par de meses resucitar tres ministerios y crear una veintena de “agencias” paralelas, bien podría hacerlas desaparecer en ese mismo lapso. Buena parte de las funciones de esas “agencias” pueden ser asumidas por los ministerios.

Esto le daría a la reforma la legitimidad social y política de la que carece y al ejecutivo la independencia y autoridad requerida para enfrentar a lobistas y congresistas fletados encargados de mantener las gabelas de que disfrutan algunos sectores de la actividad económica.  Los mercados, las calificadoras de riesgo, los empresarios nacionales y los inversionistas verían con buenos ojos una reforma que, liberada de su propósito alcabalero, sería, ahí sí, verdaderamente estructural.

Pero realmente ni sería necesario convocar esa comisión para hacer propuestas sobre el gasto. En 2007, el entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga convocó una Comisión Independiente de Gasto Público, encabezada por el exministro Rodrigo Botero y de la que hicieron parte Armando Montenegro, Alejandro Gaviria, Gabriel Rosas y  Mauricio Cárdenas. Dicha comisión hizo una serie de recomendaciones que fueron desatendidas en su casi totalidad, pero que no es ocioso recordar porque siguen siendo pertinentes en la coyuntura actual.

Propuso en su informe la comisión un recorte inmediato del presupuesto de la Nación de $ 1,5 billones. Este recorte era equivalente a un 1,2% del presupuesto de 2008, lo que aplicado al presupuesto de 2017 arrojaría un recorte de $ 2,7 billones. Se propuso también la venta de la participación de la Nación en ISA y la venta de las acciones en ISAGEN, CORELCA y URRÁ. Con estas enajenaciones se esperaba recaudar poco más de $ 7 billones, que debían destinarse, a juicio de los expertos, a la reducción de la deuda pública. Como se sabe, el gobierno actual vendió su participación en ISAGEN destinando los recursos a la financiación de carreteras, no a la reducción de la deuda.

Hay otra serie de propuestas que el Ministro Cárdenas, coautor del informe,  haría bien en repasar. Le convendría también recordar la perentoria exhortación que encabezaba el informe: “Se le recomienda al Gobierno que haga un esfuerzo de ahorro”. ¿Por qué no hacer, doctor Cárdenas, como ministro, lo que antes recomendaba como experto consejero?

Un recorte inmediato de 2% del presupuesto de nacional arrojaría un ahorro de $ 4,5 billones. La venta de las acciones de ISA, cuya pertenencia a la Nación carece de toda justificación como bien lo sabe el Ministro Cárdenas, aportaría recursos frescos por más de $ 5.6 billones, cifra que resulta de multiplicar 569.472.561 acciones por su precio de mercado de $ 9.900 por acción. Empresas como EPM,  EEB y muchas otras más se disputarían ferozmente tan suculento bocado.

Esos recursos, que sumados ascienden a $ 10,1 billones, superarían con creces lo que se busca recaudar con la reforma tributaria en el primer año. Para más adelante, por lo menos en el presupuesto de 2018 que corresponde al actual gobierno presentar, debería hacerse que los gastos crecieran por debajo de la inflación destinando el exceso que resulte sobre los ingresos corrientes a la reducción de la deuda;  ingresos estos que deben incrementarse si, como pretende el Gobierno, la reforma reactiva la economía. Es claro pues que no es necesario ningún aumento de los impuestos,  para ello basta con que el Ministro Cárdenas beba un poco de su propia medicina.